Se reportaron casos en Villavicencio y en la Distrital. Fiscal habló de excarcelación ‘minimalista’.
Mientras los detenidos completan tres semanas esperando a que el Gobierno emita el decreto con el que anunció que les daría casa por cárcel a unos 10.000 presos para aliviar el hacinamiento, hasta ahora se han confirmado cuatro casos de personas relacionadas con las prisiones que están contagiadas de coronavirus.
Ayer, la Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó que el comandante de guardia de la cárcel Distrital tiene coronavirus. Según la información oficial, el guardia, que hace varias semanas tuvo contacto con un familiar que llegó del exterior, presentó síntomas el pasado 27 de marzo.
Tras confirmarse su contagio, las autoridades ordenaron aislar y hacerles pruebas a 13 guardianes que tuvieron contacto con él. Según la Secretaría de Seguridad, el comandante de guardias no estuvo directamente con los presos de la cárcel Distrital, que es responsabilidad del municipio y que tiene a 1.032 detenidos sindicados, es decir, que aún no tienen una condena.
Aunque hasta ahora no se han reportado detenidos de esa penitenciaría con síntomas, ni más contagiados, el hecho generó preocupación.
Su situación se suma a la de dos internos de la cárcel de Villavicencio que murieron el 5 y el 7 de este mes por covid-19. En esa cárcel, un tercer interno está hospitalizado por el virus. De otros dos que estaban en un centro médico de la capital del Meta con síntomas respiratorios, según informó ayer el Inpec, se descartó que estuvieran contagiados con la enfermedad.
Para tratar de evitar un brote en la cárcel de Villavicencio –en donde hay más de 1.700 detenidos y un hacinamiento del 100 por ciento–, los más de 500 internos que estaban en el patio de los contagiados fueron aislados, y 60 adultos mayores fueron llevados a otro punto de la prisión.
Y ayer se entregaron en esa cárcel 1.793 tapabocas para los internos y 153 para los funcionarios del penal. También les dieron jabón antibacterial, jabón de ropa y 10 bultos de cloro granulado para asear los pabellones.
Fuentes del Inpec le dijeron a EL TIEMPO que aunque había rumores de contagios en la cárcel El Pedregal, y de un interno en La Picota, se descartó que sus casos tuvieran que ver con coronavirus.
Pero el contagio del guardia de la cárcel Distrital y los de los internos de Villavicencio prendieron las alarmas de organizaciones de derechos humanos, expertos y líderes de opinión que en las últimas semanas habían advertido que, si el virus entraba a las prisiones del país, las consecuencias podían ser catastróficas.
De las 134 cárceles que tiene Colombia, solo 13 centros penitenciarios registran un hacinamiento menor al 20 por ciento, y únicamente en siete hay cupos disponibles para más presos.
El panorama general indica que la sobrepoblación en todas las prisiones suma un 53 por ciento, y hay cárceles como las de Riohacha, Santa Marta y Andes (Antioquia), en donde el hacinamiento supera el 300 por ciento, es decir, tienen tres veces más detenidos que su capacidad real.
Teniendo en cuenta que la mayoría de presos comen, duermen y viven los unos sobre los otros, varias organizaciones le han pedido al Gobierno agilizar la emisión del decreto con las excarcelaciones, que, según dijo en su momento el Ministerio de Justicia, les daría casa por cárcel a unos 10.000 presos considerados población vulnerable por su edad y sus enfermedades, o a quienes estén detenidos por delitos culposos, o que no son violentos ni tienen que ver con corrupción.
Aunque el 23 de marzo –tras varios amotinamientos que dejaron por lo menos 23 detenidos muertos y 80 heridos– el Gobierno estableció la emergencia carcelaria y anunció que decretaría la detención domiciliaria para miles de presos
‘Decreto minimalista’
Una de las voces que se manifestaron en su momento en contra del borrador del decreto que presentó la ministra de Justicia, Margarita Cabello, fue el fiscal general. Francisco Barbosa.
En un documento, el fiscal le dijo al Gobierno hace una semana que las excarcelaciones no sirven como medida sanitaria, pues consideraba que no traen medidas para prevenir y tratar el contagio en cárceles.
En cambio, dijo que liberar a miles de presos podría poner en peligro la seguridad ciudadana, y que esa era solo una medida que no respondía a la coyuntura, sino que buscaba resolver líos de fondo como el hacinamiento.
Al hablar sobre cómo van las investigaciones por los motines en las prisiones, el fiscal Barbosa también se volvió a referir ayer al decreto. Dijo que la salida de las cárceles “debe ser minimalista”, y afirmó que acompañaba al Gobierno para que “rápidamente proceda a expedir el decreto que permita aliviar las condiciones de quienes verdaderamente necesitan salir de las cárceles por su condición de fragilidad en el marco de esta epidemia”.
En una carta abierta, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil al tema carcelario habló de las críticas que Barbosa le había hecho al borrador de excarcelaciones.
Dijo que el Fiscal muestra “falta de sustento o coherencia” así como “desconocimiento de los riesgos y problemáticas que enfrenta la población reclusa”.
Y agregó que, al contrario de lo que afirma el Fiscal General, el hacinamiento sí facilita la propagación del coronavirus, pues esta enfermedad se transmite por el contagio cercano con personas infectadas.
“En esta medida, reducir el hacinamiento no solo es una política necesaria para prevenir el contagio del virus, sino también para reducir la carga sobre el sistema de salud de la población reclusa y poder garantizar el acceso a las personas privadas de la libertad que podrían llegar a presentar cuadros complejos de infección”, dijo.
Adicionalmente, esta comisión –conformada por juristas y ONG– expuso que bajar el hacinamiento es una medida que han buscado otros países, de cara al riesgo de coronavirus.
Así, se han liberado presos a los que les quedaban 30 días de condena en Los Ángeles (Estados Unidos). Y en Indonesia se creó un decreto por el cual salieron de prisión 30.000 personas, mientras que en Italia se tomaron medidas para liberar a 6.000 detenidos.
Fiscal dice que ‘Romaña’ estuvo tras motines
El fiscal Francisco Barbosa aseguró ayer que se encontró que tras los amotinamientos que hubo el 21 de marzo en varias cárceles del país, y en los que murieron 23 presos de La Modelo, estuvieron relacionados jefes del Eln y disidentes de las Farc.
Ellos, según dijo Barbosa, instigaron y se concertaron “para el levantamiento de las cárceles”.
El Fiscal también dijo que se encontró que Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, jefe de las disidencias de las Farc, estuvo tras los desórdenes.
JUSTICIA
Tomado del portal del diario EL TIEMPO
