Según Jorge Bustamante, censo 2018 tiene deficiencias o los anteriores quedaron mal realizados.
Tal cual suena: parecería que vivíamos en otro país, a la luz de los resultados arrojados por el censo de población del 2018, pues mientras en este somos 45’500.000 habitantes (censo ajustado preliminarmente), con el 99,8 por ciento de los hogares del país censados, en el censo del 2005 éramos 42’888.592 colombianos (censo ajustado).
Es decir, una diferencia de 2’611.471 habitantes más en 13 años. En promedio aritmético daría un incremento de 200.882 habitantes más por año, lo cual es bien distinto a los resultados de las proyecciones que venía haciendo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), según las cuales, para el 30 de junio del 2018, Colombia tendría una población de 49’823.517 (reloj de población). Esta cifra representa una diferencia de 6’934.925 con respecto al del 2005 –que en promedio aritmético anual sería 533.455 habitantes por año–. Más del doble del crecimiento registrado en el actual censo.
Estas proyecciones se hicieron teniendo en cuenta las tasas de crecimiento poblacional corregidas o ajustadas hasta el 2013, a partir de los resultados del censo del 2005. Es decir, no se corrigieron las tasas de crecimiento del reloj poblacional del Dane en el período 2014-2018, tal como lo dijo el actual director de esa entidad, Juan Daniel Oviedo, lo que podría explicar parte de la diferencia entre los resultados del censo 2018 y las proyecciones para este mismo año.
Diferencias
En el Dane, entre los años 2011 y 2013, tuvimos la oportunidad de corregir e incorporar las tasas de crecimiento poblacional con las nuevas revisiones hechas por el experto en demografía Eduardo Arriaga, exasesor de la Oficina de Censos de Estados Unidos, contratado exclusivamente para esa labor. Las tasas de crecimiento poblacional han venido disminuyendo y siguen cayendo.
Pues bien, al hacer el barrido completo de estos 13 años, con base en los resultados del censo del 2005 y de los registros administrativos de los certificados de nacimientos (8’422.432), defunciones (2’555.870) y migración neta (-1’775.317) (entradas menos salidas al exterior), nos encontramos con una población de 47’239.869, que es el resultado que realmente se debe comparar con el censo del 2018, pues un censo mide la población residente en el momento de su realización. No mide ni incorpora los residentes colombianos en el exterior.
Por eso es que el reloj poblacional del Dane sobrestima la población residente, pues tiene en cuenta nacimientos y defunciones, pero en su metodología no descuenta la migración de connacionales.
La diferencia real entre el censo de residentes del 2018 y las proyecciones con la metodología descrita arriba (47’239.869 menos 45’500.000) es solo de 1’739.869 habitantes.
Reconteo
Sin perjuicio de que los resultados que arrojó el censo del 2018 sean revisados por la mesa de expertos convocada por Juan Daniel Oviedo, habida cuenta de los problemas logísticos de recolección de información, lo cierto es que aún la diferencia es considerable y más aún si seguimos planeando con un denominador poblacional que no descuente la población de migrantes.
Se debe tener en cuenta que en Cali, por ejemplo, la disminución es de casi medio millón de habitantes; en Bogotá, la población prácticamente no creció en el periodo intercensal; en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, ocurrieron problemas de acceso a la zona, y en la costa Atlántica se generaron dificultades en los operativos de recolección de información, especialmente en Barranquilla. A eso se suma la no disponibilidad de cartografías prediales actualizadas en algunas regiones del país.
Es necesario hacer un reconteo y una muestra poscensal.
En otras palabras, la información enviada al FMI, BM, BID, Cepal, Ocde, CAF, Pnud, entre otras, y utilizada en Colombia para calcular todos los indicadores sociales, como los de salud, Sisbén, educación, seguridad, movilidad, víctimas, tenencia de vivienda, delincuencia, entre otros; económicos, entre los que destacan el PIB per cápita, el Sistema General de Participación y el de Transferencias; políticos, que tienen que ver con los umbrales de consultas, de registros en el censo electoral, de representación política congresional si se incorporan los resultados del censo poblacional, entre otras, debe ser replanteada metodológicamente, pues es claro que todos los indicadores por la diferencia intercensal tan grande deben ser recalculados.
Prueba de ello es que el censo arrojó una población de 45’500.000, mientras que los registrados actualmente en el régimen de salud sobrepasan los 47’000.000, o se habría aprobado la consulta anticorrupción, pues no podría ser que la proporción del censo electoral sea similar para una población de 48’823.517 que para una de 45’500.000, pues a pesar de que las proporciones de los segmentos de población varían, no podrían ser todos niños.
En su defecto, sería necesario reconstruir todas las series estadísticas de todos los indicadores de 30 o más años atrás, pues al devolvernos con los resultados del censo del 2018, las series estadísticas no cuadrarían.
En otras palabras, el censo 2018 tiene indefectiblemente serias deficiencias o los anteriores censos quedaron malos y los registros administrativos de certificados de nacimientos, defunciones y migración neta, con los cuales se han ido ajustando esos censos, están malos y son espúreos. Es decir, en una argumentación de extremo, es como si dijéramos: revisamos el censo o cambiamos de país para que el censo quede bueno, pues un registro de certificados de nacimientos es un hecho tangible que no se puede desconocer.
Se podría argumentar que pueden pasar las dos cosas: los censos tienen deficiencias y las proyecciones han sobrestimado las tasas de crecimiento reales. Es posible; sin embargo, es más factible lo primero, pues los registros administrativos de los certificados de nacimientos y defunciones son incontrovertibles, que es con la información con la que se ajustan las tasas de crecimiento poblacional.
Como son tan complejas las operaciones de recolección de información en un censo y en general el manejo estadístico, los institutos nacionales de estadísticas no pueden ser dependencias del gobierno de turno que tienen intereses directos en presentar buenos resultados, menos aún intentar convertirlos transitoriamente, en épocas electorales, en directorios políticos, como sucedió en los censos del 2014 y el 2018.
En esas coyunturas quedó claro que se cometieron errores logísticos, técnicos, metodológicos, de contratación, de cobertura, entre otros. Deben ser entidades independientes, sin interferencia política ni gubernamental, pues la información es un bien público; es decir, es del Estado, de los ciudadanos y no de los gobiernos.
Redacción El Tiempo. Con información del diario El Tiempo
