El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en entrevista con este diario señaló que el nuevo decreto, que le asigna funciones para buscar y evaluar la voluntad de sometimiento de los Grupos Armados Organizados en Colombia (GAO), contribuye a saldar una de las deudas del acuerdo de paz de La Habana (Cuba), en la que se exige el desmonte de estructuras heredadas del paramilitarismo y alternativas para sus miembros.
Este martes, el Gobierno Nacional autorizó en el decreto 601 de 2020 al alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, verificar la voluntad real de sometimiento a la justicia de los Grupos Armados Organizados en Colombia (GAO) que, según el Gobierno, hoy hacen presencia en Colombia. Dentro de ellos el Ejecutivo incluye a las llamadas disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (llamadas por el Gobierno como Clan del Golfo), el EPL, los Caparrapos y la guerrilla del ELN.
En entrevista con este diario, Ceballos detalló que el Gobierno lanzará una ruta de sometimiento para las personas que pertenecen a estos grupos y quieran voluntariamente “volver a la legalidad”. Eso sí, dejó claro que sólo podrá hacerse de manera individual, pues no se está hablando de procesos de paz o sometimientos colectivos. El alto comisionado fue enfático en que el único grupo armado con el que podría existir un acuerdo es con el Eln, pero la posibilidad cada día está más remota, teniendo en cuenta que hoy esta organización dijo que no prorrogará el cese al fuego unilateral.
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El funcionario guardó silencio sobre posibles negociaciones con los altos mandos de estas organizaciones y dejó claro que, por ahora, el Gobierno no ha construido un proyecto de ley que reemplace a la Ley 1908 de 2018, impulsada por el gobierno de Juan Manuel Santos, que daba un plazo de seis meses para que los miembros de estos grupos se sometan. Ese plazo se venció el 9 de enero de 2020, sin embargo, Ceballos espera que con este decreto y la ruta que anunció, que saldrá en los próximos días, los combatientes dejen las armas.
¿Cuál es el alcance del decreto?
El decreto 601 de 2020 tiene como objeto crear una función para el comisionado de Paz, complementaria a las que tiene desde hace varios años, ¿cuál es el complemento? verificar la voluntad real del sometimiento a la justicia de los Grupos Armados Organizados en Colombia (GAO). Esta decisión del presidente Iván Duque es coherente con lo expresado hasta ahora: este es un Gobierno que quiere la paz en el contexto de la legalidad y de la justicia.
En las consideraciones del decreto, se menciona que el artículo 2 de la Ley 1908 de 2018 (ley de sometimiento para los grupos posdesmovilización del paramilitarismo que impulsó Santos) se definió a los GAO como “[ … ] aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas [ … ]” ¿Qué grupos para el Gobierno tienen estas características?
En Colombia hay cinco GAO, de acuerdo con esta caracterización, que por ley debe hacer el Consejo de Seguridad Nacional. Dicho consejo le da el mismo carácter tanto al Eln, al Clan del Golfo (AGC), las disidencias de las Farc, al Epl y los Caparros. Hoy cuatro de esos grupos que no tenían una ruta para tránsito a la legalidad. El único que sí tenía un mecanismo establecido de desmovilización era el Eln, que ha sido aplicada durante años. Entonces, la función del comisionado de Paz será recibir el interés, como dice el decreto la voluntad, a través de acercamientos a la oficina o a pesar que el comisionado autorice. Cabe aclarar que la nueva función no es el sometimiento, sino verificar la voluntad de esas personas de someterse. En los próximos días daremos a conocer una rutas para los otros grupos. Es importante aclarar que, para que esto sea posible, debe ser individual.
¿Por qué decidieron dejarlo tan acotado en GAO?
Los otros grupos, llamados de delincuencia organizada, tienen un tratamiento distinto y no se les aplica de igual manera el Derecho Internacional Humanitario y no se les aplica el uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública. Decidimos respetar la caracterización que se hizo en la Ley 1908 de 2018 y no caer en que la posibilidad de que la delincuencia común se beneficie de esos tratamientos.
Pero estos no son procesos de paz…
Correcto. Estamos hablando de cinco grupos armados y sólo uno de ellos es reconocido con carácter político: el Eln. Con ese grupo, de cumplirse las condiciones impuestas por el señor presidente Iván Duque, es decir, la entrega de todos los secuestrados y ceses de acciones criminales, se podría entablar un diálogo y llegar a un acuerdo de paz. Pero este es el único grupo con el que podría hacerse este tipo de acuerdo. Los otros cuatro no tienen ese reconocimiento y por eso no se pueden hacer sometimientos colectivos. Pero esta decisión es importante, porque hay muchas personas que no quieren estar en estas organizaciones. En el contexto de la pandemia, hay una gran preocupación de muchos miembros de esos grupos por su salud y la de sus familiares. El hecho de no existir una ruta de sometimiento podría generar que se conviertan en un factor de riesgo para las comunidades donde operan estos grupos.
¿Con quién el Gobierno priorizaría estas verificaciones de voluntad de paz de estos grupos y cómo van a analizarla?
Este es un proyecto que ya tiene muchos años en Colombia. Cuando se creó la línea de sometimientos y desmovilizaciones en el gobierno del presidente Álvaro Uribe se logró la desvinculación de 30.000 personas de forma individual. La ruta que dije que haremos pública coincide en la ya existente y que se aplicó durante años para los excombatientes de las Farc. En este sentido, quien hace la verificación de la voluntad de paz es el comisionado de Paz, pero luego debe ser verificada por una comisión interinstitucional, compuesta por la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, la Agencia de Reincorporación y Normalización, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en caso de que sean menores) y la Oficina del Comisionado para la Paz. Esta última con voz, pero sin voto. El diseño y la ruta consulta la experiencia de más de 15 y 20 años en estos procesos.
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¿Qué beneficios tendrán las personas que decidan acudir a esta ruta de sometimiento?
Serán muy similares a los que siempre ha habido en los procesos de reincorporación, es decir, económicos de entrada y que luego se mantienen en una ruta de cinco a seis años, con unos pagos mensuales que se les viene haciendo a las personas de otros grupos armados que decidieron volver a la legalidad, que ascienden a los $480.000 y una suma inicial de beneficios a la persona que se somete, que está entre los 10 y 12 millones para esa persona y su familia. A través de la Agencia de Reincorporación y Normalización, encargada de estos procesos de excombatientes, se les entregan 8 millones de pesos adicionales para proyectos productivos.
Por otro lado, en los beneficios penales, como lo vimos en la ley de sometimiento colectivo de 2018, realmente en la práctica, el sometimiento es individual, porque cada persona debe firmar un acta. En los beneficios jurídicos que se aplican son los que están vigentes en el Código de Procedimiento Penal. Cuando hay colaboración activa, los fiscales pueden proponer ante los jueces preacuerdos o aplicación de principio de oportunidad y en esos casos pueden llegar a una rebaja de la pena del 50%.
En el acuerdo de paz se creó la Comisión Nacional de Garantías, cuyo fin último es eliminar los grupos derivados del paramilitarismo. Esta Comisión ya le había hecho unas sugerencias al Gobierno para adelantar este punto del acuerdo de paz. ¿Se tomaron elementos de esa propuesta para la creación de este decreto?
Este decreto es una respuesta positiva y concreta a las propuestas presentadas por la Comisión. Como lo establece la ley, esta organización tiene como objetivo el desmantelamiento de los grupos armados que afectan a los líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, además de quienes están implementando el acuerdo. Una de las recomendaciones fue el tema del sometimiento. Los componentes de la sociedad civil de la Comisión presentaron una serie de propuesta, que concordaba con la posición del Gobierno en la necesidad de crear rutas de sometimiento para los miembros de los GAO.
Surge la duda de si este decreto es la antesala a algo más grande… ¿Ya hay contactos adelantados con jefes criminales, como Dairo Úsuga David conocido como Otoniel?
Eso hace parte de la reserva obligada que tienen estos procesos para protegerlos y preservar la seguridad de las personas que quieren someterse.
¿Tendrían las disidencias de Farc beneficios adicionales?
No, son los mismos que los demás GAO.
¿El Gobierno piensa impulsar una ley similar a la 1908?
De acuerdo con lo que esta coyuntura vaya mostrando, el Gobierno en su prudencia tomará la decisión que corresponda.
Hugo Alberto Torres, obispo del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, estuvo en los acercamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el gobierno de Juan Manuel Santos. Él asegura que esos acercamientos iban a buen puerto, hasta que se cambió de Gobierno y se acabó la vigencia de la ley. ¿Cree usted que eso es así?
Realmente no es que se haya cancelado sino que traía un periodo de implementación que, consideramos, fue demasiado corto. Cuando entramos al Gobierno esa ley ya no estaba en vigencia. Eso quiere decir que no fue una responsabilidad de nosotros, sino de la propia decisión del Congreso en su momento cuando la aprobó.
En las comunidades de Urabá, Antioquia y Chocó dicen que las AGC, llamadas Clan del Golfo por el Gobierno, están fortalecidas y extendiéndose a gran escala. ¿Qué información maneja sobre esto?
Precisamente, una de las cosas que debemos y queremos evitar es la expansión de estos grupos. Estamos hablando de casi 7.000 hombres y mujeres alzados en armas, de los cuales, 2.500 pertenecen al Eln, 2.600 están en las disidencias de las Farc, unos 1.600 del Clan del Golfo, unos 200 del Epl y otros 100 de los Caparros. Estos grupos no pueden seguir creciendo. Su expansión está relacionada, especialmente, en las zonas que usted menciona con el control de rutas del narcotráfico y de la minería ilícita. Este momento es crucial para hacer un llamado a quienes están en esos grupos y no tienen una opción distinta, que hagan el tránsito a la legalidad. Aquí hay muchos beneficios: primero, conservar su vida; segundo, recuperar su libertad en el marco de la legalidad, y tercero, en el de pacificar sus comunidades y garantizar a sus familias un futuro.
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En el caso de los gaitanistas, ¿el Gobierno ha pensado apoyarse en la Iglesia Católica para rodear e impulsar un eventual sometimiento que ponga fin a la violencia en Urabá, Antioquia y Chocó por parte de las AGC?
La Iglesia Católica siempre ha expresado su voluntad de apoyar todos los caminos de paz y estamos seguros de que en esta ocasión lo seguirán haciendo.
Por otro lado, ¿qué piensa de que el Eln no haya extendido el cese al fuego unilateral?
Nosotros pensamos que hay una falta enorme de sintonía de los cabecillas del Eln. Los dos que han hecho declaraciones, uno se encuentra en Cuba y el otro en Venezuela. Parecería que ni tienen un buen contacto con los miembros de su organización y parecen desconectados con una realidad que necesita la no acción la violenta. En medio de una situación económica complicada y que las personas también están intentando protegerse, me parece una decisión desafortunada y muy poco sintonizada con la realidad del pueblo colombiano.
¿No hubiera sido más fácil y beneficioso para el país iniciar acercamientos con ellos o lo que el Gobierno busca es que se sometan de manera individual y ya ?
Las condiciones establecidas son absolutamente claras y, es más, compartidas por una gran mayoría de la sociedad civil, que incluyen sectores de oposición del Gobierno Nacional. Esas condiciones siguen siendo válidas y vigentes. En Colombia, en este momento que se firmó un acuerdo de paz que se está implementando, permitir que los grupos armados sigan secuestrando, reclutando menores e instalando minas antipersonal iría en contra de la propia tendencia de la historia y los tiempos que estamos viviendo, sino también con las decisiones de los jueces en el país que consideran que ninguno de esos delitos son amnistiables.
Tomado de diario EL ESPECTADOR
