Esta semana se cumplieron 13 años del asesinato de los políticos. Familiares piden más respuestas.
Este fin de semana, la Asamblea del Valle del Cauca rindió homenaje a los 11 diputados asesinados hace 13 años, el 18 de junio del 2007. Además de elevar honores a los políticos, incluido el único sobreviviente, Sigifredo López, se reiteraron las solicitudes de verdad a la Farc, porque consideran que las versiones que ha dado este movimiento surgido de la antigua guerrilla no están completas.
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Estas son las claves de la versión colectiva que Farc entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 3 de diciembre de 2019, en ampliación territorial de la versión colectiva que dieron por el caso 01, conocido como el de secuestros. Aunque el 30 de marzo pasado se iba a realizar una reunión de excombatientes para continuar con los compromisos que los exguerrilleros asumieron en La Habana para cumplir con las demandas de las víctimas, el aislamiento ha frenado este proceso.
Los familiares de Edison Pérez Núñez, Héctor Fabio Arismendi Ospina, Rufino Varela Cobo, Nacianceno Orozco Grisales, Alberto Quintero Herrera, Jairo Javier Hoyos Salcedo, Ramiro Echeverry Sánchez, Juan Carlos Narváez Reyes, Carlos Charry Quiroga, Carlos Alberto Barragán López y Francisco Javier Giraldo Cadavid todavía esperan más respuestas.
Aunque en marzo se conocieron en medios de comunicación algunas de las observaciones a las víctimas, la defensa de los comparecientes de Farc asegura que no han recibido traslado de estas y que no se van a pronunciar “sobre la base de lo que sale en la prensa”. Sin embargo, fuentes señalaron que el documento de diciembre ya respondía algunas de esas inquietudes.
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Fueron ejecutados
Aunque la versión colectiva de Farc insiste en que la muerte de los 11 disputados ocurrió en medio de un enfrentamiento, reconoce que fue una ejecución. Fue en junio de 2007, en zona rural de Nariño. Cuentan que llevaban varios días de operaciones y enfrentamientos militares. “En esa zona había enfrentamientos con Eln, paramilitares, Ejército y Policía”, aseguran.
Estando allí, aseguran, un centinela y otra guerrillera vieron acercarse a siete hombres camuflados, entre quienes reconocieron a ‘Alexis’, del frente 29. En ese momento, los 12 diputados secuestrados en abril del 2002 en Cali estaban en poder del frente 60, comandando por el ‘Grillo’ o ‘Gilberto Arroyave’.
El comportamiento de ‘Alexis’, dicen, les pareció extraño, pues decía que quienes lo habían reconocido no eran de las Farc, sino del Eln. Entonces, empezó la descarga de fuego sobre el campamento, según cuentan: “En ese instante se escuchó la ráfaga de fusil sobre este, allí pensamos que los hombres que llegaron con ‘Alexis’ eran del Ejército y creíamos que nos habían asaltado, que era una operación de rescate. ‘El Grillo’ salió de inmediato hacia el punto de encuentro que se había definido por si esta situación se presentaba”.
A continuación, dice que “los guerrilleros que lograron salvarse y salir de los disparos fueron llegando al punto de encuentro”, donde el encargado informa al ‘Grillo’ que los diputados “habían muerto”. El guerrillero indicó a su comandante que “pensaron que habían sido asaltados” y que “los iban a matar a todos y acogiendo la orden que tenían en caso de asalto, les dispararon a los diputados”.
De hecho, en otro apartado puntualizan que ese era el plan en caso de un intento de rescate militar. En sus palabras, “La orden era evacuar primero los prisioneros por cualquier flanco, luego de eso o nos replegábamos o combatíamos según la situación, si caíamos bajo fuego enemigo del que no tuviéramos salida, la primera medida que debíamos tomar era resguardar a los retenidos, pero en caso de no ser posible, la orden era ejecutarlos”.
La versión colectiva de Farc asegura que después de esos hechos no supieron más de las personas que les dispararon, que “salieron corriendo del área, abandonando sus siete equipos”. Sin embargo, aseguran que tras su investigación que ‘Alexis’ y sus hombres fueron los primeros en disparar contra la guardia del campamento y el lugar de pernoctación de los diputados.
“La guerrillerada respondió al fuego y según instrucciones, les disparó, pues como se mencionó, la primera medida era resguardar a los retenidos y evacuarlos siguiendo el plan; la última opción era disponer de su vida, solo si teníamos al enemigo muy cerca y si había un rescate inminente, que fue lo que se pensó”, dice la versión entregada a la JEP.
Un año después, ‘Aldemar’, comandante del frente 29, le informó al ‘Grillo’ que ‘Alexis’ había sido llevado a “consejo de guerra” y “encontrado culpable de aportar información de inteligencia al Ejército que contenía las instrucciones sobre nuestro accionar, nuestra ubicación y el modo en el que operábamos”.
Los exguerrilleros aseguran en su versión que ese desenlace no estaba en sus planes, no solo por el costo político que les significaba, sino por las pérdidas humanas. Incluso, aseguran que sintieron dolor con la muerte de los 11 diputados con quienes habían “convivido” por cerca de cinco años en el trasegar por Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Sigifredo López se ha mostrado en contra de estas versiones, particularmente respecto a la idea de que entró un grupo de hombres armados al campamento. Dijo que es falso que los hombres fueran disidentes, sino que pertenecían al frente 29. Sin embargo, la versión conocida por este diario reconoce que, por lo menos ‘Alexis’, era de ese frente.
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Hubo cadenas
Una de las polémicas más profundas sobre los hechos del secuestro de los 12 diputados tiene que ver con el trato recibido por estos durante su cautiverio, pues la versión de la Farc señala que en todo momento trataron de darles un trato digno, y que esa era la directriz de la organización, pero López ha señalado que no hay trato digno posible cuando se está privado de la libertad de forma ilegal y en circunstancias tan adversas.
En la versión entregada a la justicia, los reincorporados se esfuerzan por resaltar la humanidad de quienes tuvieron cautivos: “Hablábamos mucho con ellos, nos parecían inteligentes, humildes y de buen humor, eran buenas personas”, dicen. No obstante, señalan hechos que contradicen la afirmación de que les dieron buen trato.
“En algún momento Narváez y Sigifredo sí llevaron cadenas, pero fue una medida transitoria y duró pocos días, esto se debió a un trato irrespetuoso frente al personal de custodia”, cuentan. Justamente este es un episodio que el exdiputado López ha recordado y por el cual ha reclamado.
La versión de Farc continúa diciendo: “La verdad es que nosotros no teníamos motivos para el maltrato, pensábamos que no había razón para ello; los diputados eran personas humildes, formadas y muy decentes, que, en ocasiones, se veían superadas por su situación”.
“Sabemos que, aunque los diputados sufrieron afectaciones físicas y morales producto de la retención y de las condiciones de la selva, la idea nunca fue causarles daño ni que duraran mucho tiempo allí, esto nos decíamos entre nosotros y con los diputados para animarlos y animarnos en el duro trayecto que pasábamos”, se lee en otro apartado.
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Este es uno de los puntos en que más inconformidad han sentido las víctimas, pues la Farc asegura que se preocuparon de garantizarles “alimentación, condiciones de salud adecuadas, un lugar idóneo para dormir, buena convivencia entre ellos y la guerrillerada, espacios dignos para caminar y ejercitarse, espacio y material para leer y escribir, la posibilidad de escuchar radio y en general, de atender cualquier queja o petición de su parte”.
Esto, para los familiares, es un intento de mostrarse como una organización respetuosa del Derecho Internacional Humanitario, pero no señala la dimensión de lo que significa estar secuestrado por años en medio de las selvas, en duras marchas y en condiciones difíciles para personas de la edad y condiciones de salud que tenían los diputados.
Allí, incluso, las víctimas han presentado a la JEP observaciones sobre lo que la antigua guerrilla asegura que les daba de comer. Asimismo, aunque la versión dice que “siempre se guardó una distancia prudencial entre los lugares de descanso y los sanitarias” y que “se les respetó la privacidad, tanto a la hora del baño como a la hora de hacer sus necesidades”, Sigifredo López ha controvertido esto en sus declaraciones públicas
Los ahora comparecientes ante la JEP también dicen que nunca tomaron correctivos contra los diputados, por ejemplo, cuando en 2003 Sigifredo López, Nacianceno Orozco y Alberto Charry intentaron escapar. Incluso, aseguran que entendían sus ansias de libertad. Sin embargo, reconocen que las largas caminatas hicieron “estragos” en los diputados, que sufrieron peladuras en las piernas y la entrepierna y vieron agudizados sus problemas de salud. “Francamente fueron muy fuertes”, aseguran los exguerrilleros.
Los archivos de los diputados
Una solicitud reiterada de los familiares de los diputados del Valle ha sido que les entreguen las pertenencias de sus familiares, a las que no tuvieron acceso cuando recibieron los cuerpos de sus seres queridos, hace 13 años. Entre estas están las artesanías que ellos construyeron durante su cautiverio, así como los cuadernos en los que escribían a menudo.
Según la versión de Farc, el constante movimiento no les permitía conservar ni siquiera su propio archivo. “Todos perdimos muchos objetos personales en medio de las marchas”, dicen. Agregan que los cuadernos se iban acumulando y no los podían transportar. Además, que en algún momento los mandaron a guardar en una casa campesina, “pero la familia fue desplazada por paramilitares de la región y perdimos definitivamente el contacto”.
“No pudimos guardar las camándulas, las artesanías, ni ningún objeto”, dicen, 13 años después de esos hechos. También cuentan que las pertenencias de los diputados al momento de su muerte “fueron incineradas y enterradas” porque no las podían cargar con ellos ni dejarlas donde ocurrieron los hechos.
Los responsables
¿A quién juzgará la JEP como máximos responsables de estos hechos? Las víctimas pidieron que el ‘Grillo’ sea juzgado como “máximo responsable del crimen de guerra que terminó con la vida de los once diputados”. Fuentes de Farc aseguraron que este ha sido uno de los comparecientes que más ha aportado en las versiones a la JEP sobre estos hechos.
Según su versión, no solo era el comandante del frente 60, sino de la comisión que creó las Farc por orden de ‘Alfonso Cano’ específicamente para encargarse de los diputados del Valle. Este asunto genera un sinsabor en las víctimas, en tanto muchos de los señalados que podrían ser máximos responsables ya están muertos, como el caso de ‘Cano’, quien para entonces era el miembro del secretariado con poder en la región.
Incluso, señalan que otras personas, quienes sí están vivas, no tienen responsabilidad directa. “Contrario a lo que suele decir la prensa y fuentes abiertas, los camaradas ‘Francisco González’ o ‘Pacho Chino’ y ‘Pablo Catatumbo’ no tenían comunicación con esta comisión” encargada de los diputados. Aseguran que los responsables eran ‘Grillo’ y ‘Alfonso Cano’, “sin que ello niegue, de manera alguna, nuestra responsabilidad como organización”.
Aseguran que fue ‘Alfonso Cano’ quien orientó al Frente Urbano Manuel Cepeda a pensar “una acción contundente” que mostrara la capacidad operativa de las Farc en ese momento de la historia del conflicto armado y que presionara al “acuerdo humanitario”.
El secuestro fue planeado por ese frente y por el Bloque Móvil Arturo Ruiz, comandado por Milton Sierra Gómez, alias JJ, quien murió en 2007 en una operación militar. Quienes conocían de la operación, además de ‘Cano’, eran ‘Franco Benavides’ y ‘Santiago Cepeda’.
El proceso continúa en la JEP, donde se están practicando pruebas para confrontar las versiones entregadas por la Farc, como entrevistas a terceros que conocieron de estos hechos. Entretanto, sigue en veremos el acto de reconciliación y reconocimiento acordado entre las víctimas y los exguerrilleros en La Habana y que se haría este año, antes de que ocurriera la pandemia.
Tomado del diario EL TIEMPO
