Ente acusador señaló que garantizará los derechos del procesado y la víctima.
El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez no ha pasado aún de la Corte Suprema a la Fiscalía General, por lo que por ahora no es posible resolver la petición del abogado Jaime Granados de concederle libertad inmediata al exsenador.
Así lo señalaron fuentes de la Fiscalía que insistieron en que no es posible tramitar esa petición sin que el proceso haya sido entregado formalmente.
Añadieron que una vez se cumpla con la entrega del voluminoso expediente se estudiarán ese tipo de peticiones. La Fiscalía hizo este miércoles su primer pronunciamiento oficial luego de conocerse la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de trasladarle el expediente por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
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Inicialmente, el ente acusador señaló en un breve comunicado que acata la decisión y que una vez sea entregado se asignará a un fiscal que lo “asumirá con autonomía, adelantará las acciones investigativas y tomará las decisiones necesarias con absoluta responsabilidad y rigor, en estricto respeto por las garantías constitucionales que les asisten al procesado, las víctimas y demás involucrados”.
En el comunicado, la Fiscalía pidió “a la sociedad y a los diferentes actores públicos respetar el rol autónomo e independiente que cumple la entidad, y cada uno de los funcionarios como parte de la Rama Judicial”.
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El ente investigador no aclaró si el proceso será asignado por reparto o si el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, hará uso de la facultad legal para asignar los procesos y determinará a qué despacho llegará la investigación.
Fiscal General fue recusado
Este mismo miércoles, y sin que aún se hubiera tomado ninguna decisión en el caso, el senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en la investigación contra el exsenador Uribe Vélez, recusó al fiscal Barbosa Delgado.
Cepeda señaló a EL TIEMPO que recusó ante la Corte Suprema de Justicia al fiscal y a su vicefiscal, Martha Janeth Mancera, y añadió que de ser aceptada la recusación, tendría que ser la misma Corte, y no el presidente Iván Duque, la que tendrá que avanzar en la definición de un fiscal ad hoc para este proceso.
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“Creemos que el Presidente ha fijado posición pública, que es una abierta simpatía, toma de partido, por el señor exsenador Uribe. En ese caso está impedido para, de una manera imparcial, proponer a quien pudiera desempeñarse como investigador en este caso”, dijo Cepeda. Y agregó que tras interponer su recurso en la Corte, todas las actuaciones quedan suspendidas hasta el momento en el cual este sea resuelto por el alto tribunal.
Por su lado, el expresidente Uribe trinó este miércoles: “La libertad es un bien inapreciable, pero para mí la honorabilidad es lo prioritario, por eso el énfasis en las pruebas”.
JUSTICIA
Tomado de portal del diairo EL TIEMPO
