Informe cárceles y mujeres en Colombia

Foto: Isabel Ortigosa / CICR / CC BY-NC-ND

Hay una necesidad urgente de implementar un enfoque diferenciado de género

Personas cabeza de hogar, de bajos recursos, sin estudios superiores, y víctimas de algún tipo de violencia: es el perfil de las mujeres privadas de libertad en las cárceles colombianas. La mayor parte no han cometido delitos violentos y son infractoras por primera vez, según los reportes judiciales existentes.

El número de mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) pasó de 1.500 en 1991 a 7.944 en junio de 2018. Este acelerado incremento del 429%, contrasta con el aumento del 300% en el número de hombres en el mismo período.

De hecho, el 53.4% de ellas narra haber cometido el delito por razones relacionadas con su vulnerabilidad económica. El 45,2% fue detenida por delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte de pequeñas cantidades de estupefacientes, siendo usualmente, los eslabones débiles y fácilmente sustituibles de la cadena delictiva.

Por ello su detención en centros de reclusión no afecta significativamente a las organizaciones y redes criminales, y en cambio sí tiene impacto en su núcleo familiar: al momento de su encarcelamiento el 85% eran madres, y el 54% de ellas vivían con sus hijos menores de 18 años, de los cuales eran las principales cuidadoras y fuente de ingresos económicos para su manutención.

Con su detención, se rompe el núcleo familiar. Esto deja a los hijos expuestos al trauma de la separación, el estigma, y las presiones sociales y económicas que, a su vez, pueden llevarlos a vincularse con grupos delincuenciales, reproduciendo un ciclo de violencia permanente.

Preocupado por esta situación, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha realizado una investigación junto a la Pontificia Universidad Javeriana, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE) . El resultado es el informe Mujeres y prisión en Colombia: necesidades y efectos diferenciados por razón del género, realizado a partir de más de 1.100 encuestas a hombres y mujeres privados de libertad en siete centros penitenciarios del país.

La investigación cuestiona si la prisión debe ser la principal respuesta frente a las mujeres que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana, que son infractoras por primera vez y que son responsables del cuidado de sus familias. Las medidas alternativas son más efectivas y tienen un menor costo para reducir la reincidencia, mejorar las posibilidades de reinserción y mitigar las vulnerabilidades a las que se ven expuestas las mujeres cuando entran en el sistema penal.

Este estudio confirma la necesidad urgente de implementar un enfoque diferenciado de género en el diseño, ejecución y evaluación de la política criminal y penitenciaria, así como de ampliar el uso de medidas alternativas para mujeres con responsabilidades de cuidado que hayan cometido delitos no violentos.


Tomado del portal del Comité Internacional de Cruz Roja CICR

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