De 231 casos ocurridos desde enero de 2016, la Fiscalía ha aclarado 126.
Por: Redacción Justicia
El Tiempo
Los asesinatos de 7 líderes sociales en los primeros días de este año pusieron en evidencia que la violencia contra ellos no ha logrado ser controlada pese a la cantidad de alertas que se han lanzado desde distintas instituciones y del compromiso de las autoridades para combatirla.
Precisamente este jueves, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, revelará los resultados de las investigaciones que han logrado esclarecimiento en 126 de los 231 crímenes ocurridos entre el primero de enero del 2016 y diciembre del 2018. Es decir, hay resultados sobre más de la mitad de los asesinatos de líderes sociales.
El informe, que conoció en exclusiva EL TIEMPO, toma como base los crímenes reportados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Según las investigaciones de la Fiscalía, en el 35 por ciento de los 126 casos con esclarecimiento –hay órdenes de captura, imputaciones o sentencias– los crímenes fueron cometidos por particulares, y no por grupos armados.
El segundo mayor porcentaje de asesinatos, de acuerdo con el organismo investigador, recae sobre organizaciones criminales, que habrían ejecutado el 24 por ciento de los homicidios. Y en el tercer lugar aparece el ‘clan del Golfo’, con el 10 por ciento. Con menores porcentajes están las disidencias de las Farc, el Eln e incluso miembros del Ejército y la Policía.
Del total de 231 casos, la Fiscalía les atribuye 12 a integrantes de la Fuerza Pública, de los cuales 5 están en la justicia penal militar, mientras que los otros 7 se encuentran en la justicia ordinaria.
Al referirse al Eln, guerrilla con la cual están suspendidos los diálogos, el comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, había adelantado que la Fiscalía tiene 18 órdenes de captura contra integrantes de esa organización por los homicidios de 6 líderes sociales, y otras 26 órdenes de captura por el homicidio de 12 exintegrantes de las Farc. “Es muy importante que Colombia entienda y sepa que los asesinatos de líderes sociales también son dirigidos por estos grupos que no han querido acogerse a la paz”, afirmó.
Los procesos en marcha
El hecho es que, según la Fiscalía, hay 295 personas vinculadas a las investigaciones en los 126 asesinatos en proceso de esclarecimiento. Y 186 están ya en prisión. De ellas, 35 fueron condenadas. Incluso, en 31 de los casos esclarecidos ha sido identificado el autor intelectual.
En el informe que revelará el ente investigador se señala que la mayoría de las víctimas han sido miembros de juntas de acción comunal y líderes ambientales y de sustitución de cultivos ilícitos.
Como lo han documentado distintas instituciones, los asesinatos de líderes sociales se incrementaron cuando se acercaba el acuerdo de paz con las Farc. En el 2018, los casos fueron 86, según el mismo informe que entregará la Fiscalía. Y llama la atención que en la lista de municipios con crímenes aparecen 37 nuevos. Es decir, lugares donde no habían ocurrido asesinatos en el 2016 y el 2017.
Este año, los casos más recientes son los de Miguel Antonio Gutiérrez, presidente de la junta de acción comunal del barrio La Victoria de Cartagena del Chairá, en el Caquetá, quien fue asesinado el lunes 7, y el de Maritza Quiroz Leyva, líder de mujeres desplazadas de Santa Marta asesinada en la madrugada del 6 en la vereda San Isidro de esa ciudad, en la finca que le había restituido el Estado.
La CIDH, al tanto
La dramática situación que viven los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante ese organismo, líderes de varias organizaciones pidieron en mayo del año pasado el nombramiento de un relator especial para hacer seguimiento a los hechos y solicitaron que se ordene al Estado “iniciar y llevar a buen término las investigaciones penales y disciplinarias por los asesinatos, desapariciones, amenazas, atentados y actos de tortura de los cuales han sido víctimas”.
Las peticiones están haciendo su trámite en la CIDH. Incluso, el senador Iván Cepeda, de la Comisión de Paz del Congreso, habló personalmente del tema con el jefe de la OEA, Luis Almagro.
Según la Unidad Nacional de Protección (UNP), más de la mitad de las personas que tienen protección del Estado son líderes sociales. Serían 4.487 de 7.179 que tienen algún esquema de seguridad.
Y de acuerdo con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el primer gabinete de paz de este año convocado por el presidente Iván Duque, que se llevó a cabo el pasado martes en la noche, tuvo como eje la crítica situación de los líderes sociales.
Durante su visita a Colombia, a finales del año pasado, el relator de la ONU para el tema, Michel Forst, pidió al Gobierno abolir el “negacionismo” de la violencia contra los líderes sociales y evitar su estigmatización. “La estigmatización en el discurso de altos funcionarios, a veces de los más altos niveles del Estado, los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de difamación que buscan desacreditar su trabajo, asociándolos con la oposición política, acusándolos de tener nexos con los paramilitares o llamándolos antipatriotas, criminales e incluso traidores”, afirmó Forst en ese momento.
Urge convocar la Comisión de Garantías de Seguridad
El procurador general, Fernando Carrillo, le pidió este miércoles al Gobierno que convoque “de manera urgente” la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se creó a partir del acuerdo de paz con las Farc para desmantelar a los grupos armados responsables de los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes de esa guerrilla.
Carrillo dice que esa comisión debe evaluar las amenazas contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos y tomar medidas para, entre otras cosas, mejorar los esquemas de protección y la estrategia para desmantelar las redes criminales que atentan contra los representantes sociales.
“Es inaudito e inadmisible que ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se detenga y que los 11 compromisos del ‘Pacto por la vida y la protección de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos’, suscrito el pasado 23 de agosto en Apartadó (Antioquia), sigan sin cumplirse”, afirmó el Procurador, para quien es claro “el fracaso de los esquemas de protección personal y la necesidad de un cambio de fondo, más allá de la retórica y las buenas intenciones”.
La Comisión de Garantías de Seguridad fue creada el 3 de febrero del 2017 a partir del Decreto Ley 154. De ella hacen parte representantes del Gobierno, delegados de la Fiscalía, la Procuraduría y de organizaciones sociales.
Tomado del diario El Tiempo
