Proyecto de ley pasó segundo debate. Minhacienda emitió concepto negativo y Consejo Gremial dijo no.
Mientras la plenaria del Senado, este martes, le daba el visto bueno en segundo debate al proyecto de ley que deja viva la posibilidad de otorgar una prima legal de la canasta familiar a 5’973.686 trabajadores, es decir, el 71 % de los ocupados formales que ganan hasta 3 salarios mínimos, el Ministerio de Hacienda apenas preparaba un documento que radicó en horas de la tarde ante esa célula legislativa, con el cual emitió concepto negativo a la iniciativa.
La propuesta tiene la autoría del senador y expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, con la cual se busca otorgar una prima legal adicional, correspondiente a 15 días de salario mínimo por cada año de trabajo y proporcional por fracción de tiempo laborado en ese mismo periodo, en el caso de las grandes empresas, según expresa el proyecto.
De manera diferencial, para no afectar a las Mipymes, la iniciativa contempla que en las microempresas, la prima adicional será equivalente a 5 días, y en las medianas, de 10 días. Esto, para el ministerio, implica que “los beneficios otorgados por la iniciativa podrían implicar un incremento salarial mensual de cerca de 2,3 por ciento para el grupo total de trabajadores formales”.
Las cuentas que hace el Ministerio, según el número de días de beneficio según los distintos tamaños de empresas, permiten estimar que los empleadores necesitarían 1,8 billones de pesos para pagar dicha prima. Esto, contando con que el beneficio por 5 días hábiles, que cubriría a 1’248.527 trabajadores, sería de 130.207 pesos; mientras que el de 10 días ascendería a 260.414 pesos y lo recibirían 1’066.620 empleados, y el de 15 días, por 390.621 pesos, lo obtendrían 3’658.540 trabajadores.
El senador Uribe, tras la aprobación, no solo dijo que “este país necesita menos impuestos y más salarios. Ya se rebajaron los impuestos a las empresas, ahora hay una respuesta a los trabajadores”, sino que también invitó a la Cámara (donde le faltan 2 debates) a darle vía libre a la iniciativa.
En contraste, el Ministerio de Hacienda, que está en cabeza de Alberto Carrasquilla, quien lideró esa cartera durante el gobierno Uribe, hizo las cuentas y estableció que solo en el sector público, donde hay 496.363 trabajadores con derecho a la bonificación propuesta, el costo ascendería a 205.000 millones de pesos anuales. Esto, teniendo en cuenta que, según lo que contiene el proyecto de ley, cada trabajador beneficiario tendría derecho a devengar hasta 414.058 pesos, pagaderos en dos cuotas, una en marzo de cada año y otra en septiembre.
Proyecto queda vivo para próxima legislatura
La negativa del Minhacienda, a la que se sumó el Consejo Gremial este martes, también se sustenta en el argumento de que en el sector privado “podría tener un impacto negativo sobre la formalización laboral, efecto que ha sido demostrado en diferentes estudios en los que se concluye que los mayores costos no salariales tienen un impacto negativo sobre la creación de empleos formales en el país”, dice el concepto. Esto, sin contar con que el beneficio para los hogares podría generar presión inflacionaria.
Por el lado de Uribe, entre tanto, señaló que “se necesita una economía fraterna para jalonar este país”. Esto, en relación a la prima legal que, a juicio de lo sustentado en el proyecto, es “para compensar los gastos destinados a suplir los elementos de la canasta familiar”. La Cámara (comisión y plenaria) tendrá la última palabra en la próxima legislatura.
Tomado del portal del diario EL TIEMPO
