Ordenó la detención de Uribe como ‘presunto determinador’ de soborno a testigos y fraude procesal.
La decisión del lunes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Velez, es solo una de las etapas de un proceso al que le queda mucho por recorrer.
En principio la defensa del expresidente y senador podría buscar que los magistrados de la misma Sala de Instrucción que decidieron ordenar su detención en su sitio de residencia, revisen el auto y adopten una decisión contraria, es decir dejarlo en libertad mientras avanza el proceso.
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Ese recurso de reposición es la alternativa inmediata que le quedaría a la defensa del expresidente para intentar tumbar la casa por cárcel en su contra. Así lo aseguró ayer el penalista Camilo Burbano, quien le explicó a EL TIEMPO lo que sigue en este caso.
Además en el viejo sistema, que es el que sigue vigente en los procesos que se llevan en la Corte Suprema de Justicia, existe la posibilidad de que más adelante la defensa pueda pedir una revocatoria de la medida de aseguramiento, argumentando que las razones por las que se adoptó la restricción de la libertad ya no existen y por tanto esa medida ya no es necesaria.
En todo caso, la investigación seguirá su curso y, le dijo un magistrado de la Corte a EL TIEMPO, hay un plazo de 120 días en los que, si no se toma una decisión de fondo en la que se acuse al senador o se cierre el proceso en su contra, se podría pedir la libertad por vencimiento de términos.
Burbano explicó que la definición de situación jurídica, que fue lo que la Corte hizo el lunes en el caso de Uribe y Álvaro Hernán Prada, es una etapa muy temprana del proceso, pues de aquí en adelante sigue el desarrollo de la etapa de instrucción.
Ayer la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, que ha insistido en la inocencia del expresidente, no se pronunció sobre el caso, y estaba en espera de poder examinar la totalidad de la decisión y definir los pasos a seguir.
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Granados ha insistido en que el senador no incurrió en delitos y que es víctima de falsos testigos. Como parte de la defensa está el abogado Víctor Mosquera, experto en litigios en tribunales internacionales, por lo que no se descarta que el proceso tenga capítulos en el exterior.
Hasta ahora no hay juicios de fondo sobre la presunta responsabilidad de ellos en los hechos investigados. Es decir, de aquí en adelante la Corte se encargará de recolectar evidencias –tanto las requeridas por el magistrado César Augusto Reyes como por la defensa de Uribe y Prada– para concluir si acusa o precluye el caso en su contra.
Aunque existe un tiempo para que los procesos avancen, explicó un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, está claro que muchos procesos –y en atención por ejemplo a casos muy complejos– pueden alargarse mucho más.
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Si la Sala de Instrucción decide acusarlos, lo debe hacer ante la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia, que fue la que se creó con la ley de doble instancia para los aforados en el 2018, en donde se iniciaría el juicio.
Tras ese eventual juicio, la Sala de Juzgamiento debería decidir si los absuelve o si los condena, decisión que –ya sea a su favor o en contra– podría ser revisada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia.
Las razones de la Corte
En un comunicado, el alto tribunal dio a conocer en forma general las razones por las cuales no archivó el caso, sino que decidió continuar la investigación contra Uribe como “presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.
También explicó por qué impuso una medida de aseguramiento en su contra, que se cumplirá en su domicilio.
La decisión quedó plasmada en un documento de 1.554 páginas que fue votada de forma virtual y de allí la demora en la recolección de firmas y notificación a las partes.
De forma unánime, los cinco magistrados de la Sala de Instrucción (excepto la magistrada Cristina Lombana, quien está apartada de este caso) votaron a favor de la ponencia de César Augusto Reyes Medina, quien determinó que era necesario ordenar la casa por cárcel contra Uribe por “posibles riesgos de obstrucción a la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos” que lo involucran a él y a Prada.
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El proceso se abrió formalmente el 16 de febrero del 2018, cuando la Sala de Casación Penal archivó una denuncia que Uribe había hecho contra el senador del Polo Iván Cepeda, por supuesta manipulación de testigos y, en cambio, compulsó copias para investigar al expresidente al existir indicios de que podría estar intentando cambiar testimonios.
Tras ese archivo en contra de Uribe y a favor de Cepeda, dice la Corte, “al parecer, con la aprobación del senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”.
Una de esas personas allegadas sería Diego Cadena y su socio, el abogado Juan José Salazar, quien en la época era su abogado y a quien la Fiscalía le imputó cargos la semana pasada por esto mismos hechos, por intentar incidir en los testimonios de los exparamiltiares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve.
Por estos hechos la Corte escuchó las explicaciones de Uribe y Prada en una indagatoria, en octubre del año pasado, se recaudaron pruebas, testimonios, videos, grabaciones, interceptaciones telefónicas, entre otras evidencias. Ellos podrán ser citados nuevamente a declarar en el proceso.
En el caso de Prada, la Corte señaló que él habría intervenido en algunos de los comportamientos investigados y por eso le imputó el delito de soborno en calidad de cómplice. Como una eventual pena en ese delito no da para medida de aseguramiento, no ordenó su detención.
Juez resolverá situación de Diego Cadena
Mañana, en los juzgados de Paloquemao, se cumplirá un nuevo capítulo en el proceso por el presunto caso de soborno por el que fue asegurado el senador Álvaro Uribe Vélez.
Intervendrán en audiencia los defensores de los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, a quienes la Fiscalía imputó cargos y al final el juez del caso definiría si en contra de ellos se dicta una medida de aseguramiento. Los casos de los abogados y el de Uribe Vélez se llevan de forma independiente.
REDACCIÓN JUSTICIA
Tomado del portal del diairo EL TIEMPO
