Las gabelas tributarias le valen al Estado unos $80 billones al año

Foto: Archivo Particular

Entre exenciones, tarifas diferenciales y descuentos, el Estado dejó de percibir en el 2018 un monto similar a la inversión en vías de 4G. 

Exenciones, tarifas diferenciales, descuentos y un sinnúmero de beneficios tributarios que históricamente se han creado en Colombia le generan a la Nación un ‘desangre’ cercano a los $80 billones anuales.

Esta cifra, que corresponde al 2018, es $5 billones superior a la registrada en el 2017 y seguiría subiendo por cuenta de algunos artículos incluidos en la pasada Ley de Financiamiento, calculadas, en promedio, en unos $10 billones más por año.

Incluso, sin contar las nuevas ‘gabelas’, los cálculos del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) muestran un elevado crecimiento en exenciones y por ende en el costo fiscal para la Nación, es decir, los dineros que podría recibir si las reglas de juego fueran iguales en todos los casos.

El impuesto a las ventas (IVA) y el de renta mantienen el liderato como los tributos que, por derecha, más dineros le arrebatan al país por cuenta de exenciones y gabelas, eso sin contar las cifras de evasión.

IVA, A LA CABEZA

El caso del primero es el más diciente de todos, si se tiene en cuenta que de los $78,5 billones que le cuestan al país todas las ‘gabelas’ tributarias, el 82% corresponde al IVA.
Aunque la mayor parte de los bienes y servicios pagan el pleno de este impuesto (19%), dentro del mismo hay exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales o especiales.

No es gratuito que el Gobierno intentara modificar parte de este esquema en la última reforma tributaria, en la que buscaba unificar la tarifa y hacer devoluciones a los hogares que tienen menores ingresos. Esto no sucedió y hoy, dichas exenciones le ‘quitan’ a la Nación cerca de $65 billones, es decir, mucho más de lo que se paga por deuda pública cada año.

De acuerdo con el Gobierno, son 66 los productos que están en el subgrupo de excluidos, entre los que se encuentran, por ejemplo, servicios inmobiliarios, de administración pública, educación, agricultura y horticultura, arrendamiento y alquiler, algunas bebidas y alimentos, decenas de maquinarias, entre otros.

A pesar de que la lista es larga, el costo fiscal que se genera allí se concentra principalmente en cuatro categorías que representan más de la mitad de toda la estimación. Estos son servicios inmobiliarios; de administración pública y otros prestados a la comunidad; servicios para el cuidado de la salud humana y sociales, y servicios de educación.

Además, de acuerdo con el reporte del Minhacienda y la Dian, el impacto negativo sobre el recaudo que se genera por dicha exclusión ha venido aumentando considerablemente.

De hecho, en los últimos siete años, el costo fiscal solo por los excluidos de IVA ha crecido 74%, ya que en el 2011 rozaba los $30 billones, mientras que en el 2018 alcanzó los $52 billones. Capítulo aparte tienen los bienes y servicios exentos, que son aquellos en los cuales los productores tienen derecho a su devolución.

De estos hacen parte los libros, cuadernos escolares, algunas revistas y periódicos, ganado bovino, carnes, pescado, leche, queso fresco, huevos e internet de estratos 1 y 2, y el hecho de que no estén gravados con la tarifa general le representa al Estado no recibir unos $8 billones al año.

No obstante, el que más abre el ‘hueco’ es el biodiésel mezclado, “que al considerarse un bien exento se traduce en un impacto fiscal del orden de $1,9 billones en el año 2018, representando el 23,8% del total del efecto”, tal y como lo dice el Gobierno en el Marco Fiscal del 2019.

A estos subgrupos de IVA se suma un tercero, que tiene que ver con bienes y servicios que pagan un IVA de 5%, entre los que están algunos planes de medicina prepagada, edificios, preparaciones para comida de animales y toallas higiénicas, entre otros, y que, en su conjunto, le cuestan al país unos $3 billones.

IMPORRENTA 

El impuesto de renta no se queda atrás y está en el segundo lugar del que más ‘pérdidas’ le genera a la Nación por beneficios y tarifas diferenciales.

Si bien su costo fiscal no es tan alto como el del IVA, los beneficios por este gravamen tienen un valor de $12,4 billones, de los cuales, el 81,9% corresponde a las rentas exentas, 10,9% a descuentos y 7,1% a la deducción por inversión en activos fijos.

En este caso, los beneficios a las empresas son los mayores, pues le implican a la Nación dejar de recibir $6,3 billones, aunque las personas naturales no se quedan atrás, ya que le representan $6,1 billones menos al Estado.

IMPACTO DE REFORMA 2018

– La disminución a la tarifa general de la renta de empresas costará cerca de $1 billón en el 2020, $2 billones en el 2021 y $3 billones en el 2022.

– El descuento del 100% del IVA en la compra de bienes de capital, incluido por el Gobierno en la ley de financiamiento, costará unos $6 billones cada año de aquí al 2022.

– La posibilidad también de descontar el 50% del impuesto de industria y comercio, a la hora de declarar y pagar renta, costará cerca de $1 billón cada año entre el 2020 y el 2022.


Tomado del portal del diario Portafolio