Más de 75 representantes de la sociedad civil colombiana, europea e internacional, se reunirán en Bruselas este jueves y viernes para evaluar la grave situación de derechos humanos que atraviesa el país.
Bajo la premisa de que la paz en Colombia está en peligro, más de mil organizaciones y movimientos sociales que trabajan en y por Colombia, llevarán este 4 y 5 de abril ante la comunidad internacional sus preocupaciones sobre la crisis de derechos humanos que vive actualmente el país y las fallas en la implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc.
Las organizaciones fueron convocadas en Bruselas por la Oficina Internacional de los Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO) junto con sus tres plataformas asociadas en Colombia: la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia; y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU).
Los movimientos y plataformas de derechos humanos que participarán en el encuentro han señaldo que desde su llegada al Gobierno, “el presidente Iván Duque no ha demostrado la suficiente voluntad para implementar el Acuerdo Final de Paz, ya que las políticas públicas propuestas en materia de reforma rural integral, sustitución de cultivos ilícitos, y derechos de las víctimas, así como el Plan Nacional de Desarrollo, son contrarias y regresivas a lo estipulado inicialmente en el Acuerdo, y por lo tanto ponen en peligro la construcción de paz en Colombia”.
Asimismo sostienen que hay una clara preocupación por la falta de respaldo del gobierno a los mecanismos del Sistema Integral de Justicia, la falta de recursos para poner en marcha varios de las herramientas pactadas, y el limbo en el que pareciera estar la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya ley estatutaria fue objetada por el presidente Iván Duque y a la que, aseguran, “se le ha asignado en 2019 un presupuesto 28% menor que el que había pedido para su funcionamiento. Los representantes de las plataformas recuerdan que la JEP es el instrumento que garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y que tendría que ser intocable”.
Las organizaciones plantearán además las inquietudes frente a la nueva Política de Defensa y Seguridad del Estado que a su juicio representa no solo una regresión en materia de derechos humanos sino que además “favorece el aumento de la militarización en los territorios, fortalece la participación ciudadana en actividades de seguridad, promueve la erradicación forzada de cultivos ilícitos y cierra puertas a la negociación con el Eln”.
Insisten, además, en que la implementación del Acuerdo de Paz no solamente se ha desacelerado, sino que su incorrecta implementación está poniendo en riesgo a las personas defensoras y líderes sociales, en especial a quienes viven en regiones donde se registra una débil o nula presencia del Estado, es decir, donde antes se encontraban las Farc: “El Estado tiene que actuar con urgencia y llegar con su institucionalidad a las zonas rurales más alejadas, apoyando los procesos de implementación del acuerdo en curso que atienden las causas estructurales del conflicto armado y en donde más defensores son asesinados, especialmente aquellos que trabajan con temas como la restitución de tierras o la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”.
Tomado del portal del diario El Espectador
