Como es habitual en todos los comienzos de periodo legislativo, diferentes partidos políticos y congresistas radican una avalancha de proyectos de ley en el Legislativo y varios tienen como objetivo reformar la ley penal en Colombia.
Pero para que estas iniciativas puedan convertirse en ley, deben surtir un proceso que, de acuerdo a su intención requieren de cuatro debates, unos en la comisión respectiva y otros en plenaria de la corporación donde se radique, Senado o Cámara. Muchas veces estas iniciativas no alcanzan a completar su trámite y se engavetan.
Entra las propuestas que últimamente se han presentado, algunas están relacionadas con el sistema carcelario, el tratamiento penal diferenciado para pequeños agricultores, endurecer penas y eliminar subrogados penales a perpetuadores de delitos contra la infancia para el periodo legislativo 2022-2023. Estas son algunas de las iniciativas presentadas por los grupos políticos.
Partido de la U
El representante Juan Carlos Lozada Vargas, del partido de la U, radicó un proyecto que busca convertir el fracking en un delito penal, modificando la ley 599 del 2000. Lo que pretende esta iniciativa es penalizar las actividades sísmicas, de exploración, explotación o aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fracturación hidráulica. El proyecto busca aplicar sanciones administrativas para esta práctica, como prisión de 96 meses y una posible multa de 134 mil salarios mínimos legales vigentes.
Según la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), de ser aprobada esta iniciativa se pone en riesgo la estabilidad de las familias de los más de 12 mil ingenieros de petróleos, miles de geólogos, geofísicos y otros profesionales de las diferentes ramas de la ingeniería que contribuyen en las operaciones de exploración y producción, además de más de 120 mil personas que son empleadas por la industria petrolera en el país.
Asimismo, este partido político radicó en el despacho del Senado un proyecto enfocado a endurecer las penas y eliminar la figura de subrogados penales a perpetuadores de delitos contra la infancia. Es decir, se cambiaría el artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia en cuanto a las penas.
Lo anterior se traduce en que cuando se trate de delitos de homicidio o contra la libertad, integridad y formación sexual, y lesiones personales bajo modalidad dolosa, secuestro, abandono, trata de personas y violencia intrafamiliar cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicará medida de aseguramiento inmediata en prisión, no se otorgará el beneficio de prisión domiciliaria y no habrá beneficio de las medidas sustitutivas de la pena de prisión y arresto.
Partido Verde
En materia de género, el partido Verde como equipo político insistirá en la ampliación de la ley de cuotas para lograr la paridad en los cargos de decisión, la prevención del acoso sexual y digital, la erradicación de violencia política contra las mujeres, la ley de identidad trans y la regulación de derechos sexuales y reproductivos.
Cambio Radical
En uno de sus proyectos, Cambio Radical busca endurecer las penas por feminicidio. El representante a la Cámara por Cundinamarca, Leonardo Rico, dijo que insistirán para que la iniciativa elimine beneficios a los investigados o condenados por feminicidios. En uno de los apartes del proyecto citaron cifras de la Fiscalía, según las cuales durante los dos primeros meses de 2021 se presentaron 37 feminicidios, cifra que creció en un 8,87% en comparación con el mismo periodo del 2020.
Finalmente, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, también radicó un proyecto de ley estatutaria por la cual se regula la impugnación de las sentencias condenatorias y los fallos sancionatorios, para garantizar una doble conformidad.
La ley se aplicaría en los procesos penales que se adelanten en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción Penal Militar, en los de contenido sancionatorio, resarcitorio o indemnizatorio de la jurisdicción Contencioso, Administrativo, así como también en los procesos sancionatorios y resarcitorios que adelanten la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y las autoridades administrativas que excepcionalmente ejercen funciones jurisdiccionales, en el marco del Artículo 116 de la Constitución Política. La anterior propuesta no se aplicará en las jurisdicciones indígenas y de paz, ni en los procesos de Justicia Transicional.
Partido Comunes
El partido Comunes también radicó varios proyectos de ley. Uno de ellos tiene que ver con modificar el artículo 68 de la ley 599, que trata sobre la exclusión de los beneficios y subrogados penales. De igual forma, busca modificar el artículo 307 y otros, los cuales desarrollan lo concerniente a las medidas de aseguramiento.
Otra de las iniciativas busca cambiar el tratamiento penal diferenciado para pequeños agricultores que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de plantaciones de uso ilícito y las actividades derivadas de este.
Lo que determina es que se deben crear mecanismos sociales y administrativos para brindar un tratamiento penal diferencial, transitorio y condicionado a personas vinculadas a las actividades relacionadas con el cultivo de plantaciones de uso ilícito, con el fin de aportar elementos para la construcción y consolidación de una paz estable y duradera.
En esa dirección, se crearían herramientas que ofrecen alternativas dirigidas a reducir la judicialización, limitar el uso del encarcelamiento como retribución penal y disminuir el tiempo efectivo de privación de libertad de aquellos pequeños agricultores que de conformidad con el artículo 6° cumplan con los requisitos para acceder al programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Igualmente, el partido Comunes pretende que, a través de la modificación de la ley 65 de 1993 del código penitenciario y carcelario, se garanticen los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la libertad y alcanzar los fines de tratamiento penitenciario, en aras de garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y las diversidades sexuales que se encuentran privadas de la libertad, así cómo prevenir las violencias basadas en género en los centros penitenciarios.
Se trataría de una clasificación de internos en los centros de reclusión, es decir, separarlos por categorías, atendiendo a su sexo, edad, naturaleza del hecho punible, personalidad, identidad de género, antecedentes y condiciones de salud física y mental. Los detenidos estarán aparte de los condenados de acuerdo a su fase de tratamiento, los hombres de las mujeres, los primarios de los reincidentes, los jóvenes de los adultos y los enfermos que puedan someterse al régimen normal.
Fuente: El Nuevo Siglo
