La historia de los asesinatos que están reconociendo las Farc

Foto: Jesús Antonio Bejarano fue uno de los primeros estudiosos de la violencia política en Colombia. Lo asesinaron en 1999 tras un fugaz paso por la Sociedad Colombiana de Agricultores. Archivo El Tiempo

Tras sorpresivo reconocimiento de responsabilidad en crimen de A. Gómez, estas son otras víctimas. 

Además de la sorpresiva admisión de responsabilidad en el magnicidio de Álvaro Gómez, que casi 25 años después da un giro dramático en cuanto a posibles responsables, las Farc anunciaron en una carta a la Jurisdicción Especial de Paz su intención de reconocer otras cinco muertes que marcaron las peores décadas de la guerra en el país.

(En contexto: Farc reconoce responsabilidad en homicidio de Álvaro Gómez Hurtado y otros cinco casos)

os asesinatos del exprofesor de la Universidad Nacional Jesús Antonio Bejarano (1999), del excomandante del Ejército y exministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes (1995); del excongresista Pablo Emilio Guarín (1987) y de dos jefes guerrilleros (Hernando Pizarro Leongómez y José Fedor Rey (alias Javier Delgado) también están en la lista que los jefes de las Farc se comprometen a confesar plenamente. ​

Salvo el caso de Gómez y, en menor medida, en el de Bejarano, en los otros expedientes se había señalado a esa guerrilla por los asesinatos. Esto es lo que había hasta ahora en esos procesos.

Las hipótesis en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado

El asesinato del excandidato presidencial y ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Álvaro Gómez Hurtado sacudió a Colombia el 2 de noviembre de 1995, en plena crisis del gobierno Samper Pizano por el escándalo de la infiltración del cartel de Cali en su campaña presidencial del año anterior (el famoso Proceso 8.000).

A lo largo de un cuarto de siglo, las hipótesis se habían movido entre un supuesto crimen de Estado -la familia sostiene que altas fichas del gobierno de turno veían a Álvaro Gómez como su principal crítico-; un asesinato cometido porque Gómez se negó a apoyar un supuesto intento de golpe contra Samper (la tesis del mismo expresidente, que señala que el magnicidio buscaba además precipitar su caída del poder), y un crimen perpetrado por los paras y el cartel del Norte del Valle para favorecer a altos políticos de la época (apoyada en la versión que en su momento dio el desaparecido exjefe de las Auc Carlos Castaño y que han mencionado algunos capos del norte del Valle como ‘Rasguño´).

(Lea también: Capos del narcotráfico citados a declarar por caso Gómez Hurtado)

La hipótesis de la autoría de las Farc sorprende porque hasta ahora no había en la investigación del magnicidio un solo indicio fuerte hacia esa guerrilla. De hecho, la familia de Álvaro Gómez la calificó como «indignante» y sostiene que buscaría, a través de la mediación de Piedad Córdoba, supuestamente favorecer al expresidente Ernesto Samper.

En el momento del crimen, las Farc empezaban su peor escala guerrerista con las grandes tomas de poblados y bases militares. Y en cuanto a sus relaciones con Álvaro Gómez, siempre lo vieron como uno de los grandes ideólogos y líderes del establecimiento. De hecho, le fueron abiertamente hostiles por décadas, en buena medida por su condición de hijo del expresidente Laureano Gómez, uno de los mandatarios más duros del siglo pasado en Colombia y protagonista de primera línea en la conocida época de La Violencia.

(Lea además: ‘Hipótesis infame’: hijo de Álvaro Gómez sobre declaración de Piedad Córdoba)

Pero el Álvaro Gómez Hurtado de finales de los 80 y comienzos de los 90 era visto por la izquierda colombiana como un opositor respetado. Más desde su participación en la Constituyente del 91 y tras su intenso trabajo por lograr que el país empezara a cambiar las estructuras de poder que él denominaba «el régimen». Por eso sorprende que las Farc hayan participado en ese asesinato y por eso el país seguirá con lupa las confesiones de los jefes guerrilleros que han anunciado su intención de hablar ante la JEP.

El crimen del ‘profe’ Bejarano

El crimen de Jesús Antonio Bejarano, en septiembre de 1999, es otro de los miles perpetrados en los años más duros de la guerra en Colombia que permanecen en la impunidad.

Fue un ataque de sicarios en plena capital del país y solo hasta ahora hay un reconocimiento abierto de las Farc de que sus garras estuvieron detrás de la muerte de uno de los hombres que, paradójicamente, más lucharon por la paz de Colombia.

Hasta ahora se tenían versiones off the record y algunas deducciones: estas apuntaban a que algunos de los sectores más guerreristas de las Farc consideraban a Bejarano como enemigo porque terminó aceptado la presidencia de la Sociedad de Agricultores Colombianos (SAC), que en su momento fue una de las organizaciones gremiales más duras en contra de las guerrillas.

Bejarano, según recuerdan varios de sus allegados, consideró esa oportunidad como una puerta para llevar nuevas ideas a una organización pétrea. Pero pocos meses antes de su muerte renunció a la SAC, precisamente por esas tensiones con el establecimiento del agro, que lo consideraba demasiado ‘izquierdoso’.

Jesús Antonio Bejarano fue un académico de la paz. Economista y profesor de la Universidad Nacional, a comienzos de los 90 se embarcó en la búsqueda de la paz con las guerrillas y su firma aparece en los acuerdos que llevaron a la desmovilización del EPL en el gobierno Gaviria.

También fue negociador oficial en las negociaciones de Tlaxcala y Caracas con la Coordinadora Nacional Guerrillera, que no terminaron en nada y que fueron el inmediato antecedente de la peor escalada violenta de las Farc en la historia: las sangrientas tomas de la segunda mitad de los 90 que dejaron centenares de civiles, policías y militares muertos y al menos 300 uniformados secuestrados.

El asesinato de Landazábal

Cuando al general Fernando Landazábal Reyes lo mataron durante su caminata matinal en mayo de 1998, nadie dudó en apuntar a las Farc.

Para ese momento Landazábal llevaba más de una década retirado del Ejército, arma en la que fue uno de los generales más poderosos por años y, sin duda, uno de los claros exponentes de la ‘línea dura’. Los sicarios utilizados por las Farc lo mataron a unos pocos casos de su apartamento en el norte de Bogotá y el par de escoltas que tenía en ese momento poco pudieron hacer para impedirlo.

Landazábal era el típico militar latinoamericano de la época de la Guerra Fría. Formado en la famosa Escuela de las Américas de Estados Unidos, veía cualquier negociación de paz con las guerrillas izquierdistas como una claudicación del Estado y por eso, como ministro de Defensa, se opuso de frente al proceso que su jefe, el presidente Belisario Betancur, inició con todos los grupos subversivos desde que llegó a la presidencia en 1982.

La paz de Belisario llegó incluso a la firma de acuerdos con las Farc y con el M-19, pero no tenía bases sólidas. La oposición política y militar llevó al presidente a sacar a Landazábal de su cargo como comandante del Ejército, pero al final el proceso fracasó porque tanto desde el lado del establecimiento como desde las guerrillas se impusieron siempre los sectores más guerreristas.

Al final del gobierno de Betancur ocurrió la sangrienta toma del M-19 del Palacio de Justicia, y todos los acuerdos con los grupos guerrilleros explotaron en el gobierno Barco. En todo ese tiempo, y durante los años posteriores, Fernando Landazábal siguió siendo un oficial reconocido entre los militares colombianos y en los sectores de derecha.

Y, según se reconfirma ahora con la confesión de los jefes de las Farc, su nombre nunca salió de la lista de enemigos de esa guerrilla, que lo asesinó cuando se acercaba a los 80 años. 

El caso de Guarín, el ideólogo de las autodefensas

Pablo Emilio Guarín fue uno de los ideólogos de las Autodefensas del Magdalena Medio, las mismas que marcaron la primera etapa del paramilitarismo en Colombia y que terminaron siendo protagónicas en el asesinato de Luis Carlos Galán.

Lo mataron en 1997 siendo representante a la Cámara por el Partido Liberal y en todo este tiempo siempre hubo certeza de que los sicarios que le dispararon estaban al servicio de las Farc.

Guarín fue uno de los hombres más cercanos a Henry de Jesús Pérez, el hombre que proclamó en los 80 a Puerto Boyacá como la ‘capital antisubversiva de Colombia’ y que fue el primer gran capo paramilitar del país. Él fue quien trajo al mercenario israelí Yair Klein para entrenar a las primeras bandas ‘paras’ y uno de sus sicarios, Jaime Eduardo Rueda Rocha, fue el asesino de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989 en la plaza de Soacha.

Tras el asesinato de Pérez, una nueva generación paramilitar liderada por los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño empezó a ascender y terminó por convertir a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en un ejército irregular de alcance nacional.

Aunque se sabía que las Farc habían asesinado a Guarín, las versiones que llegarán a la JEP deberán aportar mayores elementos de verdad sobre los crímenes de las Farc en esa etapa de formación de los primeros ejércitos paramilitares en el país.

Las purgas internas de las Farc 

A Hernando Pizarro Leongomez, hermano del reconocido académico Eduardo Pizarro y del asesinado exjefe del M-19 Carlos Pizarro Leongomez, lo asesinaron en febrero de 1995 en el norte de Bogotá en un falso operativo del CTI.

Hernando Pizarro y uno de sus lugartenientes, Jose Fedor Rey (alias Javier Delgado) eran las cabezas del grupo Ricardo Franco, una disidencia de las Farc en el Cauca que en su momento aterrorizó al país cuando se conocieron los juicios sumarios en los que se ordenó el asesinato de al menos 160 miembros de esa guerrilla, la mayoría de ellos indígenas.  Muchos de ellos fueron masacrados a garrote y con cuchillos. Ese episodio se conoce en la historia de la guerra en Colombia como la masacre de Tacueyó.

En su momento, se especuló con una supuesta complicidad oficial en el asesinato de Pizarro, pero ahora las Farc confirman la versión más fuerte: que ejecutaron la sentencia de muerte que les habían impuesto a los dos jefes del Ricardo Franco.

En el caso de José Fedor Rey, fue capturado en 1995 y se le impuso una pena de menos de 20 años a pesar de que reconoció su responsabilidad en los centenares de asesinatos de Tacueyó.

Cuando empezaba a contemplar la posibilidad de salir libre por rebajas de penas y otras gabelas judiciales fue asesinado en su celda en la cárcel de Palmira. Lo encontraron ahorcado y desde un primer momento la investigación apuntó a las Farc. Ahora, esa hipótesis se confirma.


Tomado del diario EL TIEMPO