Dos exgobernadores de La Guajira fueron capturados, pero ambos huyeron y permanecen prófugos.
Hechos de corrupción, irregularidades en elecciones y hasta agresiones contra otros funcionarios le costaron el cargo a más de un funcionario elegido durante las pasadas elecciones regionales del 2015.
Según un informe presentado por la Misión de Observación Electoral (MOE), hasta agosto de este año, de los 13.614 funcionarios electos 913 recibieron 1.220 sanciones disciplinarias, penales o fiscales, es decir, el 6,7 por ciento de los candidatos fueron sancionados por lo menos una vez.
En Santander, el gobernador Didier Alberto Tavera Amado fue cobijado con detención domiciliaria como medida de aseguramiento el pasado miércoles 11 de diciembre por el escándalo de la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del 2016, pues se contrató con una empresa de grúas el suministro de tamales por 30 millones de pesos, entre otras irregularidades que ha encontrado la Fiscalía en la investigación.
La capital de este departamento no se quedó atrás y Rodolfo Hernández, su alcalde, fue suspendido dos veces por la Procuraduría; la primera, por golpear a un concejal, y la segunda, en septiembre de este año, por participación indebida en política.
Cuando llegó la segunda suspensión, Hernández renunció irrevocablemente a su cargo como alcalde de Bucaramanga.
Otro de los mandatarios que no pudo terminar su periodo en este departamento fue el alcalde de California, Hugo Lizcano, quien fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria por supuestamente facilitar minería ilegal en el páramo de Santurbán.
Israel Agón, quien fue elegido como alcalde de Barichara, Santander, solo estuvo en el primer cargo del municipio hasta septiembre del 2017, cuando fue capturado y cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria por los delitos de urbanización ilegal, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por irregularidades en un proyecto de vivienda.
En el sur del país
César Cristian Gómez no pudo gobernar todo su periodo en la Alcaldía de Popayán debido a medidas de aseguramiento y suspensiones provisionales que llevaron a que pasaran cinco mandatarios encargados en la capital caucana.
Cuando llegaba la elección de alcalde, en octubre pasado, la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria y ordenó suspensión provisional por supuestamente favorecer a una candidata.
Pero antes ya había sido suspendido 11 meses por un convenio para ejecutar la agenda artística y cultural de la Semana Santa 2016.
En enero del 2019, el Alcalde había sido detenido por irregularidades en la celebración de un convenio interadministrativo de la Secretaría de Tránsito Municipal.
En el resto del departamento, la Procuraduría dictó, en primera instancia, destitución por 10 años al alcalde de Inzá, Gelmis Chate, por presunta participación en política.
En el Valle del Cauca, el alcalde de Alcalá, Javier Andrés Herrera Hurtado, fue detenido este mes por presuntas irregularidades en la compra de un lote en el municipio de Ulloa, donde él también había sido alcalde.
El alcalde de Mallama, en Nariño, Alirio Mora, fue destituido e inhabilitado debido a un contrato de bolsos para escuelas que no fueron entregados.
La misma medida cobijó al gobernante de La Unión, Floriberto Suárez, junto con un funcionario del centro de salud, al no facilitar el desarrollo de un concurso de méritos.
Y en Imués, también en Nariño, la compra de un lote para la construcción de un polideportivo fue la causa para que el alcalde, José Luis Tobar Zambrano, fuera suspendido en septiembre, en primera instancia, por 10 meses.
Según el informe de la MOE, 49 organizaciones políticas tuvieron al menos a un miembro sancionado que había sido elegido a través de las urnas. El Partido Liberal fue el primero de la lista, con 219 sanciones.
Fugas y detenciones
En La Guajira, la exgobernadora Oneida Rayeth Pinto Pérez fue destituida tras una investigación en la cual se la vincula con los delitos de concierto para delinquir, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Pinto fue vista por última vez el 18 de junio de este año, cuando asistió a una nueva audiencia de imputación de cargos en su contra en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá. Durante un receso, luego de que la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento contra ella, esta se ausentó y nunca volvió al juzgado.
Tras el caso de Pinto Pérez, se realizaron en el departamento unas elecciones atípicas en las que resultó elegido Wilmer González Brito. No obstante, González Brito estuvo solo tres meses en el cargo y, en febrero del 2017, fue capturado por presuntos hechos de corrupción durante las elecciones.
Para septiembre del 2018 regresó a su cargo luego de que se le revocó la medida de aseguramiento por parte del Tribunal del distrito judicial de Bogotá. Un mes después, la Fiscalía informó que la Corte Suprema de Justicia había proferido sentencia condenatoria en su contra y el 13 se conoció el monto de la pena, de 10 años.
Pero, así como con Oneida Pinto, al día de hoy no se conoce el paradero de González Brito.
Además de los dos gobernadores, en 2018 el alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira, fue destituido e inhabilitado por 12 años luego de que la Procuraduría halló irregularidades en la contratación del PAE por un valor superior a los 5.700 millones de pesos.
También en el Concejo de la capital de La Guajira no terminaron sus periodos José Gregorio Mejía Herrera, por inhabilidad; Ever Quintana Rodríguez, por orden del Consejo Nacional Electoral, y José Ramiro Bermúdez Cotes, quien se retiró para aspirar a la alcaldía de Riohacha, y resultó electo.
En el resto de la costa Caribe se registraron también sanciones a varios funcionarios. En junio, por una inhabilidad que tenía para hacerse elegir en el 2015, fue destituido por la Procuraduría el alcalde de Villanueva, Bolívar, Gilberto Amaya Vásquez. El Ministerio Público había iniciado una investigación disciplinaria que concluyó con la destitución del mandatario y su inhabilidad por 11 años para ejercer cualquier cargo público.
Al alcalde de Sabanagrande, Atlántico, José Mario Romero Cahuana, la Procuraduría lo sancionó este mes con destitución e inhabilidad de 10 años, por irregularidades en el manejo de 10.579 millones de pesos, embargados a una empresa particular en desarrollo de un proceso coactivo.
Por su parte, Edwin Besaile Fayad, gobernador de Córdoba, sindicado de actos de corrupción en el llamado cartel de la hemofilia, fue destituido por la Procuraduría dos años después de haberse posesionado.
En Cesar, de los 25 alcaldes elegidos en el 2015, tres de ellos no culminarán el periodo 2016-2019 por diferentes razones, que van desde sanciones y suspensiones hasta inhabilidades.
La primera es la alcaldesa de Chiriguaná, Zunilda Toloza Pérez, quien tuvo que abandonar el palacio municipal de esta localidad luego de que, en agosto del 2018, la Procuraduría la destituyó e inhabilitó por 13 años, al igual que a tres concejales de esta población, por irregularidades presentadas en la elección del personero.
La mandataria impugnó el fallo de la Procuraduría y volvió al cargo, pero esta decisión fue revocada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Cesar.
Los cambios de titularidad también se vieron reflejados en Agustín Codazzi, cuyo alcalde, Luis Vladimir Peñaloza Fuente, fue destituido e inhabilitado por 10 años el pasado mes de agosto, luego de una sanción proferida por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la suscripción de un convenio por 365 millones de pesos con la Corporación Coinpoquer, porque, según el órgano de control, el contratista no tenía idoneidad para ejecutar el objeto del negocio jurídico celebrado.
De igual forma, no terminó su periodo el alcalde de El Paso, Hidalfo De La Cruz, quien fue detenido junto a su esposa Neyruth Murgas Fuentes en octubre de este año por miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación, ya que está siendo investigado por varios delitos contra la administración pública.
Según la Fiscalía 199 de Derechos Humanos, De La Cruz presuntamente presionó a electores, contratistas y trabajadores de la administración municipal para que apoyaran a su candidato a la alcaldía o de lo contrario podrían quedarse sin sus puestos de trabajos.
Por el lado del Concejo, 16 cabildantes de Valledupar tampoco podrán finalizar el periodo para el cual fueron elegidos luego de que un fallo de segunda instancia de la Procuraduría General de la Nación confirmó la decisión de diciembre de 2018, mediante la cual el Ministerio Público del Cesar los sancionó tras la elección de Ómar Contreras como contralor de Valledupar.
Se trata de Gabriel Muvdi, Carlos Picón, Víctor Alvarado, José Gómez, Yesith Triana, Eudes Orozco, José Araméndiz, Gloria Ovalle, Ricardo López, Wilfrido Ortiz, Luis Miguel Santrich, Rober Castro, Leonardo Maestre, Jaime Bornacelly, Carlos Daza y Álex Pana.
Corrupción en Antioquia
Tres alcaldes del Valle de Aburrá tampoco pudieron terminar sus periodos por supuestos actos de corrupción: Raúl Eduardo Cardona González, alcalde de Envigado, fue detenido y obtuvo casa por cárcel por presuntos actos de corrupción.
En diciembre del 2018, Edison García Restrepo, mandatario de Barbosa, fue detenido y es investigado como presunto responsable de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de servidor público, cohecho, prevaricato por acción, asociación para delinquir y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.
Por último, César Augusto Suárez Mira, alcalde de Bello, fue capturado en su despacho. Los delitos de los que se le acusaba eran falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso, falso testimonio y fraude procesal. El 15 de mayo de 2019 fue declarado culpable en primera instancia de falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Mientras tanto, en el Bajo Cauca antioqueño, los alcaldes de Nechí, Cáceres, El Bagre y Yalí tampoco terminaron sus periodos por actos de corrupción. Y en la región de Urabá, el alcalde de Murindó también fue removido del cargo.
Tomado del diario EL TIEMPO
