Según la Contraloría, cuestan $ 321.444 millones y se van a ejecutar en 8 y hasta 12 meses.
En medio de las alertas que la Contraloría General viene lanzando por irregularidades en la contratación municipal y departamental para atender la pandemia del coronavirus, el organismo de control evidenció que otra de las arcas más importantes del país, las regalías, también podrían estar siendo mal usadas.
Según el organismo, con ayuda de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), se detectaron 78 proyectos financiados con regalías, dineros que pagan las empresas mineroenergéticas como compensación por la explotación de recursos naturales.
En esos proyectos se han invertido 321.444 millones de pesos y su principal finalidad es la de “fortalecer las capacidades de ciencia y tecnología para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud”, dice el organismo de control. En palabras del contralor Carlos Felipe Córdoba, esos proyectos buscan mejorar los laboratorios del país durante la pandemia.
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Pero lo que le preocupa a la Contraloría es que esas millonarias inversiones tienen un periodo de ejecución de entre 8 y 12 meses, lo que significa que “su periodo de ejecución no permite atender de manera efectiva ni oportuna el momento más crítico del covid-19”, asegura. Es decir, para la Contraloría se invertirán cuantiosos recursos para laboratorios que ayuden a enfrentar la pandemia, pero en tiempos y plazos en los que podrían ya no necesitarse.
La inversión en laboratorios ha sido una de las estrategias que ha defendido el Gobierno. En junio pasado, por ejemplo, en la inauguración de un laboratorio en Norte de Santander, el ministro de Salud Fernando Ruiz dijo que en 90 días, gracias a las inversiones, el país pasó de tener un solo laboratorio para diagnóstico de covid-19 a contar con 64.
De otro lado, en abril pasado, el Ministerio de Ciencia dijo que gestionó más de $ 202.000 millones de regalías para fortalecer los laboratorios de biología molecular en las regiones, y señaló que ese refuerzo no solo permitirá enfrentar la pandemia sino otras patologías en el país como el dengue, la malaria o el chikunguña.
Estos proyectos han sido también celebrados por quienes han recibido recursos para potenciar sus laboratorios, como la Universidad del Magdalena, que los invertirá en tres laboratorios que permitan procesar 30.000 pruebas de coronavirus en los 12 meses de ejecución, pero además, para instalar en la región el diagnóstico molecular que sirva para otros problemas de salud.
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Por otra parte, el Ministro de Salud también dijo ayer que la crisis sanitaria no terminará en el corto plazo: “los modelos nos dan que probablemente hasta finales de noviembre, principios de diciembre, tendremos una afectación todavía relativamente importante. Mi aspiración es que en enero y febrero ya hayamos pasado la peor parte”.
Pero para la Contraloría, los tiempos sí son claves, pues asegura que el principal objetivo de esa millonaria inversión es enfrentar el coronavirus en su momento más álgido. “No nos van a servir para atender la pandemia, o para tener mejor atención en la misma”, dijo ayer el Contralor Córdoba.
EL TIEMPO conoció el reporte completo de esta investigación, donde se evidencia que de los 78 proyectos, la Contraloría expone que 25 están pendientes de ser aprobados y 53 ya tienen luz verde. De los 25 que están para aprobar, hay 15 que son de universidades, y tienen un costo de $ 43.621 millones. También hay otros 9 que están en entidades de salud y laboratorios, por 31.815 millones; y un proyecto más, con un costo de 1.936 millones, cuyo responsable es una caja de compensación.
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Un ejemplo de esos proyectos pendientes de aprobación es el que se creó en el Valle del Cauca, y que tiene un plazo de 12 meses. Allí se espera invertir 4.119 millones de pesos para reforzar la infraestructura del laboratorio de parasitología, inmunología y de enfermedades infecciosas de la Universidad Nacional, en la sede de Palmira.
Y en Bolívar se busca pagar un valor igual de regalías (4.408 millones de pesos), también con un plazo de hasta 12 meses, para fortalecer la capacidad del laboratorio de investigaciones biomédicas de la Universidad del Sinú, con el fin de atender las problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud en Cartagena.
En Caquetá hay otro proyecto por 6.146 millones de pesos, para mejorar los laboratorios del hospital San Rafael y Rafael Tovar Poveda, en los municipios del norte y del sur del departamento. Y en Santander, también con un proyecto similar, por 3.994 millones de pesos, se propone fortalecer los laboratorios de la Universidad de Santander, “para aislar, identificar y monitorear patógenos de alto riesgo para la salud humana, emergentes y reemergentes”.
En Nariño también se evidenció un proyecto por 4.339 millones de pesos, con un plazo de un año, para repotenciar la ciencia y tecnología sobre resistencia bacteriana.
Y entre los 53 que ya fueron aprobados, la Contraloría evidenció 30 que están en manos de universidades, por 133.289 millones de pesos; 15 en poder de las cajas de compensación, por 89.280 millones de pesos; y 8 bajo la batuta de entidades de salud y laboratorios, con un costo de 21.501 millones de pesos.
En Antioquia se encontraron dos de estos proyectos ya aprobados: uno para fortalecer a un laboratorio integrado de medicina especializada en Medellín, por 11.775 millones, y otro para mejorar una red regional de laboratorios. En Caquetá hay un proyecto similar, por 19.979 millones de pesos; en Magdalena hay otro por 7.999 millones; y en Putumayo, uno de 10.000 millones.
Estos hallazgos de la Contraloría se suman al reporte que hizo ayer de sobreprecios en contratos de la pandemia. A la fecha, ha revisado contratos por 5 billones de pesos, sobre los cuales ha emitido 396 alertas por posibles sobrecostos de $ 506.000 millones. Esos pagos, en un 49 por ciento son para adquirir alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad, y en un 51 por ciento para contratar personal.
Denuncian 1.300 obras inconclusas por $ 20 billones
Además de exponer ayer nuevos hallazgos en contratos del coronavirus, la Contraloría General habló de otra investigación que viene adelantando su equipo de la Diari: la cacería de elefantes blancos, es decir, de obras inconclusas.
Según el organismo de control, con investigación georreferenciada y hasta satelital identificó 1.300 abandonadas o sin avance en todo el país, que tienen un costo de más de 20 billones de pesos.
La institución dijo que los sectores con más elefantes blancos son los de agua potable, saneamiento básico, educación, transporte, vivienda, deporte, salud y protección social.
Uno de estos casos que más avergüenza es el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, que tenía como finalidad implementar la jornada única estudiantil y superar el déficit de aulas educativas, y que fue planteada en el Plan de Desarrollo 2014-2018.
De 541 instituciones que se deben construir, según la Contraloría, a junio de este año solo se han terminado obras en 162 colegios, de los cuales únicamente 35 han sido entregados para beneficiar a los estudiantes.
Es así como el avance de esos colegios es apenas de un 6 por ciento, incumplimientos de los que son responsables contratistas como Mota-Engil o Germán Mora Insuasti. Por este proyecto fallido el organismo de control abrió una investigación por un posible detrimento de 559.853 millones de pesos.
Otro elefante blanco es la represa del embalse Multipropósito del río Ranchería, que en 2005 fue definido como un proyecto estratégico para abastecer de agua a medio millón de habitantes de nueve municipios de La Guajira, y para generar 22,6 megavatios de energía al año. En la obra, que nunca fue terminada, se han gastado más de 637.000 millones de pesos.
También se encontró que el Distrito de Riego Triángulo, del Tolima, es otra obra abandonada hace 15 años. Ese distrito debía beneficiar a 20.000 personas de las cuales el 88 por ciento (17.500) pertenece a comunidades indígenas.
En la infraestructura vial también hay preocupantes elefantes blancos. Uno de los que identificó la Contraloría es la vía Santana-Mocoa-Neiva, que buscaba realizar obras de mantenimiento de 456 kilómetros, pero cuyo avance es apenas de un 5 por ciento.
También está el Tropical Park, de San Andrés y Providencia, con una inversión de $ 12.000 millones.
“Son verdaderos mamuts, símbolos del despilfarro de los recursos públicos, la ineficiencia en la ejecución de proyectos y el reflejo de la inoperancia en el funcionamiento del Estado”, dijo el contralor Córdoba.
Tomado del portal del diario EL TIEMPO
