En Meta, Guainía y Guaviare han asesinado a 7 ex-Farc y a una lideresa social en ocho meses.
Por: Nelson Ardila Arias
EL TIEMPO
Por el asesinato de siete exintegrantes de las Farc y de una lideresa social, así como atentados a otros líderes, amenazas y desplazamientos de comunidades indígenas en los departamentos de Meta, Guainía y Guaviare, la Iglesia y las organizaciones de derechos humanos están alarmadas.
Un informe de la Pastoral Social regional suroriente colombiano señala que los actos de violencia en los últimos ocho meses ponen en evidencia su preocupación, “que sin duda alguna vienen agudizándose, atentando contra los derechos a la paz, las garantías de participación, la autonomía y la justicia social”.
El documento conocido por EL TIEMPO, que contiene los reportes de las diócesis y vicariatos de seis departamentos de la jurisdicción de la Pastoral Social regional, reseña los asesinatos de los excombatientes de las Farc Alexander Parra, en la vereda Buenavista, de Mesetas; Rafael Zapata, en San Juan de Arama; Imel Flórez Forero y Belle Esther Forero, en la vereda El Rubí, en La Macarena; Albeiro Gallegos, en la vereda Villa Nueva Alta, de La Macarena, y Emilio Zapata, en la inspección de la Julia, en Uribe (Meta).
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También aparecen en la lista de asesinados el exintegrante de las Farc Duver Esneider Solano, en la vereda Buenavista, en Mesetas, con la salvedad de que su homicidio fue producto de una riña; la lideresa por comunidades indígenas e integrante de las juntas de acción comunal de Puerto Nariño, en Guainía, Olga Lucía Hernández, y el ciudadano Wilson López Galvis, en La Macarena.
A ellos se suman las amenazas y el robo de que fue víctima la lideresa social de la vereda El Porvenir, de Puerto Gaitán, Luz Dary García, y los atentados en contra del excombatiente de las Farc José Ángel González Acosta, en la vereda Santa Lucía, de Puerto Rico, y el líder comunal y fiscal de Asojuntas en la vereda Lomalinda, de Vista Hermosa, Diego Fernando Londoño.
El documento señala que a estos hechos se suman situaciones de alta vulnerabilidad para la población indígena como las amenazas del 12 de abril pasado en contra del asentamiento Aseinpome, de la comunidad sikuani, sobre la carretera que conduce a la vereda El Porvenir, en Puerto Gaitán, por las amenazas realizadas por hombres armados, tal y como lo documentó la Corporación Claretiana.
Así mismo, el desplazamiento de cuatro familias de la comunidad jiw, del resguardo de Barranco Colorado, en San José del Guaviare, hacia el municipio de Mapiripán, en la zona Las Zaragozas, por conflictos internos de la comunidad y presencia de grupos armados.
La Pastoral Social también manifiesta su preocupación por los enfrentamientos de los últimos días entre la Fuerza Pública y los campesinos por la erradicación de cultivos de uso ilícito en el sur del Meta y Guaviare. También advierte de un posible resurgimiento del paramilitarismo en Puerto López y Puerto Gaitán, como lo evidencia la alerta temprana 17 de 2020 de la Defensoría del Pueblo.
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La mayoría de estos hechos han ocurrido en el departamento del Meta donde las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 2.100 millones de pesos por información que permita la ubicación y captura de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y Miguel Botache, alias Gentil Duarte, jefes disidentes de las Farc de los frentes primero, séptimo y cuarenta de las disidencias de las Farc en Meta y Guaviare.
El anuncio lo hicieron recientemente el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, tras un consejo de seguridad en el que dieron a conocer el cartel de los delincuentes más buscados en el departamento y ante las acciones violentas que se han venido registrando en los municipios de Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa.
También se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información sobre el paradero de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; de hasta 40 millones de pesos por Eulises Hernández Fonseca, alias Alirio Mata Vaca, y Ronal Arnulfo Torres Huertas, alias Boyaco; y de hasta 20 millones de pesos por Wilson Valencia Mota, alias Maneto, y Yeison Alexander Camacho Cortés, Negro Pipe.
Uno de los últimos homicidios ocurrió en la vereda Caño Veinte, finca El Delirio del municipio de Vista Hermosa, donde asesinaron a Inés Acuña Rodríguez, una mujer de 35 años. A partir de ese momento las autoridades establecieron un plan de choque microfocalizado para el control territorial de las 50 veredas de Mesetas, Vista Hermosa, Uribe y La Macarena, aunado al control sobre el río Guayabero.
Incluso, en el consejo de seguridad se hizo una solicitud a la Unidad Nacional de Protección para que se revise la seguridad de los alcaldes de Mesetas, Vista Hermosa, Uribe y La Macarena. También se determinó que la Policía asigné un policía para el esquema de seguridad del alcalde de Uribe, y lo asesora para la compra de un vehículo destinado a su seguridad.
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El ministro Holmes Trujillo hizo un llamado a la comunidad para “apoyar a las autoridades y compartir cualquier información sobre la ubicación de estas personas sea compartida a través de las líneas de la Dijín de la Policía o del 123”, recordando que se garantiza absoluta reserva para quienes entreguen la información.
De su parte, el vicario apostólico de Inírida (Guainía), monseñor Joselito Carreño Quintero, expresó, tras el asesinato de la líder en Puerto Nariño Olga Lucía Hernández, un asentamiento en la frontera con Venezuela, que aparentemente sería el resurgimiento del narcotráfico que ella venía denunciando.
Y señaló que tras esa experiencia tan cercana “se hace necesario crear esa sensibilización local y nacional porque nos hemos ido anestesiado de tal manera de que esta realidad no nos está impactando y no nos estamos haciendo escuchar, especialmente por parte del Gobierno, que tiene la responsabilidad de salvaguardar y proteger la vida de todos los colombinos y no vemos acciones concretas y tangibles”.
Monseñor Carreño resaltó que “los lideres se encargan de atender los derechos de las comunidades marginadas y a las que les hace falta todo y clamó por el respeto a la vida de todos, la cual se ve constantemente amenazada por las innumerables violencias en nuestro territorio”.
NELSON ARDILA ARIAS
Para EL TIEMPO
VILLAVICENCIO
Tomado de diario EL TIEMPO
