A un desmovilizado del Eln, que sirvió de reclutador para de esta unidad militar del Ejército, le imputarán cargos este martes por la muerte de 14 personas ejecutadas extrajudicialmente. Militares procesados por estos hechos se acogieron a la JEP y los expedientes, según las víctimas, quedaron en el limbo.
A Luis Jhon Castro Ramírez, conocido en la guerra como el Mono o Zarco cuando estaba en el Eln, guerrilla a la que ingresó en 1994, le imputarán cargos este martes por fungir como reclutador del Ejército para cometer ejecuciones extrajudiciales. Los hechos ocurrieron en 2008, cuando integrantes del Batallón Jaime Rooke en Tolima presentaron a 14 personas como guerrilleros muertos en combate. El Mono es el eje común en al menos tres expedientes de los falsos positivos en ese departamento, donde esta unidad militar fue la protagonista. Si bien en la justicia ordinaria poco o nada avanzaron los procesos, hoy varios de los miembros del Jaime Rooke se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sus casos quedaron en un estado de letargo.
La Fiscalía le imputará cargos a Castro Ramírez este martes de manera virtual. El Mono se encuentra detenido en España desde el 25 de noviembre de 2018, con orden de extradición avalada por la justicia de ese país a finales de abril pasado. Sin embargo, no se ha ejecutado por la crisis mundial de COVID-19. Según las pesquisas, el 28 de febrero de 2008 este hombre engañó a seis personas con una falsa promesa de dinero para que se trasladaran desde Cali a una zona rural de Ibagué. Ese lugar fue seleccionado por la Sección Segunda de Inteligencia del Batallón Jaime Rooke, liderada por el teniente Cristian Camilo Niño, para supuestamente simular un combate y lograr falsos positivos operacionales.
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En ese falso combate resultaron muertos Didier Cuervo, Juan Carlos Quimbaya, José Yiner Enríquez, Nelson Vergara, José Never Ramos y Gerardo Moreno, quienes fueron reclutados por el Mono. Según la Fiscalía, la orden de operación que “legalizó” estas ejecuciones fue suscrita por el entonces comandante del Batallón Jaime Rooke, el coronel Javier Alberto Vallejo, a quien la Fiscalía le imputó cargos en agosto de 2018. Junto al oficial también fueron procesados el sargento retirado Sergio Ramírez Murillo y tres exsoldados. En esa audiencia, todos los implicados manifestaron su intención de someterse a la JEP.
La Fiscalía también encontró que un mes después de la muerte de los seis ciudadanos reclutados por Castro Ramírez, el 30 de marzo de 2008, otro comando del batallón en Tolima, el grupo especial Depredador, reportó como bajas legítimas dos nuevas ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas en esta ocasión fueron Jorge Armando Guevara Pérez y Ferney Tabares Cardona, quienes resultaron muertos en la vereda Pringamosal, en Guamo (Tolima), y según el expediente también fueron engañados por el Mono. Al parecer, el exguerrillero les prometió jugosas ganancias y bajo engaños los llevó a una trampa: los citó en la finca Montana, donde los esperaban los miembros del Jaime Rooke.
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El tercer expediente en el que Castro Ramírez aparece implicado es por el homicidio de seis personas el 23 de junio de 2008, en la vereda Doyares Recristo, de Coyaima, en Tolima. Ese día, según la Fiscalía, integrantes de la compañía Córdova 3 del Batallón Jaime Rooke, al mando del capitán Wilson Gabriel Lizcano, ejecutaron a José Villa Pareja, César Alberto Grajales Cruz, Yesid Mauricio Giraldo Niño, Wílmar Antonio Zapata Vargas, Hernando Patiño Falla y Eduardo Zuluaga. Como en los dos casos anteriores, el Mono los llevó hasta esa zona bajo engaños con falsas promesas de trabajo. En este episodio también participaron dos civiles que, al parecer, apoyaron al exguerrillero: Orfany Cárdenas Rodríguez y César Augusto Caro.
El testimonio de alias “el Mono”
Para la Fiscalía es claro que en estos tres episodios Luis Jhon Castro Ramírez actuó de la mano con Rubiel Bustos Escárraga, un sargento de inteligencia con quien inició su carrera como reclutador en Cali y a quien siguió hasta Ibagué cuando trasladaron a Bustos al Batallón Jaime Rooke. Así lo dijo Castro Ramírez en un interrogatorio del 25 de octubre. En esa oportunidad agregó que conoció a Bustos bajo el apodo de Mauricio, luego de pedirle a un amigo militar que le ayudara a ubicar a una persona que le debía plata a la guerrilla. Aseguró que lo contactó cuando decidió dejar el Eln: “Me dijo que al momento de desmovilizarse quedaba a paz y salvo con el gobierno (…) pero que para ingresar al programa tenía que colaborar mucho”.
Luis Jhon Castro Ramírez rindió ese interrogatorio en el marco del proceso por la ejecución extrajudicial de Gustavo González Daza, Víctor Hugo Mosquera Bossa y Jhon Éider Corrales, ocurridas el 6 de noviembre de 2007 en Cali. En ese episodio resultaron investigados integrantes del Batallón de Alta Montaña Rodrigo Lloreda Caicedo. Además, su declaración fue una de las pruebas fundamentales para que el Consejo de Estado concluyera que su relación con el sargento Bustos evidenciaba un modus operandi repetido en Tolima y condenara a la nación por los hechos ocurridos el 28 de febrero de 2008 en la vereda Potreritos.
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En esa sentencia del 5 de septiembre de 2015, el Consejo de Estado ordenó al Ejército hacer un reconocimiento público y pedir perdón a las familiares de las seis víctimas de ese caso, que también fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio de 2015. En ese fallo también se hizo referencia a otra declaración que rindió Castro Ramírez en 2010, en la que detalla cómo fueron asesinadas las personas que reclutó: “Me tiré al suelo, cerca del corral del ganado, y escuché muchos disparos (…). Me metieron a un baño (…). Veo a Mauricio que está cerca de uno de los muertos con un revólver, se lo coloca en la mano del muerto y lo dispara”.
Con los testimonios de Castro Ramírez, la Fiscalía imputó cargos a varios militares implicados en estos hechos. Sin embargo, no había podido judicializar al Mono porque se dio a la fuga. Al parecer salió del país por Venezuela y llegó a España con otro nombre. En ese país luego fue detenido el 25 de noviembre de 2018 y el pasado 29 de abril se aprobó su extradición. A su vez, al sargento retirado Rubiel Bustos le imputaron cargos por los tres episodios de 2008 entre 2017 y 2018 ante juzgados de Ibagué y Bogotá. El suboficial llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para pagar 276 meses de prisión por las ejecuciones de las 14 personas.
Ese acuerdo iba a ser verificado por un juez el 5 de marzo de 2020 ante un juzgado. No obstante, según explicaron abogados representantes de las víctimas, esto nunca pasó porque en la audiencia se dijo que el caso de Bustos debía pasar a la JEP. La razón: el militar firmó el acta de sometimiento a esa justicia especial y anunció su interés de colaborar, de no repetir los hechos y pedir perdón a las víctimas. A la fecha, estos casos del Batallón Jaime Rooke en Tolima no han sido priorizados por la JEP, que estableció como macrocaso 003 las “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
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“Hemos notado que las respuestas de la JEP en los casos de ejecuciones extrajudiciales en Tolima no han sido priorizadas. Tampoco los militares han tenido un compromiso claro, concreto y programado de verdad y reparación para las víctimas”, dijo Ómar Laiton, del Colectivo de Abogados Opción Jurídica, que representa a una de las 14 víctimas de los tres hechos de 2008. Laiton cuestionó además que “muchos fiscales no pueden tomar decisiones de fondo en medio de las investigaciones que actualmente tienen a su cargo, toda vez que la Fiscalía así lo ordenó mediante circulares”.
“En similar situación se encuentran los jueces, que de manera oficiosa, sin que la JEP los solicite, envían los procesos que ya están en etapa de juicio o sentencias. Lo que genera un atraso. Ya la JEP ha dicho que la justicia penal ordinaria puede seguir ejerciendo su competencia hasta que esta justicia especial anuncie públicamente sus conclusiones”, agregó. El abogado Reynaldo Villalba, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien también representa a víctimas de estos hechos, pide que haya justicia, pues han pasado 12 años y no se ha presentado sentencia alguna.
Más casos del Batallón Jaime Rooke
El Colectivo de Abogados Opción Jurídica lleva tres casos más que relacionan a integrantes de esa unidad de la Sexta Brigada del Ejército que decidieron acogerse a la JEP y, por tanto, sus procesos en la justicia ordinaria están suspendidos. Por ejemplo, se encuentra la muerte de Mauricio González, ocurrida el 8 de octubre de 2008. González salió en compañía de tres amigos a comprar materiales para un pedido de artesanías y nunca volvió. Fue presentado como guerrillero de las Farc muerto en un combate. Su familia aseguró que esto es mentira y los amigos de González declararon que fueron detenidos en la vía por tropas del Ejército, que señalaron a González de guerrillero y lo golpearon y dispararon.
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Otro más tiene que ver con la muerte de Marco Fidel Ángel Sánchez, el 23 de diciembre de 2007 a manos del grupo especial Depredador, que estaba bajo el mando del capitán Wilson Granada Díaz. Según las pesquisas, el homicidio ocurrió en la vereda Martínez del municipio de Rovira. Allí, Sánchez fue reportado como un guerrillero de las Farc dado de baja en combate. Después de tener que pedir que el caso fue trasladado de la Justicia Penal Militar a la ordinaria, la Fiscalía llevó a juicio al Eduar Bermúdez Cardona, quien aceptó cargos en 2013.
En ese expediente también fueron acusados los militares Edwin Posada Posada, Wilson Granada Diaz, Nelson Montaño, Isaac Portela, Lisandro Trujillo, y Jorge Eliécer Gaitán Duque. La muerte de Orlando Patiño Nieto, ocurrida el 24 de enero de 2008 en la vereda San Francisco de Ibagué, por tropas del grupo “Depredador” es otro de los procesos que llegó a la JEP. En la Fiscalía apenas estaban en etapa de investigación. En la mayoría de los casos reseñados, las víctimas cuentan con una respuesta de la Secretaría Ejecutiva de la JEP que les informa el proceso para acreditarse como víctimas ante esa jurisdicción.
Tomado del portal del diario EL ESPECTADOR
