Informe destaca el difícil panorama de ser lideresa social en Colombia.
Por: María Isabel Ortiz
EL TIEMPO
En los últimos 6 años, hasta 2019, hubo por lo menos 1.339 agresiones contra mujeres líderes y defensoras de derechos humanos. Entre estas, hubo 84 casos de homicidio, aunque existe un subregistro, y las agresiones se han incrementado en los últimos años, en especial durante la implementación del acuerdo de paz.
Los datos hacen parte de la más reciente radiografía sobre violencias contra mujeres líderes en el país, presentada en el informe ‘Defensoras, voces de vida y resistencia’, elaborado por el programa Somos Defensores, Sisma Mujer, Limpal y la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz.
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El informe destaca que las lideresas están expuestas a violencias específicas y diferenciadas por ser mujeres en una sociedad en la que ha predominado la vocería masculina y en donde las prácticas y discriminaciones machistas están lejos de desaparecer.
Así, explicó Lourdes Castro, directora del programa Somos Defensores, se da una especie de intersección de riesgos para las mujeres que ejercen liderazgo en un país en el que han asesinado tan solo este año a 215 líderes sociales, según Indepaz.
Diana Salcedo, directora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal), indicó que las mujeres líderes se ven expuestas a situaciones como violencia sexual o amenazas a su entorno familiar a raíz de que muchas tienen también el rol de madre, amenazas a su entorno comunitario, entre otras. “Los riesgos en el entorno familiar están enfocados, por ejemplo, en el reclutamiento forzado y la intimidación de verse obligadas a desplazarse. Y en el comunitario, amenazas contra ellas o el proceso que están liderando”, dijo.
Añadió que los riesgos son distintos cuando se trata de mujeres indígenas y afros, quienes ya están expuestas a otra discriminación por su identidad étnica. Y también hay otros riesgos exacerbados para las líderes con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, en cuyos casos están relacionados con crímenes de odio y estereotipos de género.
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Según las cifras del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH), que incluye el informe, entre 2013 y 2019, el tipo de liderazgo con más agresiones fue el de mujeres indígenas, con 118 casos, seguido por las lideresas comunitarias, con 75; las campesinas y de víctimas, con 68 cada una; las afrocolombianas, con 66; las comunales, que registraron 63 casos; las sindicales, con 24; las educativas y ambientales, cada una con 19 registros; las lideresas de mujeres, con 23 agresiones, y las lideresas LGBTI, con 19.
Además, el informe reseña que la violencia contra defensoras se ha agudizado incluso por encima de los ataques contra hombres, pues entre 2013 y 2019.
Como presuntos responsables se identifica en un 67 por ciento (902 casos) a grupos paramilitares; del 25 por ciento (331) se desconoce el presunto autor. Y del resto se identifican como responsables a instituciones del Estado en un 4 por ciento (56 casos), disidencias de las Farc en un 3 por ciento (34 casos) y al Eln en un 1 por ciento (13 casos).
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Los lugares donde mayor número de casos han ocurrido fueron Bogotá con 483 (36 por ciento), Cauca con 127 casos (10 por ciento), Valle del Cauca con 119 (9 por ciento), Atlántico con 62 (5 por ciento), Antioquia con 61 (5 por ciento) y Santander con 50 casos (4 por ciento).
Faltan garantías
El informe destaca que, aunque existen instancias encargadas de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, como la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, “dichos esfuerzos no se han traducido en la generación de entornos favorables que garanticen a las mujeres su derecho a defender derechos humanos”.
Al respecto, Castro expresó que las organizaciones de mujeres del informe también destacaron la creación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Interior. Sin embargo, persiste el desafío de ponerlo en práctica, y es allí donde se identifican varios bloqueos institucionales para que las 28 entidades del Estado que hacen parte del programa arranquen su trabajo.
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Igualmente, tanto ella como Salcedo destacaron la necesidad de que en los análisis de riesgo que hace la Unidad Nacional de Protección para asignar esquemas de protección se tenga un enfoque de género. Además, recalcaron la necesidad de que se ponga en práctica el acuerdo de paz para proteger a los líderes sociales.
En cuanto a las investigaciones judiciales, el informe destaca que la mayoría de casos por asesinatos de defensoras de derechos humanos están en indagación. Los casos en imputación, juicio o ejecución de penas son menos del 10 por ciento, por lo que “los de homicidios de defensoras de derechos humanos se encuentran en un 91 por ciento de impunidad”.
MARÍA ISABEL ORTIZ F.
Periodista de Justicia
Tomado del portal del diario EL TIEMPO
