El general Martínez Espinel era el segundo al mando de una brigada militar acusada de asesinar civiles entre 2004 y 2006, durante la guerra contra las FARC
Por: Francesco Manetto – Bogotá
EL PAÍS (Es)
El Senado colombiano aprobó la tarde de este miércoles el ascenso del jefe del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, a general de cuatro soles, el rango más alto en el escalafón del cuerpo. La cámara legislativa, integrada por 108 miembros, ratificó la promoción por 64 votos frente a uno. El resto de senadores se ausentó en señal de protesta por no poder pronunciarse sobre la promoción del militar por separado y tener que avalar tres nombramientos en un mismo paquete. El debate parlamentario sobre la figura del comandante de la fuerza terrestre, cuestionado por una polémica directiva sobre la mejora de resultados y por su etapa como segundo al mando de una brigada acusada de matar a civiles hace 15 años, primó la defensa de la institucionalidad y de su trayectoria. La reflexión en torno a las responsabilidades políticas quedó así desdibujada.
Las bancadas de las formaciones que cerraron filas con Martínez Espinel, nombrado al frente del Ejército el pasado mes de diciembre, hicieron de la votación una suerte de homenaje a las fuerzas armadas, empezando por el Centro Democrático (CD) de Álvaro Uribe. El expresidente mantuvo que más de 500 uniformados acusados de falsos positivos -asesinatos de civiles presentados después como guerrilleros caídos en combate entre el Estado y las FARC- fueron absueltos. Habló de falsas acusaciones, alabó el recorrido del general y aseguró que él mismo apartó a decenas de militares por ese tipo de hechos y Martínez Espinel nunca apareció en el listado de presuntos responsables. Durante sus mandatos (2002-2010), según la Fiscalía, se registraron más del 95% de los casos de ejecuciones extrajudiciales, que en total ascienden a 2.248 entre 1998 y 2014.
Junto al Centro Democrático, la formación que sostiene al Gobierno de Iván Duque, votaron el Partido Conservador, Cambio Radical y también los liberales. El senador Jaime Durán, de esta última fuerza, era el ponente del ascenso. Recordó que el comandante en jefe del Ejército no tiene en su contra ninguna investigación que lo inhabilite. La semana pasada la Procuraduría, el órgano de control de la función pública, abrió al general una investigación preliminar con el propósito de esclarecer “la presunta implementación de una política que podría ser similar a la de los falsos positivos” dentro del cuerpo.
Prevalecieron, en definitiva, los criterios de apoyo a Martínez Espinel -Paloma Valencia, del CD, lo calificó de “héroe de la patria” por su lucha contra la guerrilla hoy desmovilizada- por encima de la discusión política sobre las informaciones relacionadas con su pasado, su trabajo en el puesto que actualmente ocupa o las responsabilidades del que en última instancia es su jefe, el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Este se enfrenta el lunes a una moción de censura, que si se repiten los números de este miércoles ganará con holgura, motivada por sus declaraciones sobre la muerte de un exguerrillero de las FARC, supuestamente asesinado por militares en abril. El ministro intervino al final del debate para destacar una vez más la “hoja de vida impecable” del jefe del Ejército.
Expresan bien ese clima las palabras de Roy Barreras, senador del Partido de la U. “No es esta una acusación penal, aquí hay una responsabilidad política. El Ejército colombiano necesita legitimidad. No es quien pregunta por los falsos positivos quien le quita esa legitimidad”, consideró. Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, hizo una reflexión parecida. “La decisión sobre el ascenso no es una decisión disciplinaria ni es una decisión penal. No podemos convertir los hechos dolorosos en motivo de premios y ascensos”, dijo. Su formación solicitó que se votara por separado la promoción de Martínez Espinel. Lo mismo pidió Jorge Robledo, del Polo Democrático Alternativo. Se realizó una consulta sobre el procedimiento y la mayoría del Senado rechazó esa opción. “Nos quieren dividir entre los que queremos las fuerzas militares y los que no las queremos. Mentira”, mantuvo Gustavo Bolívar, de la Lista Decentes, encabezada por Gustavo Petro, sobre el debate.
Horas antes, el Ejército salió en defensa de Martínez Espinel a través de un comunicado que en, en la sustancia, se desvincula de las acusaciones que afectan a la Décima Brigada Blindada, señalada por la Fiscalía por cientos de supuestos asesinatos al margen de la ley. El general fue segundo comandante y jefe de Estado Mayor de esa brigada entre el 30 de octubre de 2004 y el 23 de enero de 2006. Es decir, “el segundo al mando con responsabilidades administrativas y no el comandante de brigada”, señala el cuerpo. Durante esa etapa se registraron, según el ente acusador, al menos 23 casos de falsos positivos. Esta circunstancia no supone ninguna incriminación o responsabilidad directa, aunque sí había alimentado un debate sobre su idoneidad para ocupar el cargo.
Un jefe de Estado Mayor de una unidad tiene también asignadas importantes funciones de gestión interna. Entre ellas, “asigna a los oficiales del Estado Mayor tareas específicas en la preparación de planes detallados, órdenes, informes y otras actividades complementarias; supervigila las acciones del Estado Mayor para asegurar que sean adecuadas, integradas y dirigidas a producir resultados deseados; aprueba las acciones del Estado Mayor u obtiene que el comandante lo haga”.
Tomado del diario EL PAÍS (Es)
