El mismo magistrado del caso de soborno citó al expresidente a versión por esa y otras 2 masacres.
Contrario a despejarse, el panorama judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia parece seguir enturbiándose.
Tal como lo reveló EL TIEMPO, acaba de ser citado a versión libre (el próximo 15 de septiembre) dentro de la indagación que el alto tribunal adelanta sobre la masacre de El Aro (1997), en un expediente en el que además acumuló las de La Granja (1996), San Roque (1996) y el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle (1998).
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El auto de citación a Uribe Vélez y a otros testigos es del pasado 14 de agosto. Pero fue notificado la noche del miércoles 19 de agosto, un día después de que el expresidente renunció a su curul en el Senado, lo que, en criterio de su defensa, lo dejó automáticamente fuera de la órbita legal de ese tribunal.
Basado en amplia jurisprudencia y en el artículo 235 de la Constitución, su abogado, Jaime Granados, espera que en un plazo no mayor de 5 días hábiles la Corte le envíe a la Fiscalía el expediente contra su cliente por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal.
Se trata de la misma investigación que ya le valió una medida de aseguramiento, con detención domiciliaria, en una actuación judicial que el expresidente ha calificado de violatoria de sus derechos fundamentales.
“Yo estoy preso por una violación a ocho garantías procesales y por diez testigos que han comprado o ha intentado comprar el senador Cepeda, de la Farc, y están todas las pruebas (…). Estoy ante un secuestro”, sostuvo Uribe.
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Iván Cepeda, senador del Polo Democrático y quien ya anunció una denuncia por injuria y calumnia, aparece como víctima en el expediente de soborno y como impulsor en el proceso por la masacre de El Aro.
Las competencias
Según cálculos de la defensa de Uribe, la Corte debe pasar a la Fiscalía, a más tardar la próxima semana, todos los procesos; la mayoría en etapa previa.
En el caso específico de El Aro, el penalista Jaime Granados advirtió: “Con ocasión al cese en el ejercicio de sus funciones como senador, otros casos que venía adelantando la Sala de Instrucción, entre ellos la indagación por la masacre de El Aro, deben pasar al conocimiento de la Fiscalía”.
De hecho, señaló que causa extrañeza que la Corte Suprema indague a Uribe (por su fuero de senador) por hechos que supuestamente están relacionados con su desempeño como gobernador de Antioquia (1995-1997), ya que este tipo de servidores están fuera de la órbita del alto tribunal.
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Al respecto, EL TIEMPO estableció que la defensa de Uribe pidió, desde 2012, que la Fiscalía lo escuchara en versión. Y en 2018 le elevó la misma solicitud a la Corte, que tiene el expediente desde 2014 y que ahora decreta esa y otras pruebas, algunas pedidas por la defensa.
En la decisión en la que se llama a versión a Uribe está la explicación del magistrado César Reyes de por qué viene indagando a Uribe por El Aro, y adelantando inspecciones a procesos, solicitud de testimonios y hasta el levantamiento de planos georreferenciales y de estudios físicos y jurídicos de predios como Guacharacas y La Carolina (fincas que pertenecieron a los Uribe), y hasta de El Ubérrimo, la hacienda en Córdoba en la que cumple detención domiciliaria.
Reyes advierte que, de acuerdo con el artículo 235 de la Constitución, en concordancia con la ley 600, “el despacho tiene competencia en el presente asunto para su trámite y posterior adopción de la decisión que en derecho corresponda, en relación con las conductas que fueran declaradas crímenes de lesa humanidad (imprescriptibles), eso es los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado y conexos”.
Fuentes de la Corte le dijeron a EL TIEMPO que no hay un término legal para definir si los casos pasan o no a la Fiscalía y que en el entretanto pueden seguir su curso.
Pero es claro que la defensa de Uribe buscará otras vías –incluida la tutela– para que se tome una decisión inmediata.
UNIDAD INVESTIGATIVA
Tomado del portal del diairo EL TIEMPO
