De los 7 involucrados en el caso de brutalidad policial, 4 presentan anotaciones disciplinarias.
Este miércoles, en medio del debate de control político al Ministerio de Defensa por parte de miembros de la Cámara de Representantes, una certificación de la Policía pasó inadvertida.
Óscar Enrique Ortiz, secretario de gabinete del Ministerio de Defensa, les respondió a los congresistas citantes desde cuántos hombres tiene la Policía hasta el presupuesto anual de la institución, hoy bajo la lupa tras el caso de brutalidad policial contra el ciudadano Javier Ordóñez y el abuso de sus miembros en las jornadas del 9 y 10 de septiembre.
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Pero en la respuesta dada a los congresistas citantes (Abel Jaramillo, Wílmer Leal, Jorge Gómez, Óscar Restrepo, David Racero, Inti Asprilla, María José Pizarro, Luis Albán, Jairo Cala y Carlos Carreño) también se refieren a los siete uniformados involucrados en el caso Ordóñez.
Aunque no dan nombres, sí responden a la pregunta: “Sírvase informar, ¿cuántos integrantes de la Policía se vieron involucrados en los hechos ocurridos el 8 de septiembre, en la ciudad de Bogotá, donde falleció el señor Javier Humberto Ordóñez?”.
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Además del rango y de los años de servicio en la institución, se pregunta si estos uniformados tienen procesos disciplinarios abiertos.
EL TIEMPO accedió a la respuesta y en ella se señala que de los dos intendentes y 5 patrulleros involucrados, cuatro registran procesos disciplinarios abiertos.
La información —según el documento— fue suministrada por la Inspección General de la Policía, en cabeza del general William Salamanca.
Sin embargo, no se dan detalles de los hechos que llevaron a esa instancia a abrir este tipo de averiguaciones.
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Empero, es claro que harán parte de la investigación penal, por lo que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ya entró a calificar durante una intervención previa en el Senado: “Unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético y desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución”.
Los otros datos
El documento también revela que uno de los intendentes involucrados lleva más de 19 años de servicio, y el otro uniformado, del mismo rango, 17. Este último es uno de los que tiene proceso disciplinario abierto por otro caso.
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Uno de los patrulleros completa 18 años en la institución, y los otros, entre 8 a 12 años. En este grupo están los otros 3 uniformados con expedientes disciplinarios abiertos previamente.
Tal como lo reveló EL TIEMPO la semana pasada, el patrullero Juan Camilo Lloreda Cubillos es uno de los involucrados en la muerte de Ordóñez, que registraba golpes en su rostro y cuerpo, adicionales a las 8 descargas de la pistola taser propinadas por los uniformados. El otro policía identificado es Harby Damián Rodríguez Díaz.
La información también revela que el número de uniformados activos en la Policía se ha venido reduciendo. En el 2016, la Policía sumaban 179.398 efectivos activos, pero para el 2020 ese número bajó a 161.111.
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Esto contrasta con el presupuesto anual asignado a la institución. En efecto, el informe indica que hace 4 años la Policía tenía una asignación de 8.954 millones de pesos, y para la vigencia del 2020 ese monto ascendió a 10.882 millones de pesos.
En medio del debate de este miércoles en la plenaria de la Cámara, durante el cual pasó desapercibido este documento del Ministerio de Defensa que EL TIEMPO revela, la representante Katherine Miranda mostró un video de Wílder Salazar, el testigo que estuvo junto al fallecido Ordóñez en el CAI de Villa Luz, en Bogotá, donde fue agredido por los policías ahora investigados.
En su relato, Salzar asegura: “Las súplicas de Javier en todo momento fueron: ‘Ya, ya no más, ya no más’. (…) Nunca se detuvieron y lo golpearon en varias oportunidades en el rostro”.
UNIDAD INVESTIGATIVA
Tomado del portal del diario EL TIEMPO
