Las declaraciones del excomandante del Ejército colombiano ante la Jurisdicción Especial para la Paz reflejan escasa o nula voluntad de colaborar con la justicia
El tribunal de paz de Colombia afrontó la semana pasada uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país. La investigación de las ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por las Fuerzas Armadas es una pieza fundamental en el camino a la reconciliación y la reparación a miles de víctimas. Sin embargo, la comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Mario Montoya, comandante del Ejército durante la etapa en que se registraron más asesinatos, conocidos como falsos positivos, supuso una afrenta tanto al espíritu de la JEP como a los familiares de las víctimas.
El general fue entre 2006 y 2008 uno de los máximos responsables de la aplicación de una política de mejora de resultados que, según datos de la Fiscalía, provocó en su conjunto la muerte de al menos 2.248 personas no involucradas en el conflicto armado y presentadas después como guerrilleros caídos en combate. Un sistema perverso de incentivos que se intensificó durante los mandatos del expresidente Álvaro Uribe: entre 2002 y 2008 se dieron más del 97% de los casos probados.
La dimensión del fenómeno ayuda a entender su importancia para restaurar las premisas de la convivencia después de más de medio siglo de guerra entre el Estado y las FARC. Pero la declaración del general Montoya ante el tribunal no solo se centró en negar responsabilidades, sino que fue recibida por los familiares de los fallecidos como un ultraje.
El antiguo jefe del Ejército mantuvo que se limitó a exigir “resultados operacionales” y que no existen pruebas de que ordenara o estuviera al tanto de ejecuciones extrajudiciales. Una de las respuestas fue especialmente indignante. Al ser preguntado sobre cómo evitar que se repitan asesinatos de civiles, se escudó en la extracción social de los soldados y se quejó de su falta de formación. “Son los de abajo”, zanjó delante de 47 víctimas.
Esa actitud lleva a cuestionar su compromiso con dos de los principios básicos del tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto. Esto es, la voluntad de aportar información que ayude a esclarecer la verdad y reparar a los familiares, empezando por mostrar arrepentimiento. La JEP es una jurisdicción nacida de los acuerdos de paz con las FARC y uno de sus propósitos es establecer penas alternativas a la prisión a cambio del reconocimiento de algún tipo de responsabilidad. Montoya evitó hacerlo, al contrario de lo que hicieron otros mandos de las Fuerzas Armadas. Ello le valió los elogios del expresidente Uribe, que lo ensalzó como “héroe de la patria”.
Sus palabras, sin embargo, reflejan escasa o nula voluntad de colaborar con la justicia y contribuir a cerrar heridas. Se trata de un comportamiento que se aleja de la filosofía de la JEP y que, si Mario Montoya no demuestra disposición sincera de trabajar con los jueces, justifica su exclusión de ese tribunal y su traslado a la justicia ordinaria. Lo solicitaron algunas asociaciones de víctimas y ya hay precedentes: ha ocurrido en otros siete casos desde que esa jurisdicción echó a andar en julio de 2018. Los afectados se exponen ahora a severas penas de prisión si son declarados culpables.
Tomado de portal del diario EL PAÍS (ES)
