Para concretar la adhesión, hace falta la revisión de una ley en la Corte Constitucional, y el trámite de otra más en el Congreso.
Cuando se creía que todo iba bien respecto a la vinculación de Colombia a la Ocde, conocedores del tema han expresado su preocupación porque este objetivo se habría estancado en los últimos meses.
De hecho, una fuente conocedora del tema, que pidió mantener su nombre en reserva, le dijo a Portafolio que “aunque en este momento solo falta que nos den el ‘carné’, el país puede asistir, participar y seguir haciendo las cosas que se venían haciendo y avanzar en los compromisos que tenemos pendientes. De hecho, Colombia debe participar en los comités y los grupos de trabajo”.
A pesar de lo anterior, la fuente agregó que en la agenda del Gobierno Nacional se estaría dejando de lado este tema y que el Ejecutivo pudo haber tramitado, el año pasado, una ley que todavía falta por aprobar, pero no se hizo.
“Me preocupa que al gobierno de Iván Duque le ha faltado d interactuar con la organización. Es clave tener una institución que esté pendiente de todo, que las otras entidades asistan y que los Ministerios vayan, etc. Es decir, hay que tener una mínima representación y no debe ser la embajadora o el representante permanente como tal, sino que lo puede hacer la embajadora, pero tiene que tener un apoyo, porque toda esta labor no puede hacerlo solo una persona”, aseguró.
SIN EL ‘CARNÉ’
Sin embargo, fue contundente al señalar que todo el proceso de adhesión y de revisión “no se paraliza porque nos falte el ‘carné’ que lo oficializa, pero acá en el país, el Gobierno debe sacar adelante cuanto antes la ley que falta para la adhesión, a la cual debería ponerle de nuevo mensaje de urgencia”, añadió.
La fuente concluyó que “mientras tanto, la embajadora puede participar y asistir a las reuniones, solo no podría votar, aunque allá pocas veces pasa eso; de resto, el Ejecutivo debe seguir haciendo cosas, pero si algo puedo decir es que todos los comités nos aprobaron el ingreso, con base en unas reformas y políticas públicas que concretamos. Ahora, el Gobierno puede y debe seguirlas haciendo”.
Por ahora, la única ‘señal de humo’ que ha dado Duque sobre este tema fue la reunión que tuvo con Ángel Gurría, secretario general de la Ocde, en noviembre pasado, donde se limitó a hablar sobre un memorando de entendimiento firmado en su momento.
No obstante, para Viviane Morales, embajadora del Gobierno ante Francia y la Ocde, “hay que dejar claro que el gobierno anterior no dejó a Colombia como miembro de la Ocde, sino con la invitación a ser miembro, pero aún hacen falta los convenios de adhesión y de privilegios e inmunidades”.
Y añadió que “cuando se retiró el gobierno pasado, ninguno había sido aprobados por el Congreso; apenas iniciaban el trámite y el presidente Duque tuvo que acelerar este proceso, porque para la Ocde es muy difícil comprender que todavía faltase ese proceso al interior del país. En fin, nosotros seremos miembros plenos en agosto de este año, si nos va bien”.
Mientras tanto, el país está en un periodo de transición en el cual participa y asiste a las reuniones del llamado ‘club de las buenas prácticas’, incluyendo, por ejemplo, las visitas de parte de funcionarios de los ministerio de Hacienda y Comercio, y de algunas superintendencias, pero aún no cuenta con una misión formal, ni ha comenzado el proceso post adhesión, que incluye el cumplimiento de compromisos en siete diferentes aspectos.
Esto quiere decir que Colombia aún no podría enmarcar las políticas públicas con el “sello de calidad de la Ocde”, como lo dijo en su momento el expresidente Juan Manuel Santos, cuando celebró que la organización invitó formalmente a Colombia a ser el miembro 37 del selecto grupo.
FALTAN DOS TRÁMITES
La embajadora Morales coincidió con la fuente consultada por Portafolio, en el sentido de que “al ser miembro pleno el país está comprometido con el cumplimiento de estándares, políticas y recomendaciones que va a ser la Ocde”, y reiteró que Colombia no se ha dado cuenta de la dimensión y las implicaciones que tiene en cuanto a políticas de medioambiente, comercio, regulación, gobernanza y educación.
Más allá de las reuniones y encuentros, el ingreso del país a la Ocde trae consigo la recepción de documentos con obligaciones y recomendaciones contenidas en varios instrumentos, las cuales el país tendrá que ir implementando y a las que la organización le pasará corte de cuentas.
No obstante, estos no han arrancado formalmente, debido, como lo afirmó Morales, a que “primero se tiene que definir cómo será la misión que participará de Colombia, pero de esto dependemos de que se aprueben las leyes que faltan. En fin, la misión debe ser robusta, ya que solo con un embajador y un asistente no es posible; el país que tiene el menor grupo cuenta con siete funcionarios de naturaleza diplomática y con categoría de consejero”.
A nivel local, las cosas parecen encontrarse en stand-by, pues aún están pendientes dos trámites: uno en el Congreso y otro en la Corte Constitucional. En el primero falta que se apruebe el acuerdo de inmunidades y privilegios (que establece las reglas de los funcionarios de la Ocde, con respecto a temas jurídicos, acciones judiciales, operaciones cambiarias, impuestos y aranceles).
En tanto, el alto tribunal apenas empezó el estudio de la ley que aprobó el acceso a la Ocde, firmada por el Presidente a principios de enero, pero a la que le falta el visto bueno de la Corte Constitucional. Por ahora, la esperanza es que en agosto queden listos estos asuntos, de tal modo que la misión arranque a trabajar antes de finalizar el 2019.
Tomado del portal del diario Portafolio
