Centro Democrático anunció reforma para que puedan ser revisados fallos proferidos antes de 2018.
Con la extradición este viernes a Colombia de Andrés Felipe Arias, requerido por la justicia para que pague una pena de 17 años de prisión, como protagonista del escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), la única salida que le queda al exministro de Agricultura es que el Congreso de la República apruebe una reforma para que establezca la segunda instancia retroactiva, iniciativa que ya fue anunciada por el Centro Democrático.
Actualmente, todos los ciudadanos tienen derecho a una doble instancia en la justicia, y desde 2018, con la aprobación de un acto legislativo, este derecho quedó establecido también para los funcionarios aforados (congresistas, ministros, entre otros altos cargos del Estado).
Sin embargo, ese beneficio no cobija al exministro Arias, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2014, dos años y medio antes de la aprobación de la reforma constitucional de 2018.
Ante esto, el Centro Democrático –el partido del expresidente Álvaro Uribe y del gobierno de Iván Duque– anunció que radicará una reforma constitucional en el Congreso encaminada a instaurar la doble instancia retroactiva, para que procesos que ya fueron fallados contra los aforados constitucionales puedan ser revisados nuevamente. Esto beneficiaría a Arias, uno de los alfiles del expresidente Uribe y quien ha pedido que la Corte Suprema revise su caso, al considerar que la pena que le impusieron es “injusta e ilegal” y que es el resultado de una persecución política.
“Buscar una segunda instancia es lo único que queda”, manifestó este viernes el expresidente Álvaro Uribe. Por supuesto, al senador se le sumaron otras voces del uribismo.
No obstante, a esta iniciativa se le auguran ácidos debates en el Legislativo por “tener nombre propio” –según algunos congresistas– y porque de prosperar generaría nada menos que un sismo jurídico que afectaría todas las sentencias condenatorias que profirió la Corte Suprema hasta que se creó la segunda instancia para aforados.
Allí entrarían todos los fallos condenatorios proferidos por escándalos como la parapolítica, la Yidispolítica y contra reconocidas cabezas de carteles de corrupción.
Cabe recordar que en julio de 2014, cuando la Corte se disponía a fallar el caso de los polémicos subsidios de Agro Ingreso seguro, el exministro Arias viajó a Estados Unidos, donde pidió el asilo político. Y desde ese momento empezó su batalla jurídica para impedir la extradición a Colombia.
Aunque por el momento son más los sectores políticos interesados en que la propuesta prospere, que los que la rechazan, se da por descontado que el proyecto de la doble instancia retroactiva generará un duro pulso en el Congreso.
El senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, apoya la tesis del uribismo de que “una única instancia viola el debido proceso”. “Es importante dar ese debate, no solo por el tema de Andrés Felipe Arias, sino por muchos otros casos de personas que no han tenido un debido proceso”, agregó Aguilar.
La misma posición tiene el conservador Juan Diego Gómez, para quien la doble instancia “es un derecho constitucional”, y el senador de ‘la U’ José David Name, quien considera que “el proyecto tendrá buena acogida” en el Congreso.
El senador liberal Luis Fernando Velasco también cree que el proyecto “terminará abriéndose paso en el Congreso” y dice que “es un error plantear el debate a nombre de Andrés Felipe Arias”.
En la otra orilla se encuentran legisladores de la oposición. Uno de ellos, el senador Antonio Sanguino (Alianza Verde), dice que es “inconveniente” que el Congreso tramite un proyecto “para favorecer a una persona en particular, sería un antecedente nefasto”.
Desde la oposición también se pronunció la senadora de la UP Aída Avella, quien asegura que “la doble instancia es una garantía universal”, pero deploró que “se legisle en favor de quienes hoy están condenados por robar al país”.
Pero más allá del debate que genera la propuesta del Centro Democrático, la doble instancia retroactiva empezó a abrirse camino desde mayo pasado, cuando la propia Corte Constitucional exhortó al Congreso para que tramite una ley que permita impugnar todos los fallos condenatorios, incluso los de única instancia. No obstante, cómo se aplicaría y desde cuándo son algunos de los temas que deberá resolver el Legislativo.
Tomado del portal del diario EL TIEMPO
