El excomandante del Ejército asegura que no participó en seguimientos ilegales.
Por: Alicia Liliana Méndez
EL TIEMPO
El general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército, quien está en periodo de vacaciones antes de pasar a la vida civil y en el ojo del huracán por un supuesto caso de chuzadas, habló con EL TIEMPO sobre las razones de su retiro.
Aseguró que no ha cometido delitos y no descarta que con el apoyo de otra entidad del Estado se hubieran hecho chuzadas.
Esto, con referencia a la publicación de la revista Semana, la cual afirma que el paso al costado del general a fines del año pasado, se daba por una serie de escuchas ilegales realizadas desde dos batallones, las cuales lo vincularían con la actividad ilícita.
No, yo me enteré este sábado de la publicación de Semana. El 8 de diciembre me reuní con mi esposa y mis dos hijos, discutimos una situación personal de carácter familiar, y, con lágrimas en los ojos, los cuatro decidimos que debía irme.
Al otro día me reuní con el presidente Iván Duque y el ministro de la Defensa y les expuse la situación.
Ellos quedaron atónitos ante mi decisión. El señor Presidente me dijo que me tomara unos días para pensarlo. Me dijo: “hombre, no se vaya de baja, tómese unas vacaciones”. Pero el 23 de diciembre le reiteré mi decisión y el 27 me reuní con el general Eduardo Zapateiro.
¿Cómo fue la transición?
Tuvimos el tiempo suficiente de hacer un empalme con el general Eduardo Zapateiro, le presenté el trabajo de cada unidad y las cosas internas, tanto operacionales como administrativas, que él debe manejar. Yo tuve el mando del Ejército hasta el 30 de diciembre, y salí con honores.
¿De dónde cree que salen las versiones en su contra sobre chuzadas?
No tengo la menor duda de que es la retaliación por denunciar y prevenir hechos de corrupción al interior del Ejército, en los que mucha gente deja de lucrarse de contratos, eso genera molestias. Hay intereses económicos muy fuertes.
¿Ya había enfrentado este tipo de procesos?
En este momento no tengo investigaciones, no he sido llamado a comparecer ante ningún ente de control.
Pero el fiscal Fabio Espitia anunció este lunes una investigación…
Exacto, apenas ayer la abrieron y me parece muy bien. Voy a acudir donde me llamen, yo no tengo ningún problema con eso. Al contrario, es lo mejor para mí, ya que con base en esa investigación se tiene que demostrar mi inocencia. Tengo mi conciencia tranquila, estaré atento a los requerimientos de las autoridades competentes que investigan estos hechos. Entre más rápido, mejor y que -por favor- se llegue hasta las últimas consecuencias.
¿Usted mandó escuchar de forma ilegal a alguien, con alguna finalidad?
El Ejército está amparado bajo la ley para realizar ese tipo de actividades. Nosotros utilizamos la inteligencia para perseguir a delincuentes y objetivos de alto valor, nosotros no les hacemos inteligencia a políticos, periodistas o magistrados.
Pero la publicación menciona testigos que hablan del tema…
Lo importante es que el tema salió a la luz pública, que se investigue. Yo no descarto, no lo puedo hacer, la posibilidad de que una persona vinculada al Ejército lo haya hecho (chuzadas) con el apoyo de otro organismo.
Tiene información sobre ese respecto…
No tengo ninguna información; si la tuviera, ya habría hecho la denuncia.
General, en el artículo se refieren a unos equipos sofisticados para interceptar llamadas y mensajes de texto, ¿usted los usó?
Yo no los conozco, no los utilicé y no creo que tengamos ese nivel de herramientas. No tenemos ese nivel de capacidad.
¿Cuándo se enteró del allanamiento al batallón de Comunicaciones en Facatativá?
En el mismo momento cuando llegó la comisión judicial al batallón, y de inmediato se lo informé al señor comandante de las Fuerzas Militares y al señor ministro de Defensa.
¿Qué explicación le dieron sobre esa diligencia?
Como diligencia judicial goza de reserva y de su debido proceso. Pero ordené todo el apoyo para facilitar la intervención y las investigaciones pertinentes.
Este lunes, en un comunicado, usted dijo que acudirá a las instancias judiciales que sean necesarias, ¿a qué se refiere?
A que voy a luchar con todas las herramientas jurídicas para demostrar mi inocencia, por mí, por mí familia y el honor de mi institución.
¿Usted tiene enemigos en el Ejército?
No, considero que no los tengo, pero sé que muchos no consideraban que yo fuera a llegar a ser comandante del Ejército, y eso genera cierto desconcierto entre los que esperaban que llegara otra persona. Reiterándole que la gran molestia en torno a mi labor es hacer las cosas bien, sin recibir dádivas y administrar y liderar adecuadamente la institución.
¿Cómo está su relación con el presidente Duque?
Sobresaliente. Hacia el señor Presidente mi lealtad eterna, soy un hombre leal y agradecido y a él le debo mucho, al igual que a mis compañeros de armas y a mis subalternos. Al señor Presidente hay que apoyarlo, de esto depende el futuro de Colombia, tengo la certeza de que el pueblo colombiano eligió a la persona correcta y capaz para dirigir los destinos de la patria.
¿Qué les dice a los uniformados que estaban bajo su mando?
Los mejores jueces de mi trabajo y labor en el Ejército son ellos, mis subalternos. Conocen mi desempeño, puede que sí se afecte la moral de quienes entregan todo, a veces inclusive hasta su vida, por calumnias, pero también sé que el espíritu de un buen soldado es inquebrantable porque les debe su honor a Dios y a la misma Patria. Le repito, tengo mi conciencia tranquila. No tengo ningún temor.
El caso que motivó inspección a unidad militar
Una investigación en manos de la magistrada Cristina Lombana, de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la cual busca establecer si existió alguna relación entre el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y las actividades ilegales del hacker Andrés Sepúlveda, fue lo que motivó el inusual allanamiento al batallón de comunicaciones del Ejército en Facatativá (Cundinamarca), el 18 de diciembre pasado.
En el 2015, la Fiscalía compulsó copias a la Corte para que evaluara si la versión de Sepúlveda, según la cual el expresidente recibía información reservada de algunos militares descontentos con el proceso de paz, tenía validez.
Fuentes oficiales le confirmaron a este diario que el día del operativo en el batallón se cumplieron ocho declaraciones de uniformados vinculados a esa dependencia, y -en medio de esas declaraciones adelantas por la Corte- se realizó la inspección del lugar para obtener información de sus actividades.
El caso, explicaron fuentes de ese tribunal, no tiene relación con las nuevas revelaciones de Semana sobre supuestos seguimientos e interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y políticos, entre otros, que habrían llevado a la salida del general Nicacio Martínez del Comando General del Ejército.
La compulsa de copias de la Fiscalía llegó, en principio, al despacho del exmagistrado José Luis Barceló, quien alcanzó a practicar varias diligencias. De hecho, en mayo del 2015, Uribe rindió versión libre en la Corte para aclarar las manifestaciones iniciales que dio Sepúlveda –condenado a 10 años de prisión por espionaje a los negociadores de paz– sobre la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático.
Sepúlveda sostuvo que el expresidente, supuestamente, sabía de sus actividades para conseguir información sobre el proceso de paz. Igualmente, señaló que incluso hubo información obtenida ilegalmente que llegó a manos de Uribe.
Este lunes, el abogado de Uribe, Jaime Granados, señaló que la inspección realizada en diciembre nada tiene que ver con hechos recientes. “Se están juntando cosas que no tienen nada que ver, se busca desinformar e intentar vincular esa inspección por un caso de hace más de cinco años con otras denuncias”, indicó Granados.
Este lunes, la Corte Suprema expidió un comunicado en el que pidió a las autoridades una investigación “que llegue a la verdad sobre el delicado episodio, frenar los efectos de las acciones criminales denunciadas e imponer todo el peso de la ley a los responsables de este ataque contra la democracia colombiana”.
Alicia Liliana Méndez
Redacción Justicia
Tomado del diario EL TIEMPO
