Este 2020 han sido asesinados 5 uniformados y más de 1.700 han resultado heridos o lesionados.
Por: Alicia Liliana Méndez
EL TIEMPO
El patrullero Carlos Alberto León Suárez, de 33 años, fue asesinado en medio de un procedimiento, en abril de este año, cuando junto con otro uniformado fue a atender el llamado de la comunidad que denunció que un grupo de jóvenes estaba violando el aislamiento obligatorio.
León, casado y padre de dos pequeñas niñas, laboraba en la estación de Mesitas del Colegio, en Cundinamarca, y de acuerdo con vecinos del sector, los uniformados fueron atacados por un grupo de hombres que estaba consumiendo sustancias psicoactivas.
El procedimiento quedó grabado por varios vecinos en sus celulares, videos que se hicieron virales porque mostraron cómo los jóvenes atacaron con armas blancas a los uniformados cuando fueron requeridos; y cuando uno de ellos le quitó su arma de dotación al patrullero León, arma con la que le disparó, dejándolo agónico sobre la vía.
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León Suárez es uno de los 5 uniformados que este año han sido asesinados en medio de actividades relacionadas con la seguridad ciudadana. A lo que se suma que 1.751 policías han resultado heridos o lesionados en medio de los procedimientos, señalan cifras de la institución.
Ayer, un grupo de uniformados fue agredido con ladrillos por los asistentes a una fiesta en Barranquilla. Los policías fueron llamados por la comunidad por el exceso de ruido y porque se estaba violando el aislamiento.
En Medellín, el 13 de julio, un grupo de policías fue agredido con palos, ladrillos y hasta machete por algunos residentes del barrio Villa Tina que se negaban a terminar una fiesta en la calle, en plena ley seca y la pandemia. Esto, por citar algunos ejemplos.
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Policías agredidos en medio de una fiesta clandestina
¿Por qué se siguen registrando homicidios en medio del aislamiento?
De acuerdo con un informe de la Policía al que tuvo acceso EL TIEMPO, entre el primero de enero y el 4 de agosto, el 94 por ciento de las agresiones registradas contra los uniformados, es decir, 1.691, se han reportado en la vía pública.
Precisamente, los patrulleros, que son la base de la Policía y los encargados en su gran mayoría de las actividades de vigilancia, son los más afectados. Se reportan 1.357 heridos o lesionados, seguido de 113 intendentes, 104 subintendentes y 95 auxiliares.
El general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, dijo a este diario que 804 policías han sido heridos o lesionados atendiendo riñas, lo que equivale al 46 por ciento.
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Además, que 425 policías han visto afectada su integridad en procedimientos cotidianos como “registrar un vehículo o una persona”, señaló el oficial.
Y 358 uniformados han resultado lesionados en casos calificados como irrespeto a la autoridad, lo que equivale a un 20 por ciento.
Señala el informe que 31 policías han resultado heridos cuando atendían casos de violencia intrafamiliar, por mencionar algunas situaciones.
De igual forma, se registra que 660 policías fueron atacados con elementos contundentes –piedras, palos, metales– y otros 150 fueron heridos con armas cortopunzantes.
El general Atehortúa aseguró que “la responsabilidad frente al mantenimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana mantiene a todos los policías en riesgo permanente al enfrentar las diferentes manifestaciones criminales”, y reconoció que en medio de la pandemia se han incrementado las agresiones, lo que calificó como “un hecho de intolerancia social”.
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Afirmó que no se puede hablar solo de una pérdida de respeto hacia la policía. “Actualmente, lo que se puede analizar es una ausencia significativa de respeto por la norma, por la autoridad en general, aunque destacó que la mayoría de ciudadanos acatan las normas y son ejemplo de convivencia”.
El director de la Policía señaló que es lamentable que como policías, en reiteradas ocasiones, han tenido que acudir a atender casos en los cuales hijos han agredido a sus padres.
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Expertos consultados coincidieron en afirmar que las agresiones a la Policía por la comunidad se dan porque se ha perdido el respeto a la autoridad –por casos relacionados a corrupción o abuso de autoridad– sumado a que no hay sanciones ejemplarizantes cuando es el ciudadano el que ataca a un uniformado.
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De acuerdo con Andrés Nieto, académico de la Universidad Central y experto en temas de seguridad ciudadana, hasta ahora se ha analizado la agresividad de la Fuerza Pública hacia la ciudadanía, sin tomar como base que desde hace cuatro años se ha venido evidenciando una pérdida de respeto hacia toda autoridad, “no solo del Policía; me refiero al desconocimiento de la autoridad del inspector, del personero, del alcalde y qué decir ahora en tiempos de pandemia, las amenazas y ataques a los integrantes del sector salud”.
Nieto señala que un factor que ha incidido es que la ciudadanía no confía en las autoridades, y que en el caso de Colombia no hay sanciones ejemplarizantes frente a los ataques al servidor público.
En esa línea se encuentra Daniel Mejía, académico de los Andes y experto en temas de seguridad, quien considera que hay una desprotección del sistema penal frente a los temas de violencia de los que son víctimas los servidores públicos.
“Ante la justicia, los casos que vinculan a un policía que ha sido agredido por un ciudadano no avanzan. No hay sanción, y por ende no hay una señal clara que haga recapacitar y evitar este tipo de hechos”, dijo Mejía.
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A lo que se suma, de acuerdo con el catedrático, que la Policía “carece de los protocolos y herramientas” para atender estas situaciones, lo que los deja “con la tolfa o el arma en la mano”, sin otra opción para defenderse o actuar.
Afirmó que es necesario implementar armas no letales como las pistolas taser, que le daría la opción al uniformado de actuar de manera rápida para ponerle las esposas “a quien esté transgrediendo la ley, sin darle pie a una agresión”.
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Para el reconocido psiquiatra Rodrigo Córdoba, profesor de la Universidad del Rosario, la sociedad ha venido perdiendo los valores ligados al respeto a la autoridad, no solo de los uniformados sino de los líderes en todas las instancias.
“En Colombia se ha deteriorado la imagen del Policía por hechos relacionados con corrupción o abuso de fuerza. Se ha perdido ese imaginario de que son la ley y el orden”, afirmó Córdoba, quien dijo que a eso se suma que los ciudadanos saben que pueden agredir a un policía y que no habrá sanciones.
De igual forma, señaló que otro factor que incide en ese tipo de comportamientos es el consumo de bebidas alcohólicas, “es el fuego que atiza ese tipo de conductas”, y más en medio de la pandemia, cuando son variadas e inesperadas las reacciones de la ciudadanía.
‘El uso de la fuerza no se constituye por sí mismo en abuso policial’
El general Óscar Atehortúa Duque, director de la Policía Nacional, en entrevista con EL TIEMPO aseguró que están abiertos a conocer de cada critica y queja sobre su actuar.
¿Le preocupa la seguridad de los policías?
Cada vez que un policía resulta afectado en su integridad, ya sea víctima de los delincuentes o por intolerancia de la propia comunidad a la que sirve, me asalta una preocupación por él y por su familia, porque los policías somos ciudadanos del común, con las mismas necesidades y afugias de cualquier otro colombiano; solo con una diferencia: que un día decidimos entregar nuestra vida al servicio de los demás. Esta premisa es la que nos motiva para hacer lo que hacemos todos los días.
Han sido agredidos en fiestas y reuniones en la pandemia…
Cuando hemos intervenido este tipo de reuniones clandestinas, lo que reflejan sus participantes es una ausencia total de sentido de comunidad, de solidaridad y de preocupación por los demás.
No existe la menor manifestación de arrepentimiento por la transgresión de la norma; al contrario: los uniformados que atienden este tipo de motivos de policía son vistos como enemigos, como los responsables de coartar su derecho a divertirse. Pero, por fortuna, son más los ciudadanos respetuosos frente a esta situación.
¿Cómo manejan las denuncias de corrupción y abuso de autoridad?
La supervisión y el control de nuestras unidades son permanentes para garantizar un servicio de calidad y cercano al ciudadano. En ese orden de ideas, construimos en nuestra institución la Política Integral de Transparencia, que establece principalmente la máxima instancia en temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Cada queja o denuncia que se recibe es tramitada y se aperturan las investigaciones a las que haya lugar.
Y el uso de la fuerza…
Quiero resaltar que el uso legítimo y constitucional de la fuerza y de las armas se realiza teniendo en cuenta un test de ponderación, donde se valoran la necesidad, la proporcionalidad, la racionalidad y la idoneidad. Es decir, el uso de la fuerza, que es un medio de policía, no se constituye por sí mismo en abuso policial.
¿Cómo recuperar esa autoridad y credibilidad?
Siempre estamos dispuestos y abiertos a la crítica, trabajamos incansablemente por lograr mantener las condiciones mínimas de convivencia y seguridad ciudadana en el territorio nacional.
ALICIA LILIANA MÉNDEZ
JUSTICIA
Tomado del portal del diairo EL TIEMPO
