El acto legislativo que prohíbe que los delitos sexuales y el narcotráfico tengan conexidad con el delito político también está a punto de hundirse. Discusión de las objeciones a la JEP retrasó todo.
Terminado el agite en el Congreso por cuenta de las discusiones al Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobado la semana pasada, y las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya última palabra tendrá la Corte Constitucional, los esfuerzos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, se concentran ahora en sacar adelante una serie de reformas que ya caminan al borde del abismo: la de la justicia, a la política y la que prohíbe que los delitos sexuales sean considerados conexos al delito político.
Además, hay otras iniciativas de bajo perfil pero de gran interés para los colombianos, como las anticorrupción, la que busca cambiar el Código de Policía, la que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, la que establece medidas de apoyo y orientación a la mujer durante el embarazo para prevenir el abandono de menores o la que eleva las penas a quienes cometan delitos contra la Fuerza Pública. Incluso, hay dos proyectos que, teniendo en cuenta la aguda polarización política que vive hoy el país, serían como leña al fuego: uno que apunta a desarrollar el artículo 22 de la Carta Política, atinente al derecho y deber fundamental de la paz, y otro que pretende modificar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.
Como le dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, a El Espectador, el presidente Duque no podía pasar de agache en lo de las objeciones a la estatutaria de la JEP e hizo su tarea, y el PND, el proyecto más importante del semestre se sacó adelante. “Entonces, el Gobierno se da por satisfecho con ese trámite del Plan Nacional de Desarrollo. Y los otros proyectos, si hay voluntad del Congreso pueden sacarse adelante (…) las comisiones siguen funcionando y nosotros esperamos que los proyectos anticorrupción y los actos legislativos puedan terminar satisfactoriamente de aquí al 20 de julio”, dijo.
El lío es que además del escaso tiempo —seis semanas—, el debate de las objeciones dejó un ambiente pesado entre las bancadas afines al Gobierno y la oposición. De hecho, senadores como Roy Barreras, del Partido de la U, cree que las reformas política, a la justicia y la de la conexidad de los delitos sexuales y el narcotráfico con el delito político ya están hundidas, todo por culpa del partido del presidente Duque, el Centro Democrático, que prefirió romper el quorum y dilatar la discusión en torno a la estatutaria de la JEP. “Este gobierno ha perdido el juicio y la razón, están hundiendo sus propios proyectos bandera (…) se están suicidando, autocastigando, no saben para dónde van”, señaló.
Y hasta el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder natural de Cambio Radical, en su columna de fin de semana en El Tiempo, expresó su punto de vista: “Que yo recuerde, ningún gobierno había dejado pasar su luna de miel sin emplear su capital político en el impulso legislativo de su agenda. El balance no puede ser más catastrófico. No hay orientación, no hay interlocutores, no hay ministros al frente de los debates. La improvisación, la política al detal, las agendas personales de cada quien están impidiendo la aprobación de los grandes proyectos transformadores que necesita el país. En este ambiente, donde todo se reduce a pulsos políticos, las inaplazables reformas de la justicia, la salud, las pensiones, entre muchas otras, no tienen ninguna posibilidad de ser tramitadas”, escribió.
Al final, como siempre, queda el camino de llamar a sesiones extraordinarias al Congreso. Al menos así lo reconoce Ernesto Macías, presidente del Senado: “Aún no se pueden identificar los proyectos. Le dije eso al presidente porque algunos han criticado que no vamos a alcanzar a terminar la agenda, pero yo sí creo que los tiempos nos dan. Sin embargo, queda mes y medio y en junio analizaremos e identificaremos proyectos, en caso de que sea necesario llamar a extras”. Aunque hay que tener en cuenta un detalle: los actos legislativos, es decir las reformas constitucionales, no pueden ser tramitadas con ese mecanismo.
Tomado del portal del diario El Espectador
