EL TIEMPO revela declaración de un militar del Batallón de Ciberinteligencia allanado en diciembre.
La Corte Suprema de Justicia sigue manejando con absoluta reserva las razones detrás del allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia del Ejército, el pasado 18 de diciembre, que desató una tormenta por un supuesto nuevo episodio de chuzadas ilegales.
Un presunto anónimo estuvo detrás de la inspección a la sede militar, ordenada por la magistrada Cristina Lombana, y son más las especulaciones que las certezas en torno al tema.
Sin embargo, EL TIEMPO tuvo acceso a la declaración que el oficial de inteligencia Jeisen Pulido le dio Lombana un día después del allanamiento, y allí queda en evidencia qué es lo que busca la Corte. En presencia de una procuradora y del abogado Julio Andrés García, suplente de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, se inició la diligencia. Pulido empezó por afirmar que acababa de terminar el curso de Mayor y que trabajaba para la Novena Brigada.
Las advertencias
La magistrada Lombana fue clara en advertirle que no se podía escudar en la ley de inteligencia para evadir las repuestas.
Además, dijo que la diligencia se cumplía dentro de la investigación “contra el senador Álvaro Uribe por el caso conocido a nivel nacional como el del ‘hacker’ Andrés Sepúlveda y la investigación Andrómeda”.
En efecto, el alto tribunal indaga si existe algún nexo entre el exmandatario y la oficina de interceptaciones ilegales de Sepúlveda, que tenía entre sus objetivos ‘sabotear’ el proceso de paz con las Farc.
En ese contexto, a las 11:20 de la mañana, el oficial Pulido comenzó por afirmar que estaba a cargo del manejo de fuentes humanas para combatir a dos blancos, cuya tarea le fue asignada por la Brigada Militar n.º 1 en una orden de operaciones.
El oficial dijo que los blancos eran el Eln y ‘los Pelusos’. Y le negó a Lombana que existiera una misión secreta para un trabajo especial de inteligencia.
“Simplemente, mi misión dentro del batallón, que es la única unidad de inteligencia a la que he pertenecido, es reclutar fuentes informantes (fuentes humanas) para que nos den información sobre los objetivos”, afirmó.
Pero la magistrada siguió insistiendo. “¿Sabe usted si dentro de estos seguimientos hubo algún tipo de interceptación electrónica, bien sea de comunicaciones telefónicas o de correos electrónicos?”, le interrogó.
Y lanzó otra pregunta de fondo: “Voy a ser muy concreta, ¿durante el tiempo que usted ha sido oficial de inteligencia, ha podido constatar de manera directa o indirecta si la información que ha sido recogida ha llegado a manos de personal civil de la vida pública, en específico del senador Álvaro Uribe Vélez?”.
El oficial contestó: “No, señora. No me consta y no sé de eso”.
Lombana también le preguntó al capitán si había sido testigo de algún tipo de interceptación, seguimiento u orden ilícita respecto de información de inteligencia que se deba obtener frente a blancos no legítimos. Pero también lo negó.
A pesar de las respuestas del capitán, Lombana le siguió preguntando si conocía a un capitán de nombre Luis Rodolfo Moreno Rivera y si conocía cuál era su rol.
El oficial admitió que lo conocía desde la Escuela Militar y que se habían vuelto a encontrar en el Batallón de Inteligencia n.º 4, Baime 4. Sin embargo, aclaró que los objetivos de inteligencia de ese uniformado eran otros.
“Eso lo determina la plana mayor. El comandante de batallón con el oficial de operaciones y el segundo comandante”, dijo.
Lombana también le preguntó si había recibido alguna misión que vinculara a alguna persona que fuera un civil, reconocido en el país, “una personalidad público”, pero de nuevo la respuesta fue negativa.
Ya se ha pedido inhibitorio
No obstante, el oficial señaló que toda la información de inteligencia que recopilaba se la entregaba al teniente coronel de nombre Hugo Armando Díaz y que un coronel Zapata, de la Brigada Militar 1, la recibía.
Finalmente, el capitán dijo que llevaba tan solo tres años en labores de inteligencia y que por ende desconocía el caso Andrómeda.
Ni la Procuraduría ni la defensa de Uribe hicieron preguntas.
Cuando la diligencia se iba a cerrar, Lombana insistió: “¿Ha sido testigo de algún tipo de interceptación, seguimiento u orden ilícita respecto de información de inteligencia que se deba obtener frente a blancos no legítimos?”. Pero el oficial reiteró: “No, señora”.
En todo caso, el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Uribe, ha dicho sobre el caso del ‘hacker’ que su cliente ya dio sus explicaciones ante la Corte y nada tiene que ver con él. “Nunca tuvo una relación laboral ni de otro tipo con Sepúlveda”, ha indicado el penalista.
Además, ha señalado que en tres ocasiones ha pedido que se declare el inhibitorio del caso para cerrar ese capítulo.
Tomado del diario EL TIEMPO / Unidad Investigativa
