Durante la presentación del boletín de ‘Movilidad Humana Forzada’, la Defensoría del Pueblo indicó que, durante el 2021, se registraron 160 eventos de este tipo ocasionado por los grupos armados ilegales que presencian en el país, lo que corresponde a un aumento del 74% con respecto a los datos suministrados en el 2020.
Así lo dio a conocer el defensor Carlos Camargo, quien también señaló que, para el primer mes del 2022, resultaron afectadas 4.408 personas de 1.358 familias en 17 eventos de desplazamiento masivo registrados por la entidad.
De acuerdo con el funcionario, el corredor nororiental del país, es decir, los departamentos que están en una posición limítrofe con Venezuela (Arauca, Casanare, Vichada y Norte de Santander) son los principales puntos donde se presentan estos desplazamientos y a donde van a parar los afectados.
Sin embargo, Camargo indicó que la situación más preocupante se registra en el primer departamento, luego de que la entidad tomó 430 declaraciones individuales de desplazamiento (1.210 personas distribuidas en 377 familias), provenientes de diferentes zonas rurales de los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y Tame, así como la declaración de seis eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 146 familias (434 personas).
De igual manera, la Defensoría del Pueblo resaltó que en el departamento del Chocó se presentaron en enero cuatro desplazamientos masivos que afectan a 461 familias (1.177 personas) en la zona del Medio Atrato y Bajo San Juan, y un confinamiento en el Medio San Juan Dipurdú el Guásimo, en el que están afectadas 1.400 personas de 575 familias.
Asimismo, en la región pacifica, ocurrió un desplazamiento masivo que afectó a 36 familias (136 personas) en Guapi (Cauca), dos desplazamientos que afectaron 39 familias (103 personas) en Mosquera y Barbacoas (Nariño).
Mientras que, en la zona de Buenaventura, la Defensoría del Pueblo reportó la continuación de las disputas y las presiones de los grupos armados, lo que ha conllevado a la expulsión de 344 familias (1.336 personas) a la ciudad de Cali, entre los que se reportan comunidades indígenas y afrodescendientes.
De igual manera, la entidad reportó el confinamiento de 868 familias del puerto vallecaucano, de los cuales, pertenecen a los corregimientos Colonia (294), Bajo Calima (180) Crucero (140), Villa Estella (176), San Isidro (140), Nueva Esperanza (3), La Estrella (7), Brisas (54), Trojita (22) y la Brea (32).
Por su parte, en el departamento del Cesar, los habitantes de Pueblo Bello denunciaron que sienten temor por la presencia de grupos armados ilegales, ya que estos serían los responsables del asesinato de un campesino en Minas de Hiracal, lo que produjo el desplazamiento de 30 familias (120 personas) hasta la ciudad de Valledupar.
“Es una crisis humanitaria de grandes proporciones que merece la atención inmediata de todas las entidades del Estado. Son personas, familias, que son desarraigadas de sus hogares y de sus tierras por miedo a las amenazas directas o caer en la violencia que están generando los grupos armados ilegales; en nuestro acompañamiento permanente encontramos en estas comunidades, la gran mayoría de sectores vulnerables, hambre, abandono y miedo”, afirmó Carlos Camargo.
Agregó que “como Institución Nacional de Derechos Humanos, hemos estado realizando acompañamiento permanente a las comunidades y articulando las ayudas humanitarias que requieren en esta complicada situación, pero todos debemos hacer más, empezando por reiterar el mensaje a los grupos armados ilegales de mantener al margen de cualquier confrontación a la población civil, que es la principal causa de esta crisis, y dar estricto cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario”.
Igualmente, el defensor advirtió el riesgo inminente de desplazamiento forzado en cinco departamentos del país por ataques, hostigamientos, enfrentamientos, asesinatos selectivos y la presencia de hombres armados alrededor de territorios ETCR, colocando en peligro a las poblaciones aledañas en: Cauca, Antioquia, Putumayo, Arauca y Norte de Santander.
Desplazamiento según ONU
Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en su informe ‘Impacto y Tendencias Humanitarias’, indicó que entre enero y diciembre de 2021, al menos 73.900 personas fueron afectadas por el desplazamiento forzado interno, lo que representó un aumento del 181% respecto al 2020.
Esto indica que cada día se desplazaron más de 200 personas en Colombia, debido a los ataques contra la población civil en medio del recrudecimiento de la violencia por parte de grupos armados no estatales.
Además, el informe reportó más de 2.400 ataques directos en contra de la población civil durante el año pasado, un 37% más que en 2020. “Cabe resaltar que las acciones de los grupos armados no estatales en contra de la población civil son las principales causas del desplazamiento forzado en Colombia”, se lee en el informe.
Igualmente, la ONU mencionó que las amenazas directas por medio de llamadas telefónicas, panfletos, mensajes, entre otros, provocaron la mayoría de los desplazamientos, seguido por los enfrentamientos y hostigamientos entre los grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln o estructuras dedicadas al narcotráfico.
No obstante, la entidad recalcó que alrededor de 20 mil ciudadanos pudieron regresar a sus territorios de origen, mientras que más de 53.000 continúan desplazadas en comunidades de acogida, que en su mayoría no cuentan con los recursos para suplir sus necesidades.
El informe detectó que al menos 65.600 personas fueron forzadas a confinarse por la presencia y accionar de los grupos armados, mientras que más de 85.700 personas sufrieron fuertes restricciones a la movilidad y al acceso de bienes y servicios por toques de queda por parte de esas organizaciones ilegales.
Cabe recordar que, en el mes de septiembre, la entidad había advertido que el 2021 sería el año con mayor registro de desplazamiento en el país, superando los registros del 2012. Solo en el Pacífico colombiano hay una “crisis de protección asociada a la presencia de más de cinco actores armados no estatales que disputan el control territorial y social”, añade el informe.
Llamado de Conferencia Episcopal por el Chocó
Por medio de una carta dirigida al presidente Iván Duque, la Conferencia Episcopal de Colombia solicitó, de carácter urgente, donde se exponga la situación crítica que se vive en el Pacifico colombiano, especialmente en el departamento del Chocó.
Tras la respuesta del Gobierno frente a un informe presentado por las autoridades religiosas, en la que mencionaron una “emergencia compleja que desborda la capacidad de respuesta de los organismos humanitarios nacionales e internacionales, y ante la que el Estado y el gobierno permanecían indiferentes”, los mandatos católicos calificaron como una restricción al desarrollo de su labor y vulneración de sus derechos.
“Nos pedía la Fuerza de Tarea Conjunta Titan que nos retractáramos o ampliáramos la información, la XV Brigada, con sede en Chocó, y la IV Brigada, con sede en Antioquia, nos pidieron que nos retractáramos. Es la respuesta que se ha venido dando desde la institucionalidad, concertadamente el Gobierno ha dicho que se está dando una buena intervención en el Chocó y que están cumpliendo con sus deberes constitucionales, lo cual nosotros lo rechazamos, creemos que no es así y hay compromisos que se deben fortalecer”, explicó monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó en una rueda de prensa.
Asimismo, la iglesia ha recibido dos solicitudes formales de rectificación por parte del Ejército, en la que aseguraron que le fueron afectados el buen nombre de la Fuerza Pública.
Fuente: El Nuevo Siglo
