Christoph Harnisch asegura que la situación humanitaria empeoró en el último año.
Por: Milena Sarralde Duque
El Tiempo
A pesar de que hace más de dos años el Gobierno firmó un acuerdo para terminar el conflicto con las Farc, los beneficios de la paz siguen sin sentirse en las zonas que en los últimos 50 años han sido las más golpeadas por la violencia. Así lo asegura el director del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Christoph Harnisch, quien desde hace cuatro años y medio ha sido el jefe de esa delegación en Colombia. En el último año, el CICR encontró un preocupante aumento en desplazamientos masivos, número de víctimas de minas antipersonales, y prevalencia de la desaparición forzada.
Este oscuro panorama será revelado por el Comité en su informe anual, que será publicado próximamente.
En su último informe, el CICR asegura que la situación humanitaria es más compleja que durante la firma del acuerdo ¿Qué pasó?
Queremos mostrar la realidad a través de los ojos de quienes están en estas zonas. Después de un discurso de los beneficios de una solución negociada del conflicto, estas poblaciones no han visto un gran cambio en sus vidas. En las zonas más afectadas por la presencia de la vieja guerrilla de las Farc se anticipó la necesidad, en el 2017, de llevar una autoridad que pudiera normalizar la situación o estabilizarla. Pero lo que pasó fue lo contrario. Muchas de estas zonas vieron que mientras las Farc se iban, se daba su reemplazo por otros. Esto generó un caldo de cultivo en donde las dinámicas conflictivas se desarrollaron sin control. No hubo suficientes esfuerzos para darles a esas poblaciones, las más afectadas por el conflicto en 50 años, algo más concreto que las palabras. Las palabras son útiles, pero no son suficientes. No hay que engañar a las víctimas. Hay que tomarlas en serio.
¿Cuáles son los territorios más complejos?
En el Pacífico, Nariño, Norte de Santander, Arauca y algunos puntos del Putumayo vimos cómo estas dinámicas conflictivas se intensificaron. Están en una situación más vulnerable que antes, con pobreza, infraestructura inexistente y sin protección del Estado, bajo presión por minería ilegal, narcotráfico.
¿Cuáles pueden ser las muestras de ese deterioro?
Vemos más desplazamientos masivos, con un 90 por ciento de aumento entre el 2017 y el 2018. También vemos más confinamiento y desapariciones, que no son un problema del pasado sino del presente. Documentamos un desaparecido cada cuatro días, aunque es una cifra mínima frente a lo que en realidad ocurre. Nos preocupa el aumento de víctimas de minas y artefactos improvisados. Mientras hubo 57 en el 2017, en el 2018 hubo 221. Esto nos muestra que hay que llamar más la atención sobre las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Hay un comportamiento de los actores armados que es totalmente inaceptable. Se puede llamar a estos grupos como se quiera, pero sus prácticas son exactamente las mismas que se llevan en el conflicto.
¿Quiénes están minando?
Todos los actores armados. Esto forma parte de la confrontación, afectando a la población. Para mí esta es una indicación de que claramente hay un conflicto armado no internacional, y no hay que buscar esto en los libros de historia. Hay que ver esa realidad en el terreno.
En tiempos en los que el nuevo director del Centro de Memoria Historia niega el conflicto armado, el CICR dice que hay cinco ¿Cómo los categorizan?
Nosotros usamos el lenguaje del DIH. No tenemos derecho a utilizar otro vocabulario. Este vocabulario es en cierto sentido el consenso mínimo entre Estados para calificar jurídicamente una situación de conflicto armado. Por nuestra presencia en el terreno, lo que vemos todos los días, y los criterios jurídicos que existen, decimos que hay cuatro conflictos de grupos armados contra el Gobierno. Esos grupos son el Eln, el Epl, el Clan del Golfo y la estructura del exbloque Oriental, o las hoy llamadas disidencias de las Farc.
El otro conflicto es el del Epl con el Eln en el Catatumbo, que tal vez es el que está afectando más directamente a la población civil. Damos una lectura jurídica en la que el DIH ordena la protección mínima de la población civil. Esa calificación es un asunto técnico, pero tiene un efecto favorable para las poblaciones. Me llama mucho la atención estos debates sobre si hay o no conflicto armado. Hombre, lo importante no es en sí el debate, ya sea político o no, sino lo que se produce para la gente. ¿Por qué no hay más prioridad o esfuerzo en pensar cómo viven estas personas y cómo se las puede proteger?
¿Qué tanto han logrado dialogar con estos grupos?
Las dinámicas conflictivas son más complejas hoy. En el pasado hubo dos grandes estructuras guerrilleras, pero hoy es mucho más difícil sostener un diálogo. Todos estos grupos, llámense exparamilitares, exguerrrilleros, han escuchado el DIH, pero todos lo violan. En su lógica esas violaciones no son graves. Estos grupos, que ya no tienen la estructura del siglo pasado, mantienen interés en acumular recursos, controlar territorios, pero su organización no está muy clara. Lo que está claro es su efecto negativo sobre la población civil. No es fácil entrar en contacto con ellos, entender quiénes son y hablar de un respeto mínimo del DIH.
¿Cómo están afectando a los migrantes?
En la frontera con Venezuela y Ecuador hemos visto que hay reportes de que algunos de estos migrantes están terminando en actividades que no son legales, por sus necesidades económicas. Decidimos aumentar la presencia en zonas de frontera para entender cómo se puede proteger más a estas poblaciones y, a través del diálogo con grupos armados, decirles que son personas con una vulnerabilidad particular. Si hay 100 casos o 1.000 casos, no lo sabemos. Pero necesitamos más presencia en terreno para entender lo que les está pasando.
¿El CICR tiene una posición en el debate sobre posibles objeciones a la ley estatutaria de la JEP?
Nuestra postura no es política, porque no somos un actor político. Nuestra posición viene del DIH y se enfoca en la población civil. Se requiere que haya verdad, una cierta forma de justicia y reparación. Nos parece que con el Sistema Integral del acuerdo de paz se daría la posibilidad de cumplir esos objetivos. Se necesita un esfuerzo, no para cumplir con las personas involucradas en ese acuerdo, sino con las víctimas ¡No se puede hacer política con las víctimas! Las víctimas están esperando. Más allá de la discusión sobre la implementación, lo esencial es que hay personas que no la han pasado muy bien en 40 años y deben ser tomadas en serio.
Tomado del portal del diario El Tiempo
