Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, insiste en que el debate sobre el sistema que necesita el país no debe darse de manera apresurada.
Aunque el Gobierno descartó la posibilidad de presentar una reforma pensional este año, el debate sobre el sistema que necesita Colombia no pueden aplazarse.
Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, el gremio de las administradoras privadas de pensiones, insiste en que las discusiones no deben politizarse ni ser ideologizadas, sino que deben ser técnicas e ilustradas.
Justamente, el gremio traerá la próxima semana a su Congreso anual un grupo de panelistas de distintas nacionalidades para revisar el estado del arte en esta materia. Sobre este y otros temas, el directivo habló con Portafolio.
¿Qué pueden esperar los asistentes al Congreso anual?
Es un escenario de altísima discusión técnica y académica sobre el futuro del sistema de protección a la vejez. Vienen 12 conferencistas del exterior, quienes darán insumos de lo que está pasando en otros países, lo que es útil para Colombia porque estamos discutiendo otra vez, con alguna intensidad, una reforma pensional.
¿Y el año entrante sí habrá reforma?
Lo veo posible, pero en esto no se debe correr, el tema no debe ser politizado, ni ideologizado, la discusión debe ser técnica e ilustrada. En ese sentido no me preocupa que tome más tiempo porque hay que tomar las mejores decisiones posibles. Tarde o temprano hay que hacer una reforma al sistema de protección a la vejez, y uno de cuyos componentes es la parte pensional. Mientras la informalidad laboral siga tan alta, no son muchas las personas que se van a jubilar con al menos una pensión de un salario mínimo, entonces hay que pensar también en quienes van a tener una devolución de saldos y en quienes ni siquiera aportaron y que tendrán que estar cubiertos con programas como Colombia Mayor. Si no hacemos nada, en el 2055 vamos a tener 15 millones de adultos mayores de 60 años de los cuales casi 10 millones no van a tener ningún tipo de protección, eso es una situación socialmente explosiva que tenemos que corregir desde ahora.
¿Ha cambiado su propuesta de ajuste?
Seguimos insistiendo en que en la combinación del envejecimiento de la población -que es mucho mayor de lo que creíamos- con la informalidad laboral, solo hay dos cotizantes activos por cada adulto mayor, lo que quiere decir que un régimen de reparto no es viable, porque ya es una pirámide financiera, en la que los jóvenes no van a tener quién les pague una pensión cuando sean viejos. El sistema debe unificarse en un sistema de ahorro y capitalización que podrá ser administrado tanto por el sector privado como por el público. Al hacerse esa unificación, además de tener un sistema viable, se irán eliminando los subsidios del régimen público y se hará más sostenible fiscalmente. La inviabilidad del régimen público ya se ha venido haciendo manifiesta con la publicación de las cifras de devoluciones de saldos en los últimos cinco años.
¿Eso qué indica?
Hay que llamar la atención sobre estas cifras: entre 2013 y 2018, 540.000 personas no se jubilaron en el régimen público y tuvieron una devolución de saldos de menos de 5 millones en promedio, mientras que en el privado no se jubilaron 116.000 personas, y las devoluciones fueron, en promedio, de 35 millones. Con eso, se les podría dar un Bep de 280.000 pesos mensuales, que cubre la línea de pobreza. Eso muestra que las rentabilidades del privado han sido buenas y que son del ahorrador, no del sistema financiero y que, a diferencia de lo que se dice, las personas no se están jubilando en el régimen público.
¿Qué otras cosas debe tener la reforma?
El régimen podrá ser administrado por públicos y privados, así como pasa con aseguradoras y fiduciarias, debe respetar los derechos adquiridos de los jubilados y de quienes están próximos, que las devoluciones son importante para hacer Beps y eso va a cubrir la línea de pobreza a unas 3 millones de personas de aquí al 2055.
¿Qué lectura hace de la propuesta en ese sentido del Plan de Desarrollo?
Se hizo un escándalo sobre algo que no es cierto, a nadie se le está despojando de su plata, eso es voluntario, no obligatorio, además es administrado por el régimen público, entonces tiene todo el sentido de que la gente no se gaste la plata en cualquier cosa y que se convierta en una renta vitalicia que al menos cubra la línea de pobreza. Las personas deben tener asesoría y ser conscientes de lo que hacen para tomar una decisión, pero es temerario acusar que se le va a despojar a la gente de su plata.
La informalidad también es un tema sobrediagnosticado. ¿Cómo empezar a actuar en ese frente?
Con la Ley de Financiamiento se tomaron unas decisiones importantes, al reducir las cargas tributarias al sector empresarial, eso incentiva la inversión y va a generar más empleo formal, pero hay que complementar con otras medidas. La productividad y la informalidad son temas hermanos, hay que reducir los trámites a las empresas, hay que pensar en los costos salariales y no salariales, ir flexibilizando eso entre jóvenes y adultos, entre regiones, porque no tiene sentido que el salario mínimo en la zona financiera de Bogotá sea el mismo que en municipios retirados, también creo que Colombia tiene exceso de efectivo, fue un error haber sacado el billete de $100.000 pesos, y hay que reducir o eliminar el 4 por mil. La informalidad hay que atacarla desde distintos frentes.
Tomado del diario La República
