Iván Cepeda responde por qué insiste en que la Corte tiene la competencia para juzgar al exsenador.
Por: María Isabel Rueda
EL TIEMPO
¿Qué opina de que Álvaro Uribe lo apode a usted ‘el joven senador de Far’?
Primero debo hacer una referencia obligada: en la entrevista que les concedió a usted y a Vicky Dávila, Álvaro Uribe asimiló a la Corte Suprema de Justicia y a sus magistrados a una organización secuestradora y mafiosa. Esa es una inaceptable afrenta a la justicia, a las instituciones y a la democracia.
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Sobre su condición de secuestrado, le hice saber mi público desacuerdo con el uso del término, porque una detención preventiva, por más polémica que sea, no equivale a un secuestro….
Raya en delito tratar a la justicia y a los magistrados de esa forma.
¿Y sobre el ‘joven senador de Far’?
Esa pregunta la he respondido yo no sé cuántas veces, he perdido la cuenta y no voy a repetir lo que ya he dicho. Pero le planteo esto: ¿sería concebible que una entrevista con el hoy exsenador Uribe comenzara con la pregunta: ¿Es usted o ha sido paramilitar?
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También se la han hecho…
No es usual. En mi caso, lo he demostrado, no tengo absolutamente ningún inconveniente en responder, si es el caso, ante la justicia, porque no es cierto y en consecuencia no hay una sola prueba de que hubiera pertenecido o pertenezca a una organización ilegal.
Es que algunas de esas pruebas estaban en los computadores de ‘Raúl Reyes’, que se engavetaron porque, según la Corte, rompieron la cadena de custodia…. En numerosas oportunidades, en ellos lo llaman a usted ‘compañero’ y lo meten en planes de coordinación de marchas…
Se dice que hay tres referencias. ¿Pero, esta entrevista es sobre mi eventual pertenencia a esa organización?
No, no, pero es que usted está diciendo que contra usted no hay nada.
No hay, porque si fuera así, Uribe habría hecho una denuncia penal. En esos computadores lo que supuestamente se dice es que en mi condición de miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, organicé una movilización nacional para protestar por esos crímenes. Y a los líderes de las Farc en ese momento se les ocurrió decir, en algún cruce de mensajes entre ellos, que sería una extraordinaria idea que convocaran también y participaran. Pero lo que no se quiere recordar es que yo hice una declaración en la que quedaba claro que ni había solicitado ni quería semejantes apoyos a esa movilización.
El Comité de Solidaridad con Presos Políticos respaldó el gasto en hoteles y manutención de dos núcleos familiares de Monsalve que habrían sido amenazados. En el caso del abogado Cadena, los familiares de Carlos Enrique Vélez han declarado en la Corte y en la Fiscalía que la plata que recibieron del abogado Cadena era para gastos personales. Seguimos sin entender qué es un gasto humanitario y qué es una compra de testigos…
Sobre esa diferencia ya hay una decisión de la Corte. Además hay una imputación de cargos al señor Cadena, quien también está privado de la libertad. En el auto de la Corte quedó demostrado que sí hubo un aporte para apoyar a unas personas que habían en su momento manifestado temor por su vida ante una organización de derechos humanos. Lo cual es perfectamente legal. ¿De dónde provinieron los recursos para suministrarles unos pasajes y un alojamiento? De un fondo que pertenecía a Amnistía Internacional, que es una organización suficientemente reconocida.
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¿Fondo al que usted ha contribuido?
No. Y aquí quiero refutar una de las tantas mentiras que dijo Uribe en esa larga entrevista que les concedió a ustedes. No es cierto que yo haya aportado un solo peso al Comité de Solidaridad. Lo que es cierto es que al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, como lo señalé en mi cuenta de Twitter, he donado más de 350 millones de pesos, que provienen de mi salario. El Comité de Solidaridad recibe esos fondos para hacer la contabilidad de mis aportes al Movimiento de Víctimas. Los recursos para las personas que el Comité de Solidaridad estaba ayudando a proteger en esa época, provenían de un fondo de Amnistía Internacional.
Tenía entendido que sus aportes no pasaban de 40 millones. ¿Usted gestionó esas ayudas?
Repito, el fondo es de una organización internacional. Lo que hice fue poner en contacto al Comité de Solidaridad y presentarles a la familia Monsalve, y ellos explicaron su situación. Una de las personas que estuvo en ese programa y que recibió esa ayuda del Comité de Solidaridad fue el señor Óscar Monsalve.
¿El antiguo mayordomo de la hacienda Guacharacas y padre del señor Juan Guillermo Monsalve?
Sí. Él testificó en mi contra en el proceso que se llevaba en ese momento por la denuncia penal formulada por Uribe. La Corte Suprema, en su investigación, interceptó las comunicaciones del señor Óscar Monsalve. Detectó que recibía frecuentes llamadas de un íntimo amigo y socio del exsenador Álvaro Uribe, Juan Guillermo Villegas Uribe, quien sí ofrecía dineros, asociando esos ofrecimientos al testimonio que el mayordomo de la hacienda entregaría a la Corte. El día en que Monsalve tenía que ir a testificar a la Corte, Villegas Uribe le hizo veinte llamadas a su celular. Y después, misteriosamente, el CTI informó que precisamente esas llamadas no pudieron ser grabadas, por algún tipo de “problema técnico”.
¿En calidad de qué le daban las ayudas a Monsalve del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, si él no es un preso político? Fue rechazado hasta en la JEP…
A Juan Guillermo Monsalve el Comité de Solidaridad no le entregó ninguna ayuda. A su familia contribuyó a protegerla, pues es una organización que no se dedica exclusivamente a atender la situación de presos políticos.
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¿En las once veces que usted fue a visitar a Monsalve en la cárcel, ¿de qué hablaron?
Fueron nueve veces. El señor Juan Guillermo Monsalve denunció en múltiples oportunidades amenazas, y dos atentados contra su vida. En septiembre de 2011 recibí una carta suya en la que decía que quería dar una declaración sobre los Uribe. Tomé la declaración y se la entregué a la fiscal Vivian Morales. Meses antes, ante un fiscal de Justicia y Paz, Monsalve declaró haber participado de la creación del llamado ‘Bloque Metro’ y que quienes daban órdenes en ese grupo eran los señores Santiago y Álvaro Uribe. No es cierto que a raíz de mi visita a esa cárcel el señor Monsalve declarara, ya lo había hecho con anterioridad.
Eso es cierto. Su participación empieza después, protegiéndole a la familia.
Reitero, la protección provino del Comité de Solidaridad, no de mi parte. Ahora, el otro caso es el de Pablo Hernán Sierra. Había sido el primero en testificar ante la Fiscalía, y ni a él ni a Monsalve se les admitió en Justicia y Paz porque –esto también llama la atención– nunca se quiso reconocer que existiera ese grupo paramilitar de la hacienda Guacharacas. Como no se investigaron sus declaraciones, recurrieron a mí.
Usted admite que fue nueve veces a visitar a la cárcel a Monsalve y se intercambiaron varios chats, ¿no es verdad?
Monsalve de vez en cuando me hacía llegar comunicaciones sobre su situación.
¿Por qué el magistrado Reyes no quiso que usted mostrara esos chats, alegando que podría autoincriminarse?
Eso no es cierto. Los chats fueron entregados a la Corte. Comencé a recibir mensajes de Monsalve diciéndome que lo estaban buscando tanto un señor que se hace llamar ‘Caliche’, como también un emisario del senador Uribe, el señor Diego Cadena. Con esos elementos que entregué a la Corte, se inició la investigación.
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¿La defensa ha tenido oportunidad de ver esos chats?
La defensa conoce esos elementos probatorios.
¿A usted le parece que, renunciado Uribe al Senado, su juez natural deba dejar de ser la Corte y el proceso pase a la Fiscalía?
No, él debe seguir siendo investigado y eventualmente juzgado por la Corte.
¿Por qué?
El fuero que él tiene es institucional. La jurisprudencia de la Corte indica que en casos como este, ella investiga a personas que hayan cometido delitos en su condición de congresistas, pero también, y esto es lo importante, que hayan utilizado su condición de congresistas para cometer delitos. Y esta tesis es la que nosotros sostenemos. El senador Uribe utilizó su investidura para eventualmente cometer delitos, como fraude procesal y soborno. Este asunto se originó en debates de control político que hice en la Cámara de Representantes en 2012 y en el Senado de la República en 2014, en los que señalé los vínculos de Uribe y grupos paramilitares y del narcotráfico.
En su condición de senador, él respondió y también lanzó unas acusaciones en mi contra en el recinto, y posteriormente se dirigió a la Corte Suprema de Justicia a denunciarme. Fue la primera vez que lo vi salir afanoso del Congreso. Ahora lo veo por segunda vez huyendo. Pero, además, él ha utilizado para buscar falsos testimonios que ha presentado, personas que pertenecen a su unidad de trabajo legislativo, y al congresista Álvaro Hernán Prada, lo que no es un hecho menor.
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Pero eso no es una actuación relacionada con la misión legislativa de un senador…
Por supuesto que no, pero él ha empleado su condición de senador para que esas personas actúen en lo que pueden ser delitos. Y, en tercer lugar, en múltiples oportunidades el senador Uribe utilizó el recinto parlamentario para debatir, en sesiones plenarias, asuntos que tienen que ver con este caso, al punto de que tuve que intervenir para llamarle la atención y decirle que no usara su fuero como congresista para discutir asuntos que deben definirse en el escenario judicial.
¿No es un poco sospechosa la insistencia de que si no es la Corte no puede haber justicia ‘justa’ para Álvaro Uribe?
Lo que no me parece lícito es que se reemplacen los argumentos del derecho con un sainete en el cual Uribe primero se presenta como víctima, y luego como un furibundo agresor de la Corte Suprema. El exsenador Uribe ha contado con todas las garantías, durante largos años…
Él dice que no…..
Eso es lo que él dice, pero yo también tengo mi posición sobre eso.
Pero es que usted no es el reo…
No, pero yo soy la víctima y también tengo derecho a fijar posición. Mientras él ha presentado numerosas personas que están diciendo mentiras y que se supone que pueden haber recibido beneficios a cambio de esas declaraciones, yo no he presentado ni un solo testigo ante los magistrados.
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¿Por qué les da tanto miedo que de pronto gane el argumento de que la Corte ya no es competente, y pase el caso a la Fiscalía y a los jueces de la justicia ordinaria?
No es miedo, no. Cuando Uribe me instauró la denuncia, yo no salí a organizar una especia de asonada para acabar con la Corte Suprema de Justicia ni a proponer una Constituyente, o para decir que en vez de la Corte había que crear un “tribunal de honor”. Nada de eso. Acepté mi juez natural, apelé a argumentos y presenté pruebas.
Oí a su abogado por La W, que en tono muy pausado explicó que ustedes no quieren que el caso Uribe llegue a la Fiscalía, porque el Fiscal es muy amigo del Presidente. Uribe dice que no le gusta la Corte porque siente que hay magistrados que son sus enemigos políticos. ¿Por qué hay que creer lo primero y no lo segundo?
Lo que Uribe ha dicho es que la Corte es una organización secuestradora y mafiosa. Llegado el momento veremos cuál es el escenario, una vez que la Corte tome sus decisiones.
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A Uribe lo grabaron 32 días ilegalmente. ¿Usted acepta que eso sucedió?
Esas grabaciones han sido declaradas por la Corte legales.
¿Cómo van a ser legales cuando se ordenó grabar a una persona y terminó siendo otra, Uribe?
Son legales, y revelaron hallazgos relevantes para la Corte.
¿Acepta que Uribe pida que se conozca públicamente todo su expediente y se hagan públicas las pruebas?
Uribe sabe que eso la ley lo impide. Intenta dar la imagen de ser trasparente, pero, por el contrario, lo que quiere es ocultar lo que ha ocurrido. La pregunta es por qué si quiere que todo se conozca busca invalidar a toda costa como prueba sus conversaciones por celular.
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MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
Tomado del portal del diairo EL TIEMPO
