El fiscal Néstor Humberto Martínez y el Centro Democrático le piden desconocer la norma; defensores del Acuerdo de Paz y comunidad internacional lo instan a respetar el sistema de justicia transicional.
Una nueva batalla enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en momentos en que empieza a mostrar resultados. El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez se destapó el pasado lunes y con una senda carta le pide al presidente Iván Duque objetar la ley estatutaria de la JEP. Martínez recibió el respaldo del Centro Democrático y el rechazo de los defensores del Acuerdo de Paz, que desde ya advierten que objetar la norma sería una afrenta a la independencia de las ramas legislativas y judicial, pues tanto el Congreso como la Corte Constitucional ya estudiaron y avalaron el articulado que está a la espera únicamente de la firma del mandatario para entrar en vigencia.
Y es que convertir el sistema de justicia transicional, producto del Acuerdo de Paz, en una realidad normativa ha sido un viacrucis, especialmente con relación a esta ley estatutaria. En octubre de 2017, cuando le quedaban pocos días de vigencia al Fast Track, el mismo fiscal Martínez lideró un cuestionamiento al trámite de la norma en el Congreso. Sus intervenciones movieron los votos de la Unidad Nacional y obligaron a hacer modificaciones que no estaban en el Acuerdo de Paz para poderla aprobar. Cuando faltaban 24 horas para que venciera el plazo, fue aprobada la conciliación de la norma.
Luego vino el estudio de la Corte Constitucional, proceso que tomó más de seis meses. Sólo para julio de 2018 el alto tribunal, mediante un comunicado de prensa, dio a conocer que la norma había sido declarada exequible. Entonces vino una nueva tardanza. Entre el pronunciamiento de la Corte y el envío del fallo al Congreso pasaron otros cinco meses. Pero ahí empezó una nueva epopeya. El presidente del Congreso, Ernesto Macías, engavetó la orden del tribunal por casi cincuenta días. Ante las presiones de la opinión pública finalmente firmó la ley y la envío a la Cámara de Representantes, para que el presidente de la corporación, Alejandro Carlos Chacón, le pusiera su rúbrica para que llegara finalmente a Palacio para sanción presidencial.
Pero una nueva “leguleyada” surgió: Chacón advirtió que Macías había excluido una serie de parágrafos del fallo enviado por la Corte. El presidente del Senado explicó que había sido un error involuntario, y acusó a la impresora, tras lo cual corrigió las omisiones y se logró enviar el texto completo a la Casa de Nariño. “El Fiscal Martínez es quien ha recomendado al gobierno objetar la norma, señalándola de inconveniente, pues no lo puede hacer por Constitucionalidad, ya que Chacón se pilló el error que le incluyeron en Senado. La jugada consistía en que Duque la objetara por errores de forma, argumentando que la ley que le fue enviada a su despacho no correspondía al fallo de la Corte, pero Chacón se dio cuenta y subsanó el error”, explicó una fuente en el Congreso de la República.
Ahora, el asunto está en manos del presidente Duque, quien de objetar la norma abriría un capítulo inédito en la historia normativa del país, pues nunca antes una norma estatutaria ha sido objetada luego de que el Congreso y la Corte Constitucional la aprobaran. Incluso hay quienes se atreven a advertir que esta decisión produciría un choque de trenes sin precedentes. Pues el Presidente de la República se vería enfrentado a la rama Legislativa y Judicial al mismo tiempo. Al presidente le quedan menos de 20 días para tomar una decisión pero ya las fuerzas vivas del Estado colombiano toman partido por uno y otro bando. El Fiscal Martínez destapó sus cartas el lunes pasado y en una misiva de nueve páginas el jefe del ente acusador expresó sus preocupaciones, las cuales, palabras más palabras menos, consisten en que la JEP mantendría competencias sobre quienes suscribieron un acuerdo de paz con el Estado. Martínez busca mantener competencia sobre casos como el de ‘Jesús Santrich’ por lo cual le pide al presidente Duque objetar la norma. En esta propuesta recibió el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, quien en una serie de trinos, expresó: “Se mantiene competencia sobre delitos de ejecución permanente después de la firma. Un despropósito”.
En contraste, la representante Juanita Goebertus, quien además participó de la mesa de diálogos de La Habana como asesora del Gobierno, criticó la propuesta del Fiscal advirtiendo que un funcionario público debe acatar los fallos de la máxima autoridad constitucional y respondió a cada uno de los interrogantes de Martínez. “Usted como ciudadano puede estar en desacuerdo con las decisiones de la Corte Constitucional, pero como funcionario público le corresponde acatarlas. Sus objeciones no son otra cosa que insistir en temas en los que la Corte no le dio la razón”, afirmó la congresista.
También le salió al paso al Fiscal el senador Roy Barreras desde su cuenta en Twitter. “Dice un dicho popular campesino “ya éramos muchos y parió mi abuela”… Ya son muchos los interesados en destruir la JEP y de paso la paz lograda y ahora el Fiscal General hace “reparos” a la ley estatutaria para estimular la objeción. Yo tengo cinco reparos a los cuatro reparos del Fiscal General de la Nación”, puntualizó Barreras.
De igual manera, la JEP respondió a Martínez y al uribismo: “Teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la garantía de seguridad jurídica que se impone en el Estado de Derecho para los 9.691 exmiembros de las Farc 1.958 miembros de la Fuerza Pública y 39 agentes del Estado diferentes a la Fuerza Pública hasta ahora sometidos a la JEP, es indispensable que se sancione con carácter prioritario dicha ley, solicitud que de manera respetuosa elevó la Presidencia de la Jurisdicción al señor presidente de la República el pasado 4 de febrero de 2019”.
De esta manera queda sobre el tapete un nuevo enfrentamiento entre detractores y defensores del Acuerdo de Paz. En el medio está el presidente Iván Duque con la norma sobre su escritorio. Impulsores del fin del conflicto le piden sancionarla, incluyendo a miembros de la comunidad internacional que tiene los ojos puestos en la decisión que tome; mientras que el Fiscal y el uribismo le buscan el quiebre a la JEP para darle una estocada mortal al proceso de paz que depuso las armas de la guerrilla más vieja del continente.
Tomado del portal del diario El Espectador
