Cuatro fiscales de derechos humanos investigan denuncias de exceso de la fuerza.
Un grupo de cuatro fiscales de derechos humanos, acompañados de tres decenas de peritos forenses, adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de 10 personas en Bogotá y Soacha durante las violentas protestas de la semana pasada y que registraban en sus cuerpos heridas de bala.
El equipo, que se reunió este fin de semana con la cúpula de la Fiscalía, ya realizó la inspección judicial de los sitios en los que cayeron muertas esas personas, recogieron vainillas, accedieron a los videos de las cámaras de seguridad e hicieron labores de vecindario realizando entrevistas a posibles testigos de los hechos registrados el miércoles y jueves de la semana pasada.
Se espera que Medicina Legal entregue hoy los dictámenes de las víctimas, con los que se podría tener más claridad sobre el tipo de munición y datos de la forma como ingresaron al cuerpo. Esto, dijeron investigadores, es importante para plantear hipótesis sobre las trayectorias de los disparos y la distancia de los mismos.
El fiscal general, Francisco Barbosa, no solo priorizó la investigación sobre la muerte de Javier Ordóñez, registrada en la madrugada del miércoles tras una violenta agresión por parte de dos integrantes de la Fuerza Pública, sino también las pesquisas por los actos ocurridos desde ese momento en la ciudad.
En el primer caso, dijeron investigadores, esta semana se conocerán las decisiones iniciales de fondo, que se traducirían en audiencias de imputación de cargos.
En el segundo, las investigaciones avanzan, aunque sin una hipótesis definitiva. Cada caso se está examinando individualmente y aún no es posible señalar que las balas que ocasionaron las muertes de los ciudadanos fueron disparadas por uniformados.
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Durante la reunión de este fin de semana con la vicefiscal general, Martha Mancera, y la directora de Seguridad Ciudadana, Carmen Torres, se definió el plan metodológico de la investigación. En esta será clave el laboratorio de balística de la Dijín, que cuenta con un software denominado Sucoba o Sistema Único de Comparación Balística, el cual permite analizar las vainillas de las balas disparadas y establecer si el arma usada ya ha sido detectada en otras investigaciones judiciales.
Tras los desórdenes se mandó que las armas usadas por policías en cuatro localidades, entre ellas Suba y Kennedy, fueran entregadas en los armerillos, en donde permanecen en custodia. De ellas, 37 ya fueron entregadas al CTI de la Fiscalía y se está en espera de nuevos requerimientos. Sobre ellas se iniciará el cotejo de las vainillas.
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En los videos no solo se observa la acción de los uniformados, sino que ya hay detectados civiles armados sobre los que se viene indagando.
Como parte de la investigación, la Fiscalía pedirá acceso a las comunicaciones de la policía durante la jornada de protestas para examinar los diálogos que tuvieron los uniformados.
Por el lado de la Inspección de la Policía, avanza el censo de las armas y la munición que cada uniformado tiene de dotación.
Hasta ahora se han abierto 41 investigaciones disciplinarias en las que aparecen 65 policías. Igualmente hay 215 investigaciones por ataques contra la Fuerza Pública. El director encargado de la Policía, general Gustavo Moreno, dijo que los uniformados que actuaron contra el reglamento y los protocolos y pusieron en riesgo a la ciudadanía “también tendrán que responder”.
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El procurador general, Fernando Carrillo, le dijo a este diario que, además de usar el poder preferente para asumir la investigación disciplinaria por la muerte de Javier Ordóñez, también le notificó a la Policía que el Ministerio Público asumirá la investigación por el uso excesivo de la fuerza durante los operativos en la ciudad. De hecho, ya se designó un equipo que iniciará esta semana la recolección de información.
Esta semana se cumplen los tres días hábiles que le dio la Procuraduría a la Policía para que entregue la información que permitirá identificar e individualizar “a cada funcionario que reportó el gasto de munición, el servicio o lugar donde prestaba sus servicios en el momento en que hizo uso de las armas y munición, la cantidad de ellas o demás elementos utilizados, la identificación del arma que disparó y la justificación o explicación correspondiente reportada por cada servidor público que hizo uso de ellas”.
La Procuraduría pidió, además, las copias “de las instrucciones, directrices u órdenes institucionales impartidas por la Dirección de la Policía y los diferentes comandos adscritos a los lugares donde ocurrieron los hechos, sobre el comportamiento que debían tener los miembros de la Policía para la atención de las protestas y los hechos violentos”.
Carrillo señaló que no es momento de debilitar a la Policía, pero sí de tomar decisiones para avanzar en reformas.
En los desórdenes, señaló la Policía, resultaron heridos 308 uniformados y 258 civiles. En total fueron afectadas 81 unidades de policía y 127 vehículos a nivel nacional.
JUSTICIA
Tomado del portal del diario EL TIEMPO
