Un tribunal federal de apelaciones dijo que las polémicas acciones ejecutivas del presidente Barack Obama sobre la inmigración —que tienen el objetivo de reducir las amenazas de deportación para millones de inmigrantes indocumentados— deben permanecer bloqueadas.

El lunes en la noche, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito emitió un fallo 2-1 respecto a que un tribunal inferior no “abusó de su discreción” cuando dijo que quienes desafiaban la ley probablemente iban a tener éxito en su afirmación de que los programas eran ilegales porque no cumplían con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), una ley que determina cómo las agencias federales pueden establecer regulaciones.

El fallo es una derrota para el presidente, quien hizo de la reforma inmigratoria una iniciativa clave para su segundo mandato. Se espera que el gobierno apele la decisión frente a un panel más grande de jueces en el tribunal de apelaciones o, más probablemente, directamente ante la Corte Suprema.

Bajo circunstancias normales, para que la Corte Suprema escuche el caso en este mandato, las instrucciones tendrían que ser completadas para mediados de invierno.

Texas y otros 25 estados habían desafiado la autoridad del presidente para poner en marcha los programas.

“Las familias de inmigrantes y sus hijos estadounidenses han estado esperando con ansias que el Quinto Circuito emita un fallo”, dijo Karen Tumlin del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. “Instamos al Departamento de Justicia a que le pida inmediatamente a la Corte Suprema que revise esta decisión errónea”.

El portavoz del Departamento de Justicia, Patrick Rodenbush, habló en contra del fallo.

“El Departamento de Justicia está en desacuerdo con el fallo contrario del Quinto Circuito sobre la apelación de la orden preliminar del tribunal”, dijo.

“El Departamento está comprometido con dar pasos que resuelvan el litigio de la inmigración tan rápido como sea posible, para permitirle al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que traiga una mayor rendición de cuentas a nuestro sistema de inmigración al priorizar la deportación de los peores agresores, no de las personas que tienen vínculos prolongados con Estados Unidos y que están criando hijos estadounidenses”.

Detalles del fallo

La opinión de 70 páginas fue redactada por el juez Jerry E. Smith, quien fue designado por Ronald Reagan, junto a la jueza Jennifer Elrod, nombrada por George W. Bush.

Smith escribió lo siguiente: “Al revisar la orden del tribunal de distrito sobre el abuso de discreción, afirmamos la orden preliminar porque los estados tienen una posición, ellos han establecido una probabilidad sustancial de éxito sobre los méritos de sus afirmaciones de procedimiento y sustanciales de la APA y han satisfecho los otros elementos requeridos para esta orden”.

Texas, Ken Paxton, elogió el fallo.

“Hoy, el Quinto Circuito aseveró que la separación de poderes sigue siendo la ley del país, y el presidente debe seguir el estado de derecho, al igual que todos los demás”, dijo en una declaración.

“A lo largo de este proceso, el gobierno de Obama agresivamente ha hecho caso omiso de los límites constitucionales sobre el poder ejecutivo, y Texas, liderando a 26 estados, ha asegurado una victoria importante para ponerle límite al desorden del presidente”.

El plan del presidente

Obama dio a conocer las nuevas políticas ante gran fanfarria en noviembre del año pasado, con el objetivo de conseguir recursos del gobierno y objetivos de seguridad pública avanzada y de seguridad nacional.

Como parte del lanzamiento, el gobierno estableció un proceso —llamado Acción Diferida para Padres de Ciudadanos o Residentes Permanentes (DAPA)— para permitir que más o menos 4,3 millones de inmigrantes indocumentados que de otra forma enfrentarían la deportación sean elegibles para obtener autorización de trabajo y otros beneficios relacionados.

Las acciones ejecutivas también ampliaron la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un programa que permite que quienes no son ciudadanos y fueron traídos al país cuando eran niños, puedan solicitar autorización de trabajo y estén protegidos de la deportación durante tres años.

Antes de que estuviera previsto que estos programas entraran en vigor, fueron desafiados por Texas y otros 25 estados. Los gobernadores republicanos argumentaron que las acciones unilaterales no eran constitucionales, y que el gobierno también había violado la APA.

Los abogados del Departamento de Justicia respondieron al afirmar que las acciones eran legales y un “ejercicio por excelencia de la facultad discrecional” y no están sujetas a la revisión judicial. Ellos argumentaron que Texas carecía de la agravación legal —o “posición”— necesaria para presentar el desafío.

Carolyn D. King, nombrada como jueza por Jimmy Carter, escribió la disensión.

“Puede haber pocas dudas de que las elecciones del Congreso en cuanto al nivel de financiamiento para la aplicación de la inmigración han dejado al DHS con difíciles decisiones de priorización”, escribió.

Sin embargo, dijo que “los tribunales federales no deberían involucrarse en los asuntos de la facultad discrecional”. Ella también criticó a la mayoría por tardarse tanto en emitir su opinión. “No existe justificación para ese retraso”, dijo.

Elizabeth Wydra, consejera principal del Constitutional Accountability Center, presentó un informe en nombre de un grupo bipartidista de exmienbros del Congreso en apoyo al gobierno.

“La mayoría del Quinto Circuito malinterpreta la discreción dada al ejecutivo bajo la ley existente de inmigración que la misma Corte Suprema ha reconocido de forma explícita”, dijo.

 

CNN 

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