El Fiscal se reunió con magistrados de Sala de Instrucción y hoy se hará notificación a las partes.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se reunió ayer con el fiscal general Francisco Barbosa Delgado, quien se desplazó hasta las instalaciones del alto tribunal para hablar con los magistrados sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Esa reunión, que fue convocada por la Corte, duró aproximadamente 30 minutos y en ella, según confirmaron fuentes a EL TIEMPO, se habló sobre cómo sería la logística bajo la cual se le entregaría el proceso al ente acusador. Al cierre de esta edición la Corte no había hecho oficial ninguna decisión y fuentes oficiales señalaron que hoy en la mañana se hará la notificación oficial a las partes.
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El abogado Jaime Granados, quien defiende a Uribe, dijo que estuvo todo el día en el alto tribunal por otra diligencia y se acercó a la Secretaría de la Corte. Allí le informaron que aún no había ninguna notificación oficial del caso. Dijo que lo que esperaban es que la Corte pasara el caso a la Fiscalía, tal como lo han pedido ellos y la Procuraduría.
Según dos fuentes de alto nivel, el futuro del caso Uribe se debatió en una sala virtual realizada desde ayer en la mañana.
Ante la posibilidad de que el caso pase a la Fiscalía General, expertos y fuentes oficiales plantearon varios interrogantes sobre la logística y los alcances que tendría una decisión en ese sentido. Inicialmente señalaron que no es claro cómo seguiría la investigación en el ente acusador. (Lea también: Fiscal y Corte hablaron de cómo sería la entrega del proceso de Uribe).
Las dudas sobre lo que viene
¿Quién encabezará la investigación? ¿Bajo qué ley? ¿En qué etapa procesal queda? ¿Podría quedar libre el expresidente? ¿Puede el Fiscal General estar impedido en este caso? son al menos cinco de las dudas que surgen. Sobre esto surgieron opiniones diversas frente a lo que viene.
Sobre quién recibirá la investigación, un jurista explicó que debería llegar a la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía, que, a su vez, debería asignarla a un fiscal especializado de la Unidad contra la Administración Pública.
Según el penalista Camilo Burbano, lo más probable es que el mismo fiscal Francisco Barbosa sea quien designe a un fiscal especializado para que lleve el caso. Otra posibilidad es que, por el conocimiento de los hechos, se le entregue al fiscal Daniel Hernández, quien imputó cargos por estos mismos hechos a Diego Cadena, exabogado de Uribe, así como a su ayudante Juan José Salazar y conoce el caso.
Si el fiscal Francisco Barbosa decide usar la facultad legal para asignar los procesos y entregarlo por el interés e importancia, por ejemplo, a un fiscal delegado ante la Corte, a esto suma otro ingrediente: el senador Iván Cepeda –quien es considerado víctima en este caso–, aunque afirmó que acataba y respetaba las decisiones de la Corte, dijo que recusará al fiscal Barbosa, así como a la vicefiscal Martha Mancera, porque aunque no llevarían las investigaciones directamente, al ser las cabezas del ente acusador considera que con ellos no está garantizada la imparcialidad.
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También dijo que, al recusarlos, pedirá que el presidente Iván Duque se declare impedido para presentar eventualmente una terna para elegir un fiscal ad hoc.
Los juristas consultados coinciden en que Cepeda tendría que demostrar que el Fiscal General está ante una de las causales (como que tiene una amistad con Uribe, que se ha pronunciado anteriormente en este caso o que tiene un interés particular) para poder recusarlo.
Tras definir a quién se le asigna el caso vendría un asunto más complejo: establecer bajo qué ley se sigue llevando la investigación. Esto, porque la Corte Suprema llevaba el proceso por la ley 600 mientras que, cuando se trata de hechos posteriores al 2005, la Fiscalía General lleva los casos por la ley 906.
Esto es clave porque el cambio de sistema incidiría sobre la etapa en la que sigue el caso y si Uribe puede quedar libre o no. Además, en el viejo sistema (la ley 600) lo actuado se considera prueba y en el nuevo (ley 906) todo lo que se ha hecho es apenas evidencia.
Si sigue en la ley 600, la Fiscalía continuaría en la etapa en la que iba la Corte, es decir, en la investigación para más adelante determinar si lo llama a juicio ante un juez.
Pero si cambia a la ley 906, no está claro si hay que imputar de nuevo cargos ante un juez de garantías, si la Fiscalía debe pedir –si así lo considera– una medida de aseguramiento, o si esas etapas ya están superadas y se avanza a la acusación.
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Según Burbano, quien cree que el caso debe seguir por la ley 600, la medida de aseguramiento seguiría por el momento incólume, aunque luego el fiscal puede revisarla o revocarla por solicitud de la defensa.
Pero si pasa a la Ley 906 –dijo–, todo se vuelve más complejo porque “los sistemas no son equiparables”. Así, aseguró, al fiscal del caso le tocaría “retrotraer la investigación”, empezar de nuevo con las pruebas que reciba de la Corte y pronunciarse sobre si va a imputar cargos, y después decidir si pide a un juez la detención.
El exmagistrado Jaime Arrubla afirma que hay un fallo del 2011 del exmagistardo Alfredo Gómez que indica que cuando cesa el fuero los procesos deben seguir bajo el sistema por el que empezaron, es decir, en este caso se debería continuar por la ley 600. Pero cree que si el proceso cambia a la Ley 906, el fiscal al que llegue es el que deberá resolver los vacíos sobre la etapa procesal y la libertad de Uribe, agregando que, según la ley, los vacíos siempre se resuelven a favor del procesado.
En cambio, para José Fernando Mestre, director de derecho penal de la Javeriana, el proceso se debería llevar por la ley 906 y esto implicaría que habría que empezar desde ceros. Sin embargo, afirma que como aquí hay una medida de aseguramiento vigente no ve tan sencillo que esa decisión se pueda anular como si no existiera.
De otro lado, si el proceso cambia al sistema acusatorio (906), para el penalista Juan José Castro esto podría llevar a que un juez haga control sobre pruebas que la Corte ya había incluido, como interceptaciones de llamadas entre Uribe y Diego Cadena, o la interceptación que se hizo por error al teléfono del expresidente, pruebas que han sido rechazadas por la defensa del expresidente al considerarlas ilícitas.
Según la profesora de derecho de la Universidad Libre Claudia Orduz, el caso debería pasar a la Ley 906, pero considera que no hay que volver a iniciar toda la investigación, pues se debe tener en cuenta lo que ya hizo la Corte Suprema de Justicia.
En ese caso –dijo–, la medida de aseguramiento sigue vigente y como a su juicio en este caso ya se superó la imputación, la Fiscalía debería definir ahora si acusa a Uribe o si precluye el caso.
JUSTICIA
Tomado del diario EL TIEMPO
