Foto: Suministrada / Paz Estéreo

En Audiencia Pública para las “Consultas populares frente a proyectos minero-energéticos” participó el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo  y contó además con la presencia de congresistas, representantes a la cámara y delegados del comité ambiental en Ibagué, movimientos sociales y delegaciones de los municipios de Piedras y Cajamarca.

Los congresistas asistentes a la Audiencia Pública realizada en el auditorio Alfonso López Pumarejo este miércoles  fueron el Senador Alberto Castilla, Iván Cepeda, Guillermo Santos Marín, Jorge Prieto, Representante a la cámara Angélica María Lozano, Luciano Grisales y Ángel María Gaitán.

Durante las intervenciones los participantes dieron a conocer el marco legal que sustenta y da validez de las consultas populares. Entre el soporte jurídico   expuesto se encuentra la Constitución Política de 1991-que en sus artículos 311 y 313 en el parágrafo 7 que permite a los alcaldes adelantar consultas-; las sentencias C-150, C-035 y la C-123 de 2014 de la Corte Constitucional; la Ley 1757 de 2015 que dicta disposiciones y regula este mecanismo de participación ciudadana; y la sentencia C-273 de 2016 que declaró inconstitucional el artículo 37 del Código de Minas.

Teniendo en cuenta el respaldo jurídico que tienen los territorios para adelantar consultas populares, los congresistas asistentes manifestaron su total respaldo a la iniciativa de Consulta Popular en Ibagué y exaltaron el trabajo de comunidades como la de Piedras, que se convirtió en referente nacional en 2013 tras adelantar con éxito el proceso de consulta popular minera.

El mandatario en su discurso resaltó la valentía que tuvieron los concejales con la iniciativa de adelantar una consulta popular minera en la ciudad, además destacó el compromiso de los congresistas con Ibagué al aceptar la invitación.

“Existe un grupo de congresistas que va a impedir que haber actos en contra de la autonomía de los territorios, como el famoso art 37 del código minero donde se le quitó todo tipo de autoridad a los entes territoriales para pronunciarse sobre el uso de suelo en sus regiones”.

El burgomaestre destacó el trabajo que ha venido realizando el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, que tras varios años de lucha logró una de las movilizaciones sociales más grandes del país, el pasado cinco de junio en la 8 Marcha Carnaval.


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