Embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto, habló sobre informes de DD. HH.
En medio del roce entre el Gobierno y la ONU, que se presentó luego de los dos informes de ese organismo internacional sobre los derechos humanos en el país, el embajador de Colombia en Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, planteó la posición del Gobierno Nacional.
El diplomático se refirió al documento que entregó el relator especial de Naciones Unidas, Michel Forst, al informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y a la relación de Colombia con la ONU
Fernández de Soto aseguró que esta no es la primera vez que se presentan “discrepancias entre los datos que tiene el Gobierno de Colombia y los informes de Naciones Unidas” y admitió que “la situación de los asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos es compleja”.
La Canciller Blum ha sido enfática en señalar que, si bien el informe del Relator reconoce la voluntad política y las iniciativas del Gobierno para crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos, hay algunas consideraciones del informe que no reflejan objetividad e integridad.
El Gobierno Nacional considera que no se deben desestimar los esfuerzos en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. Asimismo, quisiera llamar la atención sobre la necesidad de contrastar cifras; verificar información con fuentes oficiales; fundamentar aseveraciones con datos comprobables y confirmar si reclamaciones puestas en su conocimiento han sido denunciadas ante las autoridades competentes.
Es necesario subrayar que esta no es la primera vez que se presentan discrepancias entre los datos que tiene el Gobierno de Colombia y los informes de Naciones Unidas. En gobiernos anteriores también existieron diferencias, especialmente en temas sensibles como derechos humanos.
¿Qué opina Colombia sobre la afirmación de que es el país de América Latina donde más asesinatos a estos líderes se dan?
La situación de los asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos es compleja y exige ser muy rigurosos con las afirmaciones. El Gobierno de Colombia como lo ha informado debidamente a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Relator, ha adoptado medidas que buscan la protección de los líderes y defensores. Tenemos que seguir avanzando en esa dirección y es una altísima prioridad para el Gobierno.
No cabe duda de que existe una correlación directa entre la distribución de los factores de riesgo en la geografía nacional y la concentración de los actos de violencia cometidos en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los homicidios se han producido en zonas con cultivos de uso ilícito, en zonas de explotación ilícita de yacimientos mineros y en zonas con presencia de grupos armados organizados.
La Fiscalía General de la Nación ha venido realizando grandes esfuerzos. Por ejemplo, el 52 % de los casos de homicidios de líderes y defensores registrados en el 2019 se pudieron esclarecer.
El Relator Especial de la ONU habla de “criminalización” de líderes sociales por parte de algunas autoridades colombianas, ¿qué opina al respecto?
Esas graves afirmaciones se realizan sin el debido sustento y no toman en consideración nuestras garantías y ordenamientos constitucionales y legales.
Como embajador de Colombia en la ONU, ¿qué opinión le merece el informe de la Oficina de Derechos Humanos, de la semana pasada?
La posición del gobierno de Colombia sobre ese informe fue explicada cabalmente en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos, que es el escenario natural para ello. Colombia siempre ha sido respetuosa de las instituciones y seguirá utilizando los mecanismos regulares para que el diálogo sea fluido.
La Oficina excedió su mandato y, como lo ha señalado el Presidente de la República, las observaciones y los comentarios realizados por el gobierno colombiano son puntuales y de ninguna manera están dirigidos a la Organización en su conjunto.
¿La presentación de estos informes y la posición de Colombia pueden poner en riesgo la relación con Naciones Unidas?
De ninguna manera. Estos informes corresponden solamente a uno de los tres pilares del Sistema de las Naciones Unidas y por eso hay que entender que el trabajo con la Organización es mucho más amplio y avanza de manera armónica y respetuosa.
¿La relación entre Colombia y la ONU va más allá de estos dos informes?
Efectivamente, la relación va más allá de estos dos informes. No se puede confundir el sistema integral que hay en el país con el de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Con esta recientemente firmamos la renovación de su mandato.
Colombia tiene el segundo equipo de Naciones Unidas más grande en el mundo, en su comunicado de prensa del 29 de febrero, hizo eco del “espíritu colaborativo mutuo” con el que, desde hace varios meses, se está elaborando el marco de cooperación que regirá el trabajo de las agencias, fondos y programas, en los próximos años centrados en tres ejes: Paz, Migración y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
¿Qué impacto tendría cerrar la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, como lo han sugerido algunas voces?
El mandato fue renovado en octubre de 2019 por tres años, en el acuerdo quedaron claramente establecidos los mecanismos de cooperación con la Oficina y el Gobierno seguirá siendo riguroso en su cumplimiento.
Finalmente, quisiera reiterar que desde el inicio del Gobierno del Presidente Duque su prioridad ha sido el respeto y la defensa integral de los derechos humanos. En ese sentido, la colaboración armónica con el Sistema de Naciones Unidas es bienvenida.
Colombia cree en el multilateralismo y en el Sistema de Naciones Unidas.
Tomado del diario EL TIEMPO
