La presidenta del tribunal, Gloria Stella Ortiz, busca que las autoridades den claridad sobre las posibles intervenciones a las comunicaciones de los magistrados.
Mientras en este preciso momento las llamadas telefónicas de magistrados podrían estar siendo grabadas y escuchadas ilegamente, el país espera de que la Corte Constitucional radique dos cartas dirigidas a la Fiscalía General de la Nación y la Policía, solicitando explicación sobre las posibles interceptaciones, con lo que se formalizarían sus dudas.
Según conoció EL COLOMBIANO, la presidenta del alto tribunal, Gloria Stella Ortíz, encargada de firmar dichos documentos, se encontraba ayer participando de un evento académico en Cali y no pudo surtir el trámite.
Pero más que una petición, las cartas que radicará la Corte se convierten en una denuncia, luego de que varios magistrados afirmaran a medios de comunicación que se sienten intimidados, pues las supuestas interceptaciones habrían iniciado después de que el tribunal empezara a debatir temas como la Ley Estatutaria de la JEP y el uso de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos.
Los togados, aseguran, habrían sido advertidos de esta situación por una fuente anónima que les habría señalado que mediante micrófonos ocultos, terceros estarían escuchando las deliberaciones de la Sala Plena.
Este episodio recuerda al caso de las denominadas “chuzadas” del DAS, que estalló cuando en febrero de 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se descubrió que ese organismo de inteligencia desarrolló una operación ilegal para interceptar las comunicaciones de magistrados, políticos opositores, líderes sociales y periodistas.
Por el caso fueron judicializados al menos 20 funcionarios del DAS, entre ellos, su exdirectora, María del Pilar Hurtado, quien fue hallada culpable de dar la orden de iniciar los seguimientos ilegales desde 2007.
“Es algo que siempre pasa”
Las investigaciones también lograron establecer que la detective Alba Luz Flórez Gelvez, apodada como “Mata Hari”, ocultó micrófonos para grabar lo que ocurría en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente de dicho tribunal en ese entonces, Jaime Arrubla Paucar, manifestó que las presuntas escuchas a la Corte Constitucional que hoy denuncian sus magistrados es algo que “en Colombia siempre ocurre. Los organismos de inteligencia tienen que estar muy actuantes de operar dentro de los marcos de la Constitución y de la ley, pero siempre habrá grupos delincuenciales tratando de utilizarlos indebidamente”.
El exmagistrado señaló que en este caso lo que se debe hacer es: “poner la denuncia del hecho para que las autoridades competentes investiguen” y añadió que los magistrados deberían estar tranquilos, pues solo “tendrá que tenerle miedo a la interceptación aquel que no utilice su teléfono debidamente”.
“Una escucha ilegal no entorpece la labor de las cortes. Uno no falla por teléfono. Es simplemente es una forma de causar presión, zozobra, inseguridad”, consideró arrubla.
El marco jurídico
Luego de que el escándalo de las “chuzadas” del DAS alcanzara su punto álgido, con María del Pilar Hurtado fugada y asilada en Panamá, el Congreso aprobó en 2013 la Ley Estaturaria 1621, que establece el marco jurídico para el desarrollo de actividades de inteligencia y contrainteligencia.
Su autor, el senador Juan Manuel Galán, manifestó a EL COLOMBIANO que en la ley queda claro que “nadie puede ser objeto de seguimientos de inteligencia en razón de ser otra rama del poder del Estado o de ser oposición política” y que las autoridades primero “tienen que agotar todos los mecanismos no intrusivos, no violatorios para la vida privada de las personas, antes de recurrir a una interceptación”.
Por eso, el senador Galán calificó los presuntos seguimientos a la Corte Constitucional como algo “absolutamente irregular, ilegal, y está sujeto al régimen establecido por la ley para las sanciones de tipo penal que están estipuladas”, que van de 16 a 54 meses de prisión. Si los organismos abusan de sus funciones de inteligencia, para desviarlas hacia actividades que no deben desarrollar “esas sanciones se deben aplicar con plena fuerza”, concluyó.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
RADIOGRAFÍA CHUZADAS, ¿UN ASUNTO MEDIÁTICO?
Aunque la violación ilícita de comunicaciones está contemplada como un delito en el Código Penal, las escasas condenas que por ese hecho se han logrado hasta la fecha dejan en el ambiente que estos asuntos se consideran más como escándalos mediáticos para ejercer presión sobre determinados temas. Al respecto, el senador Juan Manuel Galán indicó que “eso es grave porque el país cuenta un marco jurídico y reglamentos en cada organismo de inteligencia que deben ser estrictamente cumplidos”.
Tomado del diario El Colombiano
