El acelerador que llevó al colapso de túnel de Hidroituango en 2018

Foto: Según la Contraloría, en la obra de Hidroituango hubo un sobrecosto de por lo menos 4 billones de pesos

Un informe de expertos coincide con lo que había dicho la Contraloría en su investigación. 

Aunque los dos túneles de desviación del río Cauca que se hicieron primero en Hidroituango cumplieron, en términos generales, con los estándares y requisitos industriales, el túnel de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) no tuvo esas mismas exigencias, lo que lo hizo vulnerable a la erosión y la presión del agua.

Así lo expone el informe Causa Raíz, revelado ayer por la W Radio, realizado por un panel de expertos para las reaseguradoras del contrato de la hidroeléctrica Hidroituango.

En este informe se evalúan las razones por las cuales colapsó el tercer túnel de desviación de Hidroituango, la GAD, contingencia que sucedió el 28 de abril del 2018, poniendo en alerta roja la estabilidad del proyecto, ubicado en Antioquia.

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Según el estudio, el soporte que se le dio a la GAD se degradó entre septiembre de 2017 y abril del 2018 por el flujo de las aguas que crecieron por el invierno, lo que le hizo perder fuerza. Y la causa de esa degradación, asegura, fue la combinación de problemas en los diseños, supervisión y construcción de este túnel.

Por ejemplo, el estudio señala que en la GAD la distancia de los tornillos se incrementó, pasando de 1.3 metros a 1.5 metros. Eso implicó que se le pusieran un 25 por ciento menos de tornillos o pernos de roca. De otro lado, su diseño de soporte para el suelo fue diferente y menos fuerte que el de los otros túneles.

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Además, mientras los diseños de los otros dos túneles de desviación fueron fortalecidos antes y durante su construcción, eso no sucedió con la GAD. Por ejemplo, primero habían proyectado una malla de acero D-355, pero finalmente la reemplazaron por la D-188 “que es mucho más liviana”.

El relleno de concreto fue un 70 por ciento del usado en los otros túneles y en la construcción terminaron usando un tornillo distinto al que tenían en los diseños, lo que debilitó el soporte.

Todo esto coincide con lo que ha dicho la Contraloría General en su investigación contra 34 presuntos responsables fiscales de los detrimentos que ha generado este proyecto, que estarían por los 4 billones de pesos.

Esa investigación, según fuentes del organismo de control, está en etapa de versiones libres, declaraciones que tuvieron un retraso porque los términos se suspendieron debido a la pandemia de covid-19.

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En el auto con el que la Contraloría abrió el proceso, en noviembre del año pasado, el organismo afirma que desde agosto del 2013 EPM estudiaba la alternativa de construir un tercer túnel desviación (la GAD) con el fin de poder desviar el río en enero del 2014, ya que el incumplimiento de esa fecha les acarrearía un tiempo mayor al planeado.

Sin embargo, dijo el organismo en su expediente, “con esta decisión EMP se apartó no sólo de los diseños originales sino también de la recomendación de su Junta de Asesores, respecto del cambio de diseño que incluía la GAD; decisión que aumentó el riesgo del proyecto”, dice el expediente.

Según corroboró la misma contraloría, la Junta de Asesores consideró que los riesgos que se generaban por acelerar el desvío del río no eran aceptables por lo que recomendó usar el diseño original. Pese a que esa recomendación se hizo el 29 de noviembre del 2013, en una reunión que se realizó un mes después EPM dijo lo contrario: que la junta había validado el esquema del tercer túnel.

Todo esto es clave porque, como lo reveló la Contraloría el año pasado, la GAD era una modificación que implicaba un cambio muy grande en el proyecto que no estaba estipulado en el contrato, y a pesar “de su magnitud y del riesgo que involucraba, se inició su construcción sin contar con la licencia ambiental y sin la previa autorización de la Junta Directiva de la Sociedad”.

Aún así, ese tercer túnel se comenzó a construir en el 2015 y sólo obtuvo una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en septiembre del 2016, un año después.

JUSTICIA


Tomado del portal del diairo EL TIEMPO