Presidente, ministro y autoridades firman pacto en Medellín. 700.000 millones, en primera fase.
Como la fórmula para sanear las diferencias históricas en las deudas entre pagadores y acreedores en el sector de la salud, la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud dan a conocer esta mañana en Medellín las bases del llamado acuerdo de punto final, que pretende aclarar y pagar, de una vez por todas, cerca de 7 billones de pesos que han sido reconocidos en este proceso.
Se trata de una promesa de campaña que, de acuerdo con la viceministra de Salud, Diana Cárdenas, ha sido desde el primer día del actual del Gobierno una prioridad tanto en su diseño, como en la búsqueda de su financiación que hoy se ha convertido en realidad.
Para este fin, el Gobierno Nacional, las EPS, las entidades territoriales y todos los prestadores han tenido que unificar sus cuentas para saber con certeza inicialmente a cuánto ascienden las deudas por servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir beneficios no financiados con la prima que reconoce el sistema por la salud de cada colombiano.
El objetivo del acuerdo, según explicó el ministro Juan Pablo Uribe, es preservar la sostenibilidad financiera del sistema como vía para garantizar el derecho fundamental a la salud en el mediano y largo plazo, por medio de una inyección de recursos a través de la aclaración de las deudas acumuladas por este concepto (pago de servicios no financiados por la UPC).
Y en ese sentido la primera fase del acuerdo contempla un desembolso de más de 514.000 millones de pesos orientados específicamente a sanear deudas acumuladas -generadas entre otras por la desaparecida Caprecom- en el régimen subsidiado que favorecerán a hospitales públicos, principalmente. Además, se destinarán 222.000 millones de pesos al reconocimiento de glosas transversales por parte de la Adres.
Para entender las deudas
Para entender por qué se han acumulado las deudas primero hay que saber que los servicios de salud a los que tienen derecho los colombianos se financian de dos maneras. La primera corresponde a los que están cubiertos en el Plan de Beneficios (PBS o antiguo POS), que se financian con la UPC. Estos deben ser pagados a quien los prestó (clínicas, hospitales, laboratorios) por las EPS.
Por otra parte, los servicios que no están incluidos en el Plan de Beneficios (no PBS o antiguo no POS) deben ser pagados en el régimen contributivo por la Nación, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), y en el régimen subsidiado por las entidades territoriales, departamentos y distritos.
El asunto se complica porque los servicios no PBS los tienen que pagar inicialmente las EPS y después recobrárselos a quien corresponda (a la Adres o a las entidades territoriales).
Y en ese proceso de cobros suelen aparecer diferencias entre el valor recobrado y ya pagados por las EPS y el finalmente aprobado por la Adres o por el respectivo pagador (glosas), lo que ha tenido un efecto acumulativo de cuentas que afectan la solidez financiera de aseguradores y prestadores.
Estas diferencias se presentan, entre otras cosas, porque muchas veces no se tiene claridad sobre si los servicios prestados estaban o no incluidos en el PBS (zonas grises), porque no se presentaron los requisitos esenciales para el pago, porque hay interpretaciones distintas en algunas normas o porque simplemente no se cumplenlos plazos para los reconocimientos respectivos.
Por ejemplo: a un ciudadano en medio de su tratamiento se le receta un medicamento de última generación para el tratamiento de un cáncer que no está en el Plan de Beneficios (no PBS). La EPS se lo otorga y le pasa la factura a la Adres, pues el pacientes es del régimen contributivo. Esta entidad revisa la cuenta y considera que el medicamento debió estar cubierto por el PBS o presenta inconsistencias con las facturas y no lo paga. En ese momento la deuda se acumula y entra en litigio. Así ocurrió con miles de medicinas o servicios a lo largo de varios años.
En ese contexto, estos llamados recobros se multiplicaron de manera exponencial al punto que hoy se calcula que en el régimen contributivo (afiliados que pagan) las deudas bordean los 5,2 billones de pesos y en el subsidiado (personas que no pueden pagar), los 1,5 billones de pesos.
Al ser de esta magnitud, la cartera afecta de manera importante la liquidez del sector y por tanto pone en riesgo la prestación de los servicios y la sostenibilidad de todo el sistema.
Medidas a futuro
Para iniciar el acuerdo de punto final y evitar que las deudas crezcan este año, se dio a conocer también que el Plan Nacional de Desarrollo facultó de manera transitoria a la Adres para suscribir acuerdos de pago con las EPS y se reconozca lo pagado previamente por servicios no POS hasta el 31 de diciembre del 2019.
Las EPS deberán presentar las cuentas con sus debidos soportes a la Adres y esta a su vez sumará todos los acuerdos y los pasará al Ministerio de Hacienda, que reconocerá dicha deuda como pública por un valor máximo de 2,7 billones de pesos para este año.
¿Y las deudas anteriores a la entrada en vigencia del Plan de Desarrollo? Serán analizadas con una ruta especial para que la Adres y las EPS firmen un contrato de transacción que garantice el cierre de definitivo de las diferencias entre las partes (pagador y prestador). Firmado eso los actores deben renunciar a cualquier demanda y a los procesos que estén en curso, incluso el cobro de intereses.
Las EPS deberán entregar, además, un listado de los beneficiarios de los pagos y los prestadores a su vez deben garantizar que se priorice el pago de las deudas laborales con el objetivo de que se salden las deudas con los trabajadores de la salud.
Tomado del diario EL TIEMPO
