Solo leer el titular trajo de vuelta miedos del pasado. El artículo publicado este fin de semana por el diario estadounidense The New York Times –“Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”– desató una convulsión política en la que algunos sectores afirmaron el regreso de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “Falsos positivos”.
Por: Sergio Andrés Correa / Juan Manuel Flórez Arias
El Colombiano
En concreto, la publicación se refiere a cuatro presuntas directrices de aumento de resultados militares que pondrían en riesgo a civiles. Esto, sustentado en declaraciones anónimas de oficiales y documentos filtrados por ellos.
Según la denuncia, órdenes de los altos mandos incluirían conteos de bajas, incautaciones y capturas en 2018, y la instrucción de duplicar esas cifras este año; la reducción de los porcentajes de certeza requeridos para llevar a cabo una operación; seguimiento de cuántos días pasa una brigada sin tener enfrentamientos; y la indicación a los uniformados de colaborar, de ser necesario, con grupos paramilitares para obtener información sobre sus objetivos y “generar resultados” (Ver Glosario).
El autor del artículo, Nicholas Casey –quien tras la publicación abandonó el país debido las reacciones de políticos que lo acusaron de recibir dinero de la exguerrilla de las Farc– sugiere un vínculo entre estas órdenes y “asesinatos sospechosos o arrestos” recientes. Sin embargo, el texto no plantea la existencia de una estructura sistemática como la que operó en Colombia durante el escándalo de los “Falsos positivos”.
A revisar el pasado
En noviembre de 2005 el Ministerio de Defensa emitió una directriz que fijaba recompensas en efectivo para los uniformados que capturaran o dieran de baja a miembros de grupos armados ilegales.
La estrategia, revelada en 2008, establecía que por un máximo cabecilla se pagaban sumas de hasta 5.000 millones de pesos y, por mandos medios o combatientes rasos, se ofrecían entre 3 y 68 millones.
Solo hasta ese año, con la desaparición de jóvenes de Soacha, Cundinamarca, comenzó a conocerse una estructura que hacía pasar por guerrilleros a civiles y que habría ocasionado la muerte de 5.763 víctimas, según indicó en 2014 la plataforma de incidencia política Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
Como explica la investigación de 2017 de la magister en Estudios Políticos de la U. Javeriana, Alejandra Bonilla, esta práctica tenía pasos sistemáticos: reclutamiento con promesas falsas de trabajo a civiles –en su mayoría jóvenes de bajos recursos–; su traslado a otra zona del país; montaje de una escena del crimen y cobro de la recompensa.
Para varios expertos, estas características no se cumplirían en casos como los citados por The New York Times; entre ellos el asesinato del exguerrillero Dimar Torres, el pasado 22 de abril, por cuya presunta autoría están siendo investigados el cabo Daniel Eduardo Gómez y el coronel Jorge Armando Pérez.
El director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, apunta que “no hay evidencia de que esas nuevas órdenes hubieran conducido a un mayor número de violaciones de Derechos Humanos ni siquiera de que hayan supuesto una intensificación de operaciones”.
Sin embargo, las diferencias con los casos de “Falsos positivos” no excluyen que, como señala Restrepo, “el establecimiento de metas pueda llevar a maximizar el riesgo para los civiles”.
- Proyecciones de cantidad de acciones militares
Señalamiento the New York Times
En enero de este año, el comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez habría convocado a una reunión en Bogotá en la que se distribuyó un documento titulado “Planteamiento de objetivos 2019”. En este, se pedía a los comandantes enumerar la cantidad de acciones militares en 2018 y proyectar cuántas se ejecutarían en 2019. Según el artículo, la indicación era duplicar la cifra.
Respuesta del Ejército
El general Nicacio Martínez publicó un documento que, afirma, contiene las respuestas entregadas a The New York Times. En este asegura que “no se trata de una proyección de afectaciones, sino de un análisis que corresponde a cada comandante militar una vez evaluada la jurisdicción que le fue asignada. Se deben proyectar las metas operacionales que permitirán afectar los sistemas criminales. No se aceptan resultados que no cumplan con estándares de legalidad”.
Lo que dicen los expertos
Para el consultor en seguridad Erich Saumeth, la exigencia y cuantificación de “metas operacionales” es un deber de la Fuerza Pública. “Como cualquier entidad o empresa, el Ejército tiene metas”. Aun así, según Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), la exigencia de estas metas es “un giro de 180 grados en la política” de las fuerzas armadas y supone regresar “a una práctica que existió desde 2005 y que se habría abandonado en el segundo gobierno de Álvaro Uribe”.
- Presunta colaboración con paramilitares
Señalamiento the New York Times
El diario estadounidense, basado en testimonios anónimos de oficiales y sin citar un documento concreto, afirma que en una reunión en Cúcuta (tres días después de la de Bogotá) se ordenó a los mandos militares “hacer lo que sea” para generar resultados, incluyendo alianzas con grupos paramilitares para obtener información.
Respuesta del Ejército
El Ejército manifestó que este punto no fue preguntado por el medio de comunicación y remitió a las declaraciones del ministro de Defensa, Guillermo Botero, en las que indica que “el artículo menciona que hay servidores de la Fuerza Pública que consideran que recibieron una orden que eventualmente ha podido ser ilegal, por esa razón he dirigido una comunicación a la Fiscalía, para que haga las investigaciones del caso si lo considera prudente”.
Lo que dicen los expertos
Restrepo señala que, si bien el diario estadounidense utiliza el término “grupos paramilitares”, en rigor estas estructuras ya no reciben ese nombre y han derivado en grupos de crimen organizado. Además, apunta que de comprobarse este vínculo -que se presentó en el pasado- “sería ilegal y profundamente riesgoso”. Por su parte, Saumeth apunta que, al carecer del documento que fundamenta la denuncia, “se trata de la palabra de los oficiales citados contra la palabra del gobierno”.
- Operaciones con mayor incertidumbre
Señalamiento the New York Times
El 19 de febrero habría sido distribuido un nuevo documento, titulado “Cincuenta órdenes operacionales”. Este permitiría que se llevaran a cabo operaciones con un mayor grado de incertidumbre, siempre y cuando fueran ejecutadas contra objetivos legítimos. En concreto, el porcentaje de certeza mínimo pasaría del 85 % a entre 60 % y 70 %.
Respuesta del Ejército
El general Martínez explicó que el porcentaje de certeza en objetivos militares se refiere a “la evaluación de información de inteligencia que posteriormente es utilizada en el planteamiento de una operación. No se refiere al grado de certeza sobre sus resultados”. El comandante del Ejército añadió que establecer dicho porcentaje consiste en un “ejercicio de ponderación que debe hacerse con la información de inteligencia en su fase de planeamiento” y que permite tomar decisiones.
Lo que dicen los expertos
Según Saumeth, la flexibilización de los requerimientos para las operaciones sería una respuesta al aumento de cultivos ilícitos y “no pone en riesgo a la población civil”. Esto, para el consultor, porque la acción militar “tiene como objetivo desarticular una estructura criminal, no dar de baja a las personas”. Su lectura es compartida por Restrepo, quien no cree que esto “tenga un impacto tan importante en la generación de riesgo para los civiles, como sí lo tiene en cambio la definición de metas en términos de bajas”.
- Presiones a brigadas por falta de combates
Señalamiento the New York Times
El último punto del diario estadounidense se refiere a una presentación titulada “Días sin combate”, de febrero de este año, en la que se enumeraría cuánto tiempo habría pasado cada brigada y fuerza operativa del Ejército sin participar en enfrentamientos. Esto, con la reiteración de la instrucción de aumentar los resultados.
Respuesta del Ejército
Pese a que en el artículo de The New York Times se menciona la presentación “Días sin combate” como evidencia de que habría ocurrido la reunión en febrero de este año en Cúcuta, el comandante del Ejército respondió que “se hizo una verificación previa en los archivos de febrero de 2019 del Comando del Ejército y no se encontró ningún documento que coincida con la información” a la que el periodista de The New York Times hizo referencia.
Lo que dicen los expertos
Para Restrepo esta instrucción sería reprochable. A su juicio, la imposición de castigos a los militares en caso de no cumplir ciertas metas genera los mismos riesgos que el establecimiento de recompensas. “Pero, además, este tipo de medidas no genera más seguridad”, agrega. Para Saumeth, este punto presenta el mismo conflicto de versiones encontradas que el de los porcentajes y, además, para él “se está confundiendo la consecución de resultados militares con bajas de ciudadanos civiles, y no son lo mismo”.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
GLOSARIO
Metas operacionales
Se refiere a la cuantificación de los resultados de capturas, incautaciones o bajas. Según el Ejército, es una práctica rutinaria en su planeación.
Certeza del objetivo
Porcentaje de seguridad que debe tener un comandante al ordenar una operación, para garantizar que se trata de un objetivo legítimo (delincuente).
Falsos positivos
Se trata de una práctica sistemática de asesinato de civiles con el fin de aumentar las cifras de resultados militares contra la criminalidad.
Tomado del portal del diario El Colombiano
