El consejero para los DD. HH., elegido por la Corte, se comprometió a mejorar la investigación.
Sin acudir a un proyecto que tendría que ir al Congreso de la República y que tardaría meses en trámite, ni a decretos del Gobierno Nacional, el recién electo fiscal general de la nación Francisco Barbosa Delgado le apunta a una reestructuración interna del ente acusador que permita tener más funcionarios dedicados a la investigación y a la recolección de evidencias.
Desde su presentación ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia la primera semana de diciembre del año pasado, cuando fue escuchado junto con los otros dos ternados Camilo Gómez Alzate y Clara María González, el nuevo jefe del ente acusador planteó la necesidad de aumentar el número de fiscales y, además, de garantizar que esos despachos tengan una policía judicial efectiva.
Como parte de ese nuevo esquema en el ente acusador, Barbosa Delgado ha venido trabajando incluso en la creación de una unidad especial de Policía Judicial que acompañe los procesos que son denunciados en las Unidades de Reacción Inmediata (Uri) ubicadas por todo el país, y que es a donde llegan la mayor parte de las denuncias relacionadas con delitos de alto impacto, como el hurto, que son los que más afectan la seguridad ciudadana.
El entonces fiscal Eduardo Montealegre ya había llevado al Congreso una reestructuración en 2014, y parte de ella se cayó en la Corte Constitucional por acción del también fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, quien hizo su propia reingeniería en el ente acusador.
Ahora Barbosa Delgado, que conoce por dentro de la Fiscalía, pues hizo parte de la Unidad de Derechos Humanos, intentará cumplir su compromiso de hacer más efectiva la investigación y lograr el aumento en la tasa de esclarecimiento de delitos como el feminicidio, que a corte del 31 de diciembre estaba en el 17,59 por ciento; el homicidio, 30,72 por ciento; hurto, 37,43 por ciento; violencia intrafamiliar, 14,10 por ciento, y los ataques a líderes sociales y reinsertados, cuya tasa de éxito en la judicialización es del 56 por ciento.
Y es que, según la Corporación Excelencia en la Justicia, el 53 por ciento de los procesos penales que son llevados a juicio terminan en absolución y el nuevo fiscal le apuesta a tener investigaciones más fuertes que si se deciden llevar a juicio, terminen en decisiones judiciales contra los procesados.
Para lograr su objetivo ha planteado acudir a parte de la plata que la misma Fiscalía, en investigaciones con la Policía, le ha quitado a personas vinculadas a procesos de extinción de dominio y que buscaría que se invierta en la planta del ente acusador, que se sostiene con un presupuesto de alrededor de 3,6 billones de pesos.
En sus primeras declaraciones tras su elección por unanimidad y en la quinta ronda de votaciones en la Sala Plena de la Corte Suprema, el nuevo Fiscal General ratificó su intención de fortalecer el órgano investigador y se fijó otras prioridades como la lucha contra la minería ilegal y la ofensiva contra el narcotráfico.
“Mi Fiscalía no estará en el búnker, sino en los territorios”, dijo el nuevo fiscal, que este viernes presentará renuncia al cargo que venía cumpliendo desde agosto de 2018 como alto consejero para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del gobierno del presidente Iván Duque. El funcionario se propuso recorrer todas las seccionales del ente acusador para tomar decisiones de fondo frente a las formas de delincuencia de cada localidad.
El electo fiscal ha manifestado que durante su gestión tendría una relación de colaboración con los otros organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría General, para aprovechar sus capacidades técnicas y tener investigaciones más robustas.
Igualmente, incluyó en esa dinámica de colaboración armónica a la Justicia Especial para la Paz (JEP), surgida del proceso de paz con las Farc y con la que su antecesor en propiedad tuvo profundas diferencias conceptuales hasta el punto de que fue una decisión de la JEP en el caso del ahora prófugo exguerrillero ‘Jesús Santrich’ la que precipitó la renuncia de Martínez Neira en mayo del año pasado.
De hecho, este jueves, tras su elección, Barbosa Delgado habló con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, para avanzar en esos procesos de colaboración entre la justicia ordinaria y la jurisdicción de paz. “Mi actitud será de colaboración permanente. Yo apoyo la JEP porque hace parte de la institucionalidad. No vengo a ser fiscal general para traer confrontaciones”, dijo.
Sobre los casos de gran impacto vinculados a casos de corrupción que generan el rechazo nacional, el funcionario plantea fiscales especializados para que esos procesos avancen más rápidamente.
El presidente Iván Duque se pronunció desde San José del Guaviare sobre la elección del fiscal: “Es una persona con gran preparación académica, solvencia ética y sentido patriótico, y considero que le da al país todas las garantías para combatir cualquier forma de criminalidad. Le auguro todos los éxitos”. Igualmente, lo hizo José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien en el pasado sostuvo varios encuentros con Barbosa para evaluar la situación de derechos humanos en el país. “La Fiscalía enfrenta abrumadores retos y es la entidad más importante para el Estado de derecho”, dijo Vivanco y añadió: “Esperamos trabajar con Barbosa. Monitorearemos su rendimiento en temas centrales de DD. HH., incluyendo el asesinato de líderes”.
Tomado del diario EL TIEMPO
