Le pidió a Colombia información sobre su extradición al revisar petición de medidas cautelares.
El Estado colombiano tiene plazo hasta este 31 de agosto, es decir, hasta el lunes, para enviarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos toda la información que ese tribunal le pidió sobre la extradición del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
(Le puede interesar: Extradición de Mancuso no ha sido negada por EE. UU.: Comisionado paz)
La Corte le solicitó al Estado colombiano esta información al revisar una solicitud de medidas cautelares que organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) le presentaron a favor de las víctimas de tres casos de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por Mancuso y otros paramilitares.
Se trata de las víctimas de las masacres de Ituango (2002), Pueblo Bello (1990) y Valle Jaramillo (1998).
Estas medidas cautelares fueron solicitadas ante la posible deportación de Mancuso a Italia, lo que, a juicio de la CCJ y la Cejil, puede poner en riesgo los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del exjefe paramilitar.
(Lea también: Juez ordena deportación de Mancuso a Italia)
Esto también impediría que vuelva a Colombia para cumplir las condenas y compromisos que tiene en el marco de la ley de Justicia y Paz.
El exjefe paramilitar, que fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico en 2008, terminó de pagar su condena en ese país en marzo pasado. En ese contexto, este lunes un juez federal ordenó la deportación de Mancuso a Italia, donde tiene nacionalidad. Según se ha conocido, a ese país europeo llegaría antes del 4 de septiembre.
Estas ONG solicitaron las medidas cautelares a la Corte IDH el pasado 21 de agosto, escrito en el que le piden a ese tribunal que le solicite al Estado colombiano que garantice que el proceso de extradición del exjefe de las Auc desde Estados Unidos a Colombia “se lleve a cabo de manera expedita y con apego a las obligaciones de debida diligencia”.
Las ONG también le pidieron a la Corte IDH que verifique que no haya, por parte del Estado colombiano, acciones para “obstaculizar el trámite de extradición” a Colombia de Mancuso.
(Además: Las cartas que se juega el Gobierno para que Mancuso vuelva a Colombia).
“El Estado colombiano tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos vinculados a las masacres de Pueblo Bello, Ituango y otras. Esta obligación comprende la actuación diligente y expedita del Estado colombiano en el trámite de extradición a fin de que se conozca la verdad de lo ocurrido y los graves crímenes no queden en la impunidad”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de Cejil.
Por su parte, Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, afirmó: “La deportación de Salvatore Mancuso a Italia causaría una grave afectación a los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y tendría como consecuencia una garantía de impunidad”.
Después de recibir la información de parte de Colombia, la Corte IDH deberá definir si otorga las medidas cautelares solicitadas a favor de las víctimas de Mancuso.
Además lea: Correo de EE. UU. dice que Mancuso será deportado el 4 de septiembre)
El gobierno nacional ha señalado que ha tramitado cuatro solicitudes a Estados Unidos para extraditar al país a Mancuso, una de las cuales fue retirada por petición de un juzgado. También señaló ayer que ninguna de esas peticiones de extradición ha sido hasta ahora negada por Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado, según el Gobierno, se encuentra evaluándolas. Además señaló que ha estado atento a las solicitudes y aclaraciones pedidas por las autoridades de ese país.
JUSTICIA
Tomado del portal del diario EL TIEMPO