El caso se inició en julio del 2018. En octubre del año pasado se hizo indagatoria.
Soborno y fraude procesal. Esos fueron los delitos por los que el 24 de julio del 2018 la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez considerando que habría evidencias de que el expresidente y hoy senador, presuntamente estaba intentando convencer a testigos para que se retractaran de las afirmaciones en su contra y en las que lo involucraban con grupos paramilitares.
En esa época el entonces magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema, llamó a indagatoria a Uribe, abriendo formalmente un proceso penal en su contra y decretando varias pruebas. Ese día el mismo Uribe aseguró que renunciaría al Senado para adelantar su defensa.
"Me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo, adelantar mi defensa. Por lo anterior renuncio al Senado de la República y pido se me acepte la renuncia", afirmó Uribe.
Pero la renuncia no se hizo efectiva y, días después, Uribe señaló que había reconsiderado la decisión. "He pedido al senador Ernesto Macías, Presidente de la Corporación, que retenga sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria".
Desde entonces, varias situaciones han ocurrido hasta este martes, en el que se conoce que la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala de Instrucción, resolvió la situación jurídica de Uribe y ordenó la detención domiciliaria en su contra. Así, el alto tribunal decidió seguir la investigación contra el senador del Centro Democrático, del que más adelante tendrá que definir si lo llama o no a juicio.
La apertura de una investigación contra Uribe en el 2018 coincidió con la entrada en vigencia de la ley de doble instancia para aforados que cambió el mecanismo de investigación y juzgamiento que tenía la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala Penal.
Con esa ley del 2018 (que no es retroactiva, es decir, no cobija casos anteriores a ese año) se crearon dos nuevas salas en la Corte Suprema: la de Instrucción, que se encarga de llevar las investigaciones, y la de Juzgamiento en Primera Instancia, que se encarga de desarrollar los juicios. Así, la antigua Sala Penal quedó encargada de discutir la segunda instancia, en los casos en los que la de Primera emitiera una condena
Por eso el expediente contra Uribe pasó el 2 de noviembre del 2018 a la nueva Sala Especial de Instrucción, concretamente a las manos de la magistrada Cristina Lombana Velásquez.
El siete de febrero del 2019 la Corte admitió que el senador Iván Cepeda se constituyera como parte civil en este caso contra Uribe, ya que la supuesta manipulación de testigos de la que la Corte señala al expresidente se habría gestado inicialmente en un supuesto plan para desprestigiar al senador del Polo Democrático.
La razón por la que la Corte admitió a Cepeda como parte civil se remonta a otro hecho que sucedió el 2018. Al evaluar una denuncia del mismo Uribe, el 16 de febrero de ese año la Corte consideró que Cepeda nunca presionó testigos y que no había estado en cárceles supuestamente ofreciendo beneficios para que presos declararan contra Uribe. La Corte consideró que había indicios de que el expresidente supuestamente estaba intentando cambiar testimonios. Ante esa situación la Corte archivó el proceso contra Cepeda y compulsó copias contra Uribe. Ese caso sigue en indagación preliminar.
Fue después de estos hechos que la Corte se encontró con una nueva situación en la que presuntamente el senador Uribe estaba intentando manipular nuevos testimonios, esta vez el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve a través del polémico abogado Diego Cadena.
Monsalve ha relacionado en diferentes oportunidades a Uribe con la creación y promoción del Bloque Metro, grupo que según el exparamilitar nació en la hacienda Guacharacas, en Antioquia, de propiedad de la familia de Uribe. La relación de Monsalve con Uribe Vélez se remonta hasta 1986, año en el que su padre, Óscar Monsalve, empezó a trabajar como administrador de la finca Guacharacas.
Por eso la Corte encontró en su momento que "como reacción a esa providencia judicial (en la que la Corte archiva el caso contra Cepeda, y compulsa copias contra Uribe) y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos", afirmó la Corte. Así fue como se le abrió el 24 de julio del 2018 la investigación por soborno y fraude procesal. También se abrió un proceso contra el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada.
En esa investigación la Corte ordenó interceptaciones telefónicas. Tras un proceso de inteligencia el alto tribunal encontró que supuestamente el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada Artunduaga estaba haciendo el enlace para llegar a Monsalve y supuestamente, torcer sus declaraciones contra Uribe.
En esas interceptaciones se escucha al abogado Diego Javier Cadena, cercano a Uribe. También se escucha a la exfiscal Hilda Janeth Niño Farfán (investigada por intentar favorecer a exparamilitares).
Lo que ha dicho la defensa del expresidente
Para febrero del 2019, la investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos seguía en el despacho de la magistrada Cristina Lombana. Así, el 18 de febrero la Sala Especial de Instrucción, incluyendo a Lombana, negó la petición que Uribe había hecho para anular su proceso considerando que todas las decisiones que tomaron los primeros magistrados que lo llamaron a indagatoria, es decir Barceló y otros dos magistrados de la Sala Penal, estuvieron cobijadas por la Constitución.
En ese momento, los nuevos investigadores de Uribe -incluyendo a Lombana- determinaron que las pruebas que los anteriores magistrados habían ordenado practicar en el caso de Uribe fueron legales, y que en el proceso no hubo arbitrariedad, ni extralimitación por parte del magistrado Barceló, cuando abrió la investigación.
Uribe había pedido anular su investigación porque, entre otras cosas, en septiembre del 2018 se conoció que la Corte había interceptado supuestamente por error su teléfono en medio del proceso que se lleva contra el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba.
Así, según dijo la Corte en su momento, en el expediente de Córdoba aparecía como número de contacto el de Álvaro Uribe Vélez situación por la que, afirmó el alto tribunal, se había ordenado escuchar las llamadas de esa línea celular sin saber que realmente pertenecía a Uribe.
Ese hecho llevó a que, incluso, el relator de Naciones Unidas sobre la Independencia e Imparcialidad Judicial le pidiera explicaciones a la Corte Suprema colombiana y a que se abriera una indagación preliminar contra el magistrado José Luis Barceló, quien ordenó la interceptación, en la Comisión de Acusación.
En su momento, Uribe también dijo que se le había vulnerado el debido proceso y que en la investigación en su contra faltó imparcialidad por parte de los magistrados que la iniciaron. El expresidente, además, ha negado cualquier vínculo con el paramilitarismo, y ha insistido en que es Iván Cepeda quien supuestamente ha fabricado testimonios en su contra.
Uribe también ha dicho que Juan Guillermo Monsalve no es un testigo creíble, pues entre otras cosas ha hecho parte de grupos ilegales y fue condenado a 40 años e prisión por concierto para delinquir, secuestro y porte ilegal de armas.
La defensa del expresidente también asegura que el testimonio de Monsalve es falso y que ha sido el exparamilitar quien ha enviado mensajes a través de diferentes personas para informarle a Uribe que supuestamente quería retractarse de los señalamientos que había hecho en su contra. La defensa también afirma que es por esto que el abogado Diego Cadena visita a Monsalve en prisión, pero que en la cárcel supuestamente el exparamilitar tenía montada una celada con grabadoras ocultas "para manipular el contenido de la reunión".
Ante la Corte Suprema de Justicia, y a través de su defensa encabezada por el abogado Jaime Granados, Uribe había dicho que no se cumplen los requisitos para ordenar una medida de aseguramiento. También le habían pedido al alto tribunal que si ordenaba una medida de este tipo, no fuera restrictiva de su libertad, petición que rechazó el alto tribunal.
Los abogados de Uribe también han dicho que en el caso no se encontraron indicios graves en ninguno de los seis eventos que se relacionan en el expediente, ni de que Uribe estuviera al tanto de lo que hacía Diego Cadena, quien era su abogado y fue imputado por supuestamente intentar comprar testimonios para favorecer al expresidente.
Uribe también ha afirmado que no conocía que Cadena les hubiera ofrecido pagos o ayuda a testigos. Esa versión ha sido replicada por Cadena, quien ha dicho que Uribe no tenía conocimiento de lo que él llama ayudas humanitarias, y no sobornos, para los exparamilitares con los que habló.
El caso de Uribe estuvo en manos de tres magistrados
Aunque Uribe pidió anular el proceso en febrero del 2019, la nueva Sala de Instrucción dijo que en el caso nunca hubo ninguna arbitrariedad y dejó en firme la investigación.
Luego, el primero de abril del año pasado el senador Iván Cepeda, que ya era parte civil en el caso, recusó a la magistrada Cristina Lombana, afirmando que debía apartarse del caso porque hace años había trabajado en un corto periodo de tiempo en la oficina de Jaime Granados (abogado de Uribe) y porque era militar activa, lo que a juicio de Cepeda podía poner en duda su imparcialidad en el caso.
Aunque la magistrada Lombana no aceptó la recusación, el 10 de mayo del 2019 la Sala Especial de Instrucción avaló la petición de Cepeda y la apartó del caso, considerando que como era jueza penal militar, y estaba activa en la Fuerza Pública, se podía poner en duda su independencia para fallar. Esos cuestionamientos llevaron a que Lombana pidiera la baja al Ejército en junio, pero las investigaciones contra Uribe nunca volvieron a su despacho.
Como Lombana quedó por fuera del caso, la Sala Especial de Instrucción ordenó pasar el proceso al despacho del magistrado que siguiera en turno. Esta fue la segunda vez que el caso cambió de magistrado.
Así fue como el 20 de mayo del año pasado la investigación contra Uribe quedó en manos del magistrado César Augusto Reyes Medina, quien se convirtió en el tercer magistrado en llevar el proceso. Reyes Medina también quedó a cargo de la indagación preliminar contra Uribe por supuestamente intentar influir en testigos para desprestigiar a Iván Cepeda.
Tras tener el proceso, revisar las pruebas, citar a más de 40 testigos, el magistrado confirmó la decisión de citar a indagatoria a Uribe, diligencia que se desarrolló en octubre del año pasado. En esa época también estuvo en indagatoria Álvaro Hernán Prada.
Por el momento, este caso por presunta manipulación de testigos es el único de los más de 14 procesos que tiene Álvaro Uribe en la Corte Suprema que avanza a una etapa en la que se define su situación jurídica, pues los otros procesos se encuentran en una etapa preliminar.
JUSTICIA
Tomado del diario EL TIEMPO
