Organizaciones de derechos humanos, entidades de Naciones Unidas y movimientos sociales han expresado su preocupación por la reciente escalada de la violencia en las regiones. A continuación, un resumen de las principales alertas que se conocieron en los últimos días.
De Tumaco huyen a Ecuador
El Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera denunció la semana pasada que cerca de 92 familias fueron desplazadas de su lugar de vivienda, en Tumaco y han emigrado, buscando refugio, a Ecuador. La Cancillería de ese país informó que desplegó una delegación el sábado pasado con rumbo a la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. A la parroquia de ese lugar, que limita con Colombia, llegaron 175 personas provenientes del municipio nariñense en la última semana solicitando asilo.
Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, el trabajo de la delegación será “registrar y ejecutar el plan de contingencia con el objeto de establecer la admisibilidad de aquellas personas interesadas en solicitar protección internacional”. Tras analizar la solicitudes y con el acompañamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se emitieron las visas humanitarias para los 175 desplazados, entre los cuales hay “hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad”.
Las comunidades de la zona del pacífico nariñense y organizaciones de derechos humanos han denunciado desde hace semanas la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios. Incluso, recientemente convocaron a 22 congresistas, ministros y otros funcionarios a una audiencia pública par dar a conocer la situación de la zona y exigir respuestas.
El Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, que acompañó a las autoridades locales, informó que a la Audiencia asistieron el alcalde de Tumaco, delegados de la Unidad Nacional de Protección, del Ministerio de Defensa y del Interior, entre otras. No obstante, “a pesar de los reclamos a las entidades del Estado presentes, no se generaron compromisos claros con la población ni acciones inmediatas para atender la crisis”, según aseguró la organización.
Confinamiento en Carmen del Darién y Riosucio
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), desde inicios de marzo, 590 familias de 10 comunidades indígenas del sector del Carmen del Darién y Riosucio, Chocó, se encuentran confinadas en sus territorios debido a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN. Más de 2.340 personas no tienen acceso a servicios básicos y la situación solo empeora, pues según la OCHA, se está extendiendo a poblados aledaños.
Los habitantes y pobladores de la zona se abstienen a salir de sus casas por temor a posibles accidentes con minas antipersonas en los senderos. Como informó este diario, aunque el Estado desde un principio aseguró que enviaría ayuda a esta región, pero el organismo de Naciones Unidas señala que esa tarea no se ha realizado: “Las comunidades no cuentan con acceso a medicamentos ni se han realizado brigadas de salud por la situación de orden público”.
Explosivos en la minga indígena en Valle del Cauca
Al menos ocho muertos y cuatro heridos dejó una explosión el pasado jueves en un territorio indígena nasa de Dagua, Valle del Cauca. Desde la Minga indígena y el Ministerio de Defensa se han cruzado versiones, de un lado a otro, pero por el momento no se han esclarecido responsabilidades.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, se apegó a la versión de que la muerte de los ocho indígenas está relacionada con el mal manejo de explosivos, supuestamente proveídos por grupos armados ilegales. En una rueda de prensa señaló que fue “definitivamente una mala manipulación de unos explosivos” que pueden ser “pentolita y pólvora negra”. Incluso, añadió que la “hipótesis principal” del gobierno era que los indígenas estaban preparando un acto de sabotaje en la vía Buenaventura-Buga cuando se produjo el mortal estallido.
Las autoridades indígenas aseguran que el gobierno quiere culparlos por la explosión pues sin haber realizado una investigación previa lanzaron la hipótesis de que había ocurrido “por manejar, presuntamente, unos artefactos explosivos”. Entretanto, la Organización Regional de Indígenas del Valle del Cauca afirmó que una comisión de derechos humanos se encuentra indagando en el sitio de la explosión.
Desplazamientos masivos en Antioquia y el sur de Córdoba
Las amenazas de grupos armados ilegales también se hicieron sentir en Puerto Libertador (Córdoba) e Ituango (Antioquia). Según señaló la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) al menos 120 familias de las zonas rurales de esos municipios fueron obligadas a desplazarse hasta el corregimiento de Juan José, el casco urbano más cercano.
A través de un comunicado, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba denunció amenazas y aseguró que el jueves 21 de marzo hombres armados llegaron a la zona para darles un ultimátum: “desocupen las veredas”. Mientras tanto, “se estima que de la vereda Santa Rosa (Puerto Libertador) fueron expulsadas 140 familias y de la vereda La Flecha (Ituango) entre 15 y 20 familias” según informó la OCHA. A lo que añadió que, por las difíciles condiciones geográficas de la región, se espera que en los próximos días lleguen el resto de desplazados.
“La población afectada se está alojando en la casa parroquial del corregimiento y en casas de familiares y conocidos”, aseguró la OCHA. De los que decidieron quedarse, como lo hizo saber la Asociación de Campesinos, la mayoría “se trasladaron al refugio humanitario ubicado a la altura del puente San Jorge sobre la troncal de occidente en el municipio de La Apartada, en donde hay aproximadamente 1.700 campesinos movilizados en uso legítimo del derecho a la protesta social”.
Tomado del portal del diario El Espectador
