Ilustración Paz Estéreo

El desfalco de los juegos nacionales es una herida profunda en la economía ibaguereña que pareciera estar lejos de sanar, investigaciones, procesos, acusados y acusaciones, que irremediablemente siguen sin arrojar resultados contundentes sobre los culpables, pues los escenarios deportivos siguen en el abandono, y el dinero parece esfumarse cada vez más, para su recuperación.

Pero eso no es todo, en las últimas horas se conoció por parte de la Contraloría General la cifra de los hallazgos fiscales que ahondan más la herida de este histórico desfalco.

En auditoria a COLDEPORTES se establecieron 12 hallazgos fiscales por $48.697 millones, de los cuales $45.238 millones corresponden a Ibagué, es así como se habrían perdido $11.474 millones por obras inconclusas del edificio de artes marciales, de esta suma, $1.464 millones corresponden a recursos del Sistema General de Participaciones –SGP manejados por el municipio de Ibagué, en actuación adicional, se encontró ademas que por resultado de un control, el organismo encontró 2 hallazgos fiscales por $6.187 millones al revisar contrato de diseños para los escenarios de Juegos Nacionales en Ibagué.

La Contraloría General además estableció hallazgos fiscales por más de $66 mil millones de pesos con motivo de las graves irregularidades que detectó en la ejecución de los contratos de diseño y de obra de los Juegos Nacionales, que tuvieron como sede al Departamento del Tolima y particularmente a Ibagué, donde se ubican $62.899 millones de estos hallazgos dejando las obras inconclusas y abandonadas, el  Contralor Edgardo Maya dio traslado de estos hallazgos, para las respectivas actuaciones penal y disciplinaria, al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira y la Procuradora General de la Nación (E), Martha Isabel Castañeda, con un monto de más $13 mil millones, por ser de su competencia, a la Contraloría Municipal de Ibagué y a la Contraloría Departamental del Tolima.

Dentro de los hallazgos se determinó que el escenario más crítico es el Parque Deportivo de Ibagué: un monumento al abandono, que quedó inconcluso y donde las pocas obras construidas, todas en estructuras metálicas, no sirven.

Por tal razón la Contraloría detallo un resumen preocupante en el cual da cuenta del poder y la fuerza de la corrupción que actuó en este penoso y lamentable desfalco, por no considerarlo un saqueo al patrimonio ibaguereño.

Parque Deportivo

La ilusión de los ibaguereños de tener un moderno y bien dotado Parque Deportivo, con los mejores escenarios como sede de las principales disciplinas de los Juegos Nacionales, se quedó solo en eso y en lo que hoy es: un lote de 33 hectáreas, donde solo se ve tierra y una estructura metálica que no sirve y que está prácticamente perdida, no hubo la debida planeación, ni el control y seguimiento que requería la ejecución de los recursos aportados por COLDEPORTES para los Juegos Nacionales en el Departamento del Tolima.

La situación más crítica se dio en Ibagué y particularmente con la construcción de escenarios en el Parque Deportivo, la obra quedó inconclusa, no presta ninguna utilidad pública y, por la gravedad de las deficiencias constructivas, no puede ser utilizada.

En el contrato de esta obra se pactó que la misma se haría íntegramente en concreto, pero al inicio se cambió a estructura metálica, decisión que se tomó sin que existieran estudios previos y sin hacer la modificación contractual correspondiente, Las obras que estaban en ejecución presentan otros problemas constructivos, de soldaduras, acabados y terminados, malas uniones, etc.

Como resultado de la verificación de los contratos de obra e interventoría del Parque Deportivo, se encontraron deficiencias relacionadas con fallas en la planeación, evaluación, control y seguimiento en las etapas precontractual, contractual y post contractual, entre otras:

A pesar de que los convenios interadministrativos suscritos con COLDEPORTES y el Departamento del Tolima establecieron que el Municipio de Ibagué era la entidad territorial ejecutora de las obras, esta obligación fue modificada y sin contar con la autorización de COLDEPORTES y de la Gobernación, se determinó que el ejecutor de las obras sería el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué IMDRI, lo que sucedió igualmente para el caso de los contratos de obra de la Unidad Deportiva de la calle 42 y el estadio Manuel Murillo Toro.

Este instituto descentralizado no tenía la capacidad técnica para asumir esta labor y tampoco para adelantar el seguimiento que requerían los respectivos contratos.

Ibagué, en Juego

$11.474 millones se habrían perdido por obras inconclusas del Edificio de Artes Marciales, revela la Contraloría, de este posible detrimento patrimonial, $1.464 millones corresponden a recursos del Sistema General de Participaciones, SGP Propósito General, indica informe del organismo de control.

Además la obra quedó inconclusa, no presta ninguna utilidad pública y se evidencian graves deficiencias constructivas. Un detrimento patrimonial en cuantía de $11.474 millones de pesos, de los cuales $1.464 millones corresponden a recursos del Sistema General de Participaciones – SGP-Propósito General, encontró la Contraloría General de la República al verificar las irregularidades denunciadas en la construcción del edificio de artes marciales, en Ibagué, uno los escenarios deportivos de los XX Juegos Deportivos Nacionales que nunca se pusieron en servicio.

El 11 de marzo de 2015, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué- IMDRI, suscribió el contrato de obra No 074, con el Consorcio Escenarios Unidad Deportiva 2015, con el objeto de realizar “la construcción, adecuación y/o remodelación de los escenarios de las Instalaciones de la Unidad Deportiva de la calle 42 con carrera 5ª, de la ciudad de Ibagué”, por la suma de $ 37.299.884.006, de los cuales $26.016.378.402 corresponden a la construcción del edificio de artes marciales.

Entre las deficiencias detectadas por la Contraloría General de la República en el proyecto de construcción del edificio de artes marciales están las siguientes:

  • No se cumplió con las tolerancias en las estructuras de concreto y existen desviaciones mayores a las admisibles.
  • Se presentan defectos de calidad y estructurales por hormigueros, abombamiento, desplomes y desalineación, de los elementos estructurales como vigas, columnas y placas.
  • No se cumplió con la especificación para concretos a la vista.
  • Se demolieron losas de concreto dejando el acero expuesto y recubriéndolo con mortero, quedando así una no conformidad estructural.
  • No se presentaron ni  ejecutaron  los procesos técnicos adecuados de reparación estructural de los concretos.
  • No se cumplió con el recubrimiento mínimo del acero de refuerzo, en vigas, columnas y placas.
  • No se ejecutaron los ensayos requeridos por interventoría, para evaluar la resistencia real de los concretos, vigas, columnas y placas.
  • No se acataron las observaciones del especialista estructural de interventoría, por el mal uso de cal, en las reparaciones estructurales.
  • Se presentan espacios entre platinas y zapatas, que no permiten el funcionamiento estructural adecuado.
  • La interventoría señaló que no avala las reparaciones estructurales ejecutadas por el contratista a los concretos.

 Los excesos

Inicialmente, la CGR determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal (y disciplinaria), por $5.810 millones, en razón a que la propuesta económica del contratista, que luego se convirtió en el valor del contrato (por $11.499 millones), estableció un factor multiplicador que excedió los criterios establecidos en los pliegos y se aplicó a la totalidad del personal involucrado en la ejecución del contrato, cuando debía ser únicamente para los profesionales.

Otros tres errores provocaron esta inconsistencia: a los gastos de representación se le aplicó un porcentaje del 4% superior al rango de la propuesta; se incluyó en el cálculo la contribución de obra pública; y se tomaron doblemente los costos de legalización del contrato.

Al aplicar un factor multiplicador de 2.60, y no de 2.44 como debió ser, se terminó incluyendo en la propuesta un mayor valor de $1.517 millones, señaló la Contraloría.

Diseño de bolera se pagó y no se entregó

Este hallazgo compromete también los estudios y diseños de una bolera que  finalmente no se hicieron y por tanto no fueron entregados, pero fueron reconocidos y pagados ($227 millones).

Pagos de más por concepto de personal y costos directos

Se pagó además un mayor valor por $3.959 millones por concepto de personal y otros costos directos, al reconocer y pagar $9.872 millones cuando los soportes de ejecución reflejan únicamente $5.913 millones.

Según la CGR, tal situación se dio porque el contratista no cumplió los términos de la propuesta respecto de la forma de ejecución del contrato.

Esto hizo que lo que los costos de ejecución disminuyeran sin que la Administración lo advirtiera y se pronunciara sobre ello, ya que el objeto contractual no se realizó con personal vinculado con carácter exclusivo al proyecto, sino que se contrató con terceros, para que estos adelantaran las actividades propias del objeto contractual.

La Contraloría General con este detallado resumen da cuenta del fatídico detrimento que tiene a Ibagué en estado de coma, con una de las heridas más profundas que le haya causado la corrupción.

Amanecerá y veremos.


Redacción: Cristian Camilo Cuellar Trujillo-Cifras: Contraloria General de la República