La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la Haya dará a conocer su tan esperado fallo sobre la prolongada disputa territorial entre Colombia y Nicaragua en la extensión de sus aguas territoriales en el Mar Caribe. A lo largo de los años, los argumentos legales, las diferencias de interpretación de tratados internacionales y las reclamaciones históricas han alimentado la tensión entre estos dos países.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en la Haya, ha sido el escenario donde Colombia y Nicaragua han buscado una resolución legal a la controversia sobre la delimitación de las fronteras marítimas y la extensión de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que ambas naciones reclaman en el Mar Caribe, en el territorio que comprende las inmediaciones de las islas de San Andrés y Providencia. Esta sesión está programada para las 15:00 hora neerlandesa y será la jueza Joan E. Donoghue quien pronunciará la decisión.
El próximo fallo de la CIJ, será un momento crucial en esta larga disputa territorial, que le ha correspondido a cinco gobiernos colombianos. Las decisiones de las CIJ son vinculantes, pero su ejecución depende de la voluntad de los Estados. Las audiencias públicas realizadas en diciembre fueron la última oportunidad para que ambas partes presentaran sus argumentos legales ante la CIJ.
El caso que se resolverá este jueves es diferente a las decisiones tomadas en el pasado, incluso la decisión tomada en abril de 2022. Esta vez se trata de la delimitación de la plataforma continental de Nicaragua y los recursos naturales que están en el fondo marítimo.
El presidente Gustavo Petro recibirá en San Andrés el fallo de la Haya acompañado de la cúpula militar.
Una lucha que nace de dos naciones emergentes
La disputa territorial tiene sus raíces en la época colonial, cuando España ejercía su dominio sobre gran parte de América Latina. Tras la independencia, las fronteras marítimas y los límites territoriales quedaron como herencia y generaron tensiones entre las nacientes repúblicas. Sin embargo, fue en 1928 cuando se estableció un tratado, el Tratado Esguerra-Bárcenas, entre Nicaragua y Colombia que fijaba los límites marítimos, reconociendo la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El conflicto tomó un nuevo rumbo en 2001, cuando Nicaragua presentó una demanda ante la CIJ alegando que el tratado de 1928 era inválido y que debían establecerse nuevas fronteras marítimas que se extendieran más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense. Argumentaron que la plataforma continental de Nicaragua superponía con la de Colombia, lo que les otorgaba derechos adicionales sobre los recursos marinos.
En noviembre de 2012, la CIJ emitió su fallo sobre la disputa. Reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero también otorgó una parte del territorio marítimo a Nicaragua. Colombia perdió aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados de mar frente a su vecino. Este fallo generó reacciones encontradas en ambos países, con Colombia rechazando parcialmente la decisión y Nicaragua buscando hacer valer su nuevo territorio.
Las tensiones y las nuevas demandas
La disputa lejos de resolverse, ha generado tensiones continuas entre Colombia y Nicaragua. Bogotá ha cuestionado la validez y aplicabilidad del fallo de la CIJ, mientras que Managua ha buscado establecer una “frontera marítima exacta” más allá de los límites establecidos en 2012. Ambos países han presentado demandas adicionales, argumentando violaciones a los derechos de pesca y soberanía en la zona en disputa.
El reciente fallo de la Haya respaldó las reclamaciones de Nicaragua en su pleito presentado en 2013, en la cual se acusaba a Colombia de violar sus derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.
En diciembre de 2022, la Corte Internacional de Justicia emitió su decisión con una mayoría de nueve votos contra seis, indicando que Colombia debía cesar inmediatamente su conducta. El fallo de la Haya de 2022 no implica cambios en los mapas de ambos países, a diferencia de lo que ocurrió en el fallo emitido el 19 de noviembre de 2012.
Carlos José Argüello Gómez, representante de Nicaragua ante la CIJ, sostuvo que las plataformas continentales y las zonas marítimas que se superponen entre Estados deben ser delimitadas de acuerdo con el derecho internacional y las costumbres legales aceptadas. Por otro lado, el representante colombiano, Eduardo Valencia-Ospina, afirmó que la postura de Colombia se ajusta al derecho marítimo y cuenta con el respaldo de la práctica de los Estados y de las opiniones de los países vecinos del mar Caribe.
El conflicto entre Colombia y Nicaragua por las fronteras marítimas ha tenido un impacto negativo en la región. El litigio ha generado incertidumbre y desconfianza entre los dos países, y ha dificultado la cooperación en temas de interés mutuo, como la seguridad y el desarrollo.
