Gobierno y Ejército han dado explicaciones local e internacionalmente sobre un hecho que aseguran no está ocurriendo
Tras la tormenta que se presentó por la supuesta reaparición de los llamados ‘falsos positivos’ en la Fuerza Pública, la marea bajó de intensidad después de que el Gobierno hiciera las aclaraciones negando que esta situación se presente. Además, el miércoles el Senado aprobó los ascensos de 13 altos oficiales.
- Los ascensos
La plenaria del Senado aprobó los ascensos de 13 altos oficiales, generales y de insignia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
El ascenso que produjo más polémica fue el del mayor general Nicacio Martínez, quien por su actual condición de Comandante del Ejército fue responsabilizado en el artículo de The New York Times de una directriz que, según el medio, tendría como fin producir más bajas en combate, lo que fue desmentido por el oficial al explicar que el objetivo de esta era meramente operativo.
También fueron ascendidos de mayor general a general Luis Navarro, actual comandante de las Fuerzas Militares; Ricardo Jiménez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares; y Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea.
Así mismo fue promovido al grado de almirante el vicealmirante Evelio Ramírez, comandante de la Armada. En la Policía Nacional ascendieron al grado de general al mayor general Óscar Atehortúa, director general de esta institución. Al grado de mayor general, los brigadieres Álvaro Augusto Cubillo, Carlos Ernesto Rodríguez, William Ernesto Ruiz, Fabio Hernán López, Herman Alejandro Bustamante, Ramiro Castrillón y Fabián Laurence Cárdenas.
- La directriz
El ministro Botero negó cualquier instrucción para exigir el aumento de muertos en desarrollo de operaciones militares y destacó que 115 mil uniformados han sido capacitados en lo corrido del año en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Por su parte el general Martínez dijo que no es cierto que se estén incentivando las bajas en combate. “Nunca lo hemos hecho. Nuestro principio fundamental es preservar la vida”.
No obstante, el oficial dijo que “para evitar malas interpretaciones” externas, en referencia al diario norteamericano, se decidió cambiar la directriz.
En tanto que el presidente Duque aseguró que “frente a los señalamientos del The New York Times se hicieron unas afirmaciones que las pudieron verificar con el trabajo que adelantan las Fuerzas Militares y se pudieron dar cuenta que aquí no se da ninguna instrucción para que se produzcan asesinatos, como dicen ellos en el artículo”.
- La comisión
Luego de las explicaciones del Ministro de Defensa y del Comandante del Ejército, que negaron que se impartieran órdenes para alcanzar más muertos en combate, el Jefe de Estado decidió conformar una comisión presidencial independiente que haga un análisis de las órdenes, manuales y documentos operacionales de la Fuerza Pública, y evaluar que se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.
“Es muy importante que para el pueblo colombiano no haya la más mínima duda de la excelencia operacional de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, dijo el Mandatario.
Dicha comisión estará integrada por los juristas Alfonso Gómez Méndez, Mauricio González y Hernando Yepes, y efectuará su trabajo ad honorem y de forma independiente.
- ¿Hay fisuras?
El general Martínez dijo ayer que “creo que dentro del Ejército lo que hay es unión, estos hechos nos dan más fortaleza para que hagamos las cosas mejor dentro del marco de la ley, dentro del respeto que corresponde a los derechos humanos”.
El alto oficial destacó que “todo esto que sucede nos genera un mayor espíritu, una voluntad de vencer, un espíritu de cuerpo más fuerte, más cohesionados para seguir adelante con nuestra tarea”.
Agregó que “aquí somos transparentes. No tengo cacería de brujas contra nadie, no hay cacería de brujas dentro del Ejército, a todos les doy el mismo trato”, aseveró.
- Campo internacional
El artículo de The New York Times así como un informe de Human Rights Watch en que cuestionó el ascenso de algunos oficiales supuestamente de ‘falsos positivos’, como era de esperarse, generó reacciones internacionales.
Es el caso de la carta que le enviaron al presidente Duque un grupo de senadores de Estados Unidos en la que señalaron que “mientras consideramos el presupuesto del presidente Trump para el año 2020, que incluye un recorte de 74 millones de dólares frente a los niveles actuales de ayuda para Colombia queremos hacerle saber que estamos preocupados por un reciente informe de Human Rights Watch”.
La Cancillería y el Ministerio de Defensa enviaron una misiva al diario norteamericano en la cual ponen en duda “la veracidad” del artículo sobre la supuesta ocurrencia de nuevos casos de falsos positivos. “Para llegar a la conclusión que titula el artículo, el autor se refiere a supuestas entrevistas con oficiales no identificados y a documentación oficial citada parcialmente y sacada de su contexto. Como no se han detallado las circunstancias en que esas entrevistas tuvieron lugar, nada se sabe sobre las motivaciones o, incluso, la veracidad de esas versiones”, señalaron.
De igual forma el canciller Carlos Holmes Trujillo se reunió con directivas de The New York Times con el objetivo de hacer precisiones acerca del artículo sobre presuntos ‘falsos positivos’ y un editorial que deja en entredicho la implementación del acuerdo de paz.
De otra parte, en marzo pasado Naciones Unidas publicó un informe en donde alerta por el incremento de la violencia en Colombia y en ese contexto hace referencia a algunos casos de ejecuciones extrajudiciales.
Esto fue replicado por el Ministerio de Defensa en una misiva dirigida a la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la cual señala que “cuatro de los cinco hechos ocurrieron durante combates y los muertos portaban fusiles y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares”.
- Investigación
La Procuraduría le abrió indagación al general Martínez y otros funcionarios por establecer sobre presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones.
El órgano de control busca determinar la existencia de lo denunciado por The New York Times.
De igual forma en días pasados se conoció un informe que la Fiscalía entregó a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en el que calcula entre 3.000 y 5.000 los casos de ‘falsos positivos’.
El informe sostiene que se han procesado 5.626 personas, de las cuales 3.826 eran soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles. En la mayoría de los casos había condenas o detenciones que superaban los cinco años, por lo cual la JEP ha dado el beneficio de libertad transitoria a 1.236 uniformados.
Tomado del diario El Nuevo Siglo
