El pasado 15 de mayo, Néstor Humberto Martínez presentó su renuncia como fiscal general de la Nación, argumentando desacuerdos con decisiones tomadas por la JEP.
Por: Sergio Andrés Correa
El Colombiano
Aunque ya no está en el país, el nombre del exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, sigue sonando en Colombia por cuenta de las investigaciones de Odebrecht y el Cartel de la Toga.
En un primer hecho, Jesús Yepes, abogado del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, anunció el domingo la radicación de una queja ante la ONU contra Colombia, pues advierte que su defendido fue víctima de una persecución por parte del exfiscal.
Andrade es acusado de haber presuntamente participado en la adición irregular de la vía Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol II, adjudicado a una concesionaria de la que hacía parte Odebrecht. Su abogado afirmó que se trata de una persecución indebida de los poderes judicial y económico.
Los audios completos
Por otra parte, el fiscal general (e), Fabio Espitia, anunció ayer que ante la nueva petición de un magistrado, el ente acusador entregó el audio completo que la Justicia estadounidense envió a Colombia hace dos años y que destapó el escándalo conocido como el Cartel de la Toga.
¿Qué tiene que ver esto con Martínez? Que en diciembre del año pasado, una columna de Daniel Coronell en la revista Semana reveló detalles de un interrogatorio que rindió ante la Corte Suprema el entonces fiscal delegado Jaime Camacho, en el que señaló que Martínez había dado la orden de fragmentar ese audio y no entregarlo completo a las autoridades que lo requerían.
Según el columnista, en uno de los fragmentos que no salieron a la luz, el abogado Leonardo Pinilla, en conversación con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, mencionaba directamente al entonces fiscal general.
Posteriormente se verificó que tanto la Corte Suprema como la Comisión de Acusaciones sí habían recibido dos tramos de audio en los que era aludido Martínez, sin que se conocieran más detalles.
La Fiscalía ha sostenido que la fragmentación del audio no se debe a interés alguno en ocultar información, sino a un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, para no dar a conocer datos que podrían poner en riesgo los procesos que cursaban en los tribunales de ese país.
Esa versión fue ratificada por el fiscal (e) Espitia, quien aseguró que “los casos allá ya se cerraron y ese Gobierno manifestó que no hay ningún inconveniente con entregar la prueba completa”.
Sobre la nueva información que podría revelar el audio, el fiscal Espitia enfatizó en que “tiene que ver con la vida íntima” de las personas involucradas, pero nada en absoluto “con actuaciones o hechos dentro de un proceso penal. Y no quiero dar nombres ahorita ni personalizar este tema”.
Dudas procesales
Consultado por EL COLOMBIANO, el magíster en Derecho Penal Luis Eduardo Agudelo explicó que “es muy inusual, incluso se hace raro, que una prueba que fue entregada por otro país a las autoridades colombianas no pueda ser utilizada en su totalidad”.
El experto señaló que no existe un marco jurídico general que limite a la Fiscalía a usar determinado material probatorio, “tendría que ser mediante un acuerdo de cooperación muy específico entre países, registrado por la Cancillería, pero he debatido el tema con internacionalistas y expertos en casación que desconocen algún precedente de esta naturaleza”.
Concluyó Agudelo que “para los abogados que hemos discutido el tema, no es claro el interés que podría tener Estados Unidos en esos fragmentos de audio, si se ha señalado que hacen referencia a la vida personal de los implicados. Nos queda la sensación de que fue una salida en falso de Néstor Humberto Martínez, actuando como político y no como fiscal”.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
RADIOGRAFÍA ¿QUÉ DIJO MARTÍNEZ?
En dos comunicados de prensa y varios mensajes de redes sociales publicados en diciembre, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez se defendió de lo dicho por Daniel Coronell, argumentando que los fragmentos enviados a las autoridades correspondían a aquellas que se estimaron pertinentes dentro de los procesos judiciales, que el resto de la información estaba reservada en virtud de la cooperación judicial internacional y que desde 2017, las autoridades conocían los fragmentos que lo aluden.
Tomado del portal del diario El Colombiano
